Iniciativa de gobernador para regular gasto en medios de comunicación atenta contra la libertad de expresión, alertan
Rocío Gallegos
La Verdad
Ciudad Juárez– Contrario a lo que ofreció en su toma de protesta como gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado promueve la aprobación de una iniciativa para regular el gasto de publicidad oficial, en la que condiciona a los medios de comunicación la entrega de contratos a cambio de que se abstengan de difundir información del crimen organizado o grupos terroristas.
En la iniciativa denominada “Ley para la Asistencia de Publicidad Oficial del Estado de Chihuahua” el Ejecutivo incluye prohibiciones para las empresas periodísticas contratadas, como no difundir narcomantas ni mensajes de narcotraficantes, lo que encendió una alerta entre expertos en derecho a la información que advierten censura o atentado a la libertad de expresión.
“Las autoridades se abstendrán de contratar publicidad oficial en medios en los que difunda propaganda del crimen organizado o de grupos terroristas, incluyendo mensajes en imágenes de mantas, cartulinas, grafiti, fotografías, videos o semejantes”, establece en el artículo 26 del documento que Corral envió el 31 de mayo al Congreso del Estado para su aprobación.
Diecinueve meses antes, el 4 de octubre del 2016, al asumir el gobierno Corral se refirió al “dispendio del dinero público en los medios” y dijo que en su administración “jamás vamos a subordinar a ese gasto la línea editorial de algún medio, para comprar el halago, la complicidad o el encubrimiento”.
Aquel ofrecimiento en su toma de protesta como gobernador quedó prácticamente anulado con su propuesta de regulación del gasto gubernamental en difusión de información oficial.
Peor aún, expertos en la materia e integrantes del colectivo #MediosLibres –integrado por 85 organizaciones civiles, académicas y empresariales, así como expertos, medios de comunicación y periodistas en el país– alertan de que tal disposición puede generar un efecto inhibidor al ejercicio de la libertad de expresión de los medios de comunicación.
En un documento denominado “Entre opacidad y transparencia: Leyes de publicidad oficial estatales deben trascender la Ley Chayote”, difundido por la agrupación Artículo 19 el pasado 5 de junio, el colectivo llamó al Poder Legislativo de Chihuahua para que elimine tales prohibiciones de la iniciativa de Corral ya que considera “no se debe condicionar la línea editorial de los medios de comunicación a efecto de recibir la pauta oficial”.
También pide suprimir lo establecido en el artículo 25 de la iniciativa del Ejecutivo de Chihuahua donde se establece que “Las autoridades evitarán contratar publicidad oficial en medios que vulneren los derechos humanos de las personas relacionadas con un hecho noticioso, tales como víctimas o presuntos responsables de accidentes viales, homicidios, secuestro, privación ilegal de la libertad, delitos sexuales u otro similar”.
Ante los señalamientos, el Gobierno del Estado dio a conocer que estará pendiente del proceso legislativo de la iniciativa del Ejecutivo y propondrá que se atiendan las observaciones del colectivo #MediosLibres, algo que al menos hasta ahora no ha enmendado en la iniciativa entregada al Congreso para su aprobación.
Piden frenar promoción de servidores públicos
Veinte días antes de recibir la iniciativa del Ejecutivo, el Congreso del Estado dio entrada a una propuesta enviada por los diputados del Partido Morena para regular el gasto del dinero de los contribuyentes para promover acciones de gobierno.
Pedro Torres Estrada, diputado de Morena e integrante de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Legislativo estatal, dice que es necesario contar con una normatividad que regule esa erogación gubernamental, debido a que actualmente ese gasto se usa para desinformar, manipular y promover a los servidores públicos.
Desgraciadamente la iniciativa del Ejecutivo adolece de candados para promoción de funcionarios, por lo que #MediosLibres también señaló que durante el proceso legislativo, a la propuesta de Corral se le debe añadir que “la publicidad de los informes anuales de labores no debe ser una excepción para la promoción personalizada de los funcionarios públicos”.
Igualmente, sugiere, se deben precisar los mecanismos de control y transparencia de las audiencias, así como establecer que “los contenidos, opiniones e información promocionada/pagada en las cuentas personales de redes sociales de funcionarios públicos deben estar sujetos a la regulación a probada.
De acuerdo con el documento que contiene la iniciativa del gobernador, el Congreso del Estado tiene hasta el 9 de agosto para discutir y aprobar la ley conforme al plazo fijado por el Congreso de la Unión, para entrar en vigor el 1 de enero de 2019.
Sin embargo, el diputado Torres Estrada menciona que la Ley General no obliga a los diputados a sacar la nueva normatividad en un plazo fatal y advierte que todo eso exhibe un interés del gobernador Corral por que se apruebe su iniciativa por la vía fast-track, sin discusión legislativa.
Mencionó que actualmente se realiza un análisis de la dos iniciativas recibidas en el Congreso y se comparan con Ley General que aprobó el Congreso de la Unión de manera reciente, para luego, en unas dos o tres semanas más, llevar a cabo mesas de discusión de las propuestas con dueños de medios de comunicación, agrupaciones de periodistas e informadores interesados en el tema.
Se apuesta por sacar una regulación consensuada para que sea la mejor, afirmó el legislador juarense.
Contenidos y deficiencias de la iniciativa de Corral
En la actualidad, la asignación del gasto de publicidad oficial se realiza de manera discrecional a los medios de comunicación, lo que se ha traducido en un despilfarro de recursos públicos que se ejercen sin control en todos los entes públicos estatales.
Ante ese panorama, en la propuesta con carácter de decreto de Corral se establecen topes a los montos que se puedan asignar en el presupuesto de egresos para el rubro de comunicación social y se establecen límites a los porcentajes para la adjudicación dentro de un mismo ejercicio o en una sola campaña a los medios de comunicación.
También promueve la creación de un padrón de medios, impresos, electrónicos, digitales y sociodigitales, así como un Consejo Consultivo para la evaluación y Seguimiento de la Publicidad Oficial.
De acuerdo con #MediosLibres en ese documento se define claramente los contenidos de la publicidad oficial y es explícita sobre las prohibiciones de acuerdo a los parámetros constitucionales.
Reconoce que se fijen controles al ejercicio de publicidad oficial, que se prevé un mecanismo de planeación de las campañas y de los medios para su difusión, así como el establecimiento de criterios de asignación de la pauta, no siempre relacionados con el rating o el nivel de audiencia.
Además que fija sanciones para los funcionarios que incumplan las disposiciones y crea un consejo consultivo y determina mecanismos control y revisión de la asignación de la pauta.
Sin embargo, medios y analistas cuestionan esas disposiciones propuestas, aunque advierten que están a favor de tener una regulación en el gasto de publicidad oficial y de comunicación social en general.
“Lo sorprendente es que el grupo gobernante en Chihuahua, encabezado por un expresidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), incurra, en la iniciativa de ley enviada al Congreso del estado, en varios severos atentados a la libertad de expresión” dice Javier Valero, analista y director de Aserto multimedia, quien considera la iniciativa de Corral deja vivos y sin ningún control aspectos como el de la intención de contar con una cadena de estaciones de radio y televisión y, por supuesto, deja fuera, también, el gasto efectuado por el seminario del gobierno del estado “Cambio 16”.
Algunos empresas periodísticas, como El Diario de Chihuahua, ya fijaron su postura ante la propuesta del Ejecutivo estatal, la que consideran como “un recurso para controlar medios y hacer legal lo que de hecho ya hace el actual gobierno: favorecer con contratos a los medios que aplauden indiscriminadamente sus acciones”.
No tiene el gobierno porqué decirle a los medios, publica esto y esto no. Y si lo haces no te contrato. Eso es incurrir precisamente en lo que dijo Corral que no haría: subordinar el gasto de publicidad a la línea editorial del medio, expuso el periódico en su editorial del pasado 6 de junio.
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