Opinión

Elección de jueces y magistrados con vigilancia ciudadana

Imelda Marrufo
Abogada y Activista

Si ustedes creían que lo que ocurre en la elección de jueces y magistrados es un asunto de las y los abogados, o de quienes saben de temas jurídicos, nunca es tarde para cambiar de opinión. A través de los casos concretos la realidad nos enseña que hay áreas de la vida social en las que poco nos involucramos hasta que somos objeto de un delito, o bien, nos encontramos en conflicto con la ley.
En días pasados se tuvo noticia de un caso de violación a una niña. Durante la audiencia de presentación de pruebas, la jueza, ordenó que además de las fotografías como medio de prueba, debía videograbársele la zona de los genitales. Ante la inconformidad del ministerio, la juzgadora insistió en que no podía dejar en estado de indefensión al presunto violador, así que ordenó la realización de la prueba.
Vale la pena explicar -para tener un lenguaje común- que las pruebas deben exponerse y explicarse en público, ante un tribunal. Parte de la dinámica procesal es hacer preguntas y cuestionamientos diversos por las partes involucradas tales como: juez, ministerio público, defensa, asesores, víctimas indirectas.
El caso que menciono reviste importancia, no sólo por el hecho en sí mismo, sino porque en estos meses se desarrolla el proceso para designar a las y los nuevos juzgadores de primera instancia en la entidad y en Ciudad Juárez.
La jueza si conocía lo dispuesto en la Convención de Belén Do Para que aborda el tema de la violencia contra las niñas y mujeres, de hecho, lo refirió. Aunque ya había otros medios de prueba en el caso, ordenó la videograbación porque no iba a dejar en estado de indefensión al presunto violador. ¿Y el interés superior de la niña y del niño dónde quedó?
La Convención de los derechos del niño estableció en el año 2013, en la Observación número 14, que el interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). El Comité de los Derechos del Niño promueve la aplicación de la Convención.
Catalina Castillo insistía desde hace meses, que el Interés Superior del Niño debería expresarse “con los más altos perfiles, con experiencia, profesionalismo, conocimientos en perspectiva de género, con enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes para que el trabajo que realicen las instituciones públicas y particularmente el Poder Judicial, sea un servicio enmarcado en el buen trato para atención a la infancia”.
Podríamos encontrarnos casos en que algunos juzgadores se tornan revictimizantes. Es entonces que lo dispuesto en las convenciones internacionales, al no aplicarse, queda como simple membrete. Los derechos de las víctimas no pueden olvidarse.
El desempeño de ser juez o jueza había estado muy abaratado. La no transparencia en los procesos siempre permitió hacer y deshacer en el Poder Judicial, dependiendo del gobierno en turno. Se requiere cubrir el perfil y un estándar digno del cargo.
En Juárez se cuenta con jueces preparados y con mujeres que tiene experiencia desempañándose en el Poder Judicial, sin embargo, siempre es necesario tener contrastes y dar oportunidades a quienes no han laborado en el Poder Judicial para que puedan mostrar un mérito al desempeñar tal función. En el caso antes mencionado el criterio de la juez revictimizando a la menor, daña la imagen y el desempeño de los otros servidores.
Por otra parte, ya pasadas las elecciones, deberán en próximos días decidirse entre los mejores perfiles a ocupar las salas para magistraturas.
Las salas penales de Juárez han llamado nuestra atención porque las ternas de magistrados y magistradas fueron interesantes, compuestas por personas con experiencia y conocimientos. Es facultad del congreso ratificar las propuestas del Ejecutivo, por lo que conoceremos en poco tiempo a las y los designados.
Baste recordar la campaña que el Poder Judicial lanzará desde el auditorio de Ciudad Judicial, “la violencia es responsabilidad de quién la ejerce”. Y el hecho de que integrantes del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua asistieron al foro de la consulta sobre la armonización de la Ley Estatal de Víctimas.
Aunque todavía hay una buena parte de las y los juzgadores que se resisten salir de ese mundo tan separado, se avizoran algunos cambios.
Los integrantes del Poder Judicial deciden por la vida de miles de personas en prisión o fuera de las cárceles: Son las personas encargadas de la reparación del daño, de no condenar a inocentes porque no tuvieron una defensa apropiada. Evitar revictimizar a las niñas y niños. Deben de advertir el equilibrio en el sistema penal privando los derechos humanos en base a los estándares más altos.
Ayudaría que la sociedad civil nos involucráramos más, poco a poco. Que entendiéramos cómo funciona el sistema. Generar maneras sencillas para el uso del lenguaje jurídico. Conocer los derechos de las victimas e imputados, es decir, de aquellas personas a quienes se les acusa de cometer delitos.
Ni a las y los jueces deberíamos verlos como las personas que levitan alejados de la realidad. Ni a los magistrados como los dioses. Ni a la sociedad como la delincuente o ignorante.
Buscar formas de diálogo, impulsar una cultura de derechos que nos acerque, puede ser parte de una convivencia que nos haga reconocer los saberes de cada uno, también identificar las limitaciones de los operadores de justicia. Es duro y a veces injusto estigmatizar a todos. Aunque las instituciones deben responder a la sociedad por su acciones, omisiones, negligencia o consentimiento.
Prevenir es más barato que sancionar. Trabajar en las causas de la violencia y criminalidad es más sostenible para la sociedad. Acercarnos, conocer, vigilar y fomentar las mejoras del sistema de justicia es una forma de coadyuvar. Debemos tenerlo claro.
imelda.marrufo@gmail.com

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