Imelda Marrufo
Abogada y activista
El próximo mes de julio México sustentara su informe ante el comité de expertas de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés), el organismo más importante de las Naciones Unidas en cuanto a los derechos de las mujeres se refiere. Un comité conformado por 23 personas, conocido como Comité CEDAW, llevará a cabo el interrogatorio. Los temas por tratar serán las recomendaciones emitidas para México en 2012, a raíz de los informes 7 y 8 así como la comparecencia durante el mes de julio en ciudad de Nueva York.
En toda la historia de la creación de la Convención CEDAW, la primera vez en aplicarse el Protocolo Facultativo 8 para hacer una visita en campo fue justamente en torno a los feminicidios de Ciudad Juárez.
Esta ciudad fronteriza ha recibido 141 recomendaciones, colocándose como la primera en todo el país con mayor número de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.
Habrá quien se pregunte si las recomendaciones que emite el Comité CEDAW son obligatorias, pues sí, sí lo son. Por eso, el gobierno mexicano debe dar cuenta e ir a sustentar de manera personal y directa su informe. Las instituciones de nuestro país deben ser claras y explicar cómo están cumpliendo con la Convención ratificada por México el 23 de marzo de 1981.
La participación de las autoridades mexicanas en 2012 fue lamentable. A pocos meses de que concluyera el gobierno de Felipe Calderón, la delegación conformada por casi 40 funcionarios públicos exhibió su falta de coordinación, al grado que la entonces presidenta del organismo, la brasileña Silvia Pimentel, llamó la atención en repetidas ocasiones a los comparecientes y pidió que se remitieran a responder lo que se les preguntaba, Pimentel instó de manera enérgica a que contestaran con precisión.
Derivado del penoso incidente, la entonces titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Rocío García Gaytán, dijo que sólo ella daría respuesta a lo que le preguntara el organismo internacional a la numerosa delegación mexicana.
Durante 2012, las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos de las mujeres y feministas enviaron al grupo de expertas los informes alternativos, también conocidos como informes sombra.
El Comité CEDAW agradeció que las organizaciones presentaran sus informes para poder contrastarlos con los oficiales, así como aclarar dudas o bien requerir al gobierno mexicano más información.
Los temas abordados en la sustentación de pasado informe fueron el feminicidio, la trata de mujeres, la violencia contra las mujeres, la participación política, la situación de las defensoras y periodistas, entre otros.
Fueron la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM, las organizaciones como la Federación de Estudiantes Universitarias (FEMU) y la Red Mesa de Mujeres quienes presentaron el informe alternativo sobre Ciudad Juárez.
Haciendo un poco de historia, diré que en 2003 las organizaciones CASA Amiga y Equialiy Now, enviaron una carta al Comité de CEDAW a fin de que conocieran el contexto de violencia y feminicidio en esta frontera. Como respuesta, el grupo de expertas activo el Protocolo Facultativo contenido en el artículo 8 de la Convención y designó a una delegación de tres expertas para que visitara nuestro país, el destino final era conocer lo que ocurría en ciudad Juárez.
En el informe alternativo relativo a Ciudad Juárez, las organizaciones solicitaron que se revisara el funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres.
El Centro de Justicia para las mujeres de Ciudad Juárez fue inaugurado durante el mes de marzo del 2012 en medio de protestas, pues sólo se contaba con el edificio, aunque no se tenían lineamientos sobre su operatividad. El gobierno de César Duarte, acompañado de Héctor, ‘Teto’, Murguía, trato de quedar bien con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos al mismo tiempo que aprovechaba de presumir que la OEA le otorgaba un reconocimiento.
De la sustentación en la ciudad de Nueva York, México salió bien librado en cuanto a normatividad se refiere, pues la CEDAW le reconoció al gobierno la creación de varias leyes.
Aunque reconoció avances, el Comité mostró su preocupación por las desapariciones de mujeres, e instó para que se investiguen en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Veracruz, Quintana Roo así como la Ciudad de México y en Ciudad Juárez. Única ciudad nombrada en esta temática, por cierto.
El gobierno mexicano ha enviado su informe desde el año pasado al organismo de las Naciones Unidas. Para México las recomendaciones están prácticamente cumplidas. Sin embrago, habrá que esperar lo que dicen las organizaciones sociales que debieron enviar sus informes el día once del mes en curso. Tocará a las expertas hacer una evaluación exhaustiva.
Este 2018, a pocos meses de culminar la administración del gobierno federal _
–justo el periodo a examinar– las autoridades mexicanas preparan la sustentación, han invertido tiempo y recursos. Se han llevado a cabo múltiples foros. No quieren volver a vivir la vergüenza del pasado reciente, la sombra que desde hace años los acompaña.
Las organizaciones sociales hacen lo propio, se preparan para participar. Harán uso de la voz en la ciudad de Suiza, Ginebra entre el día 2 y 3 de julio como lo marca la agenda. El 6 de julio le toca al gobierno, quien hará todo lo posible para convencer.
En el marco de la próxima sesión número 70, las expertas ya han recibido de nueva cuenta el informe alternativo de Ciudad Juárez. A casi 15 años de la visita de la delegación formada por tres expertas de Naciones Unidas y a 12 años de haberse emitido las recomendaciones para ciudad Juárez, el Comité revisara los avances del gobierno en materia de eliminación de la discriminación y violencia así como las asignaturas pendientes.
Será el próximo julio, la oportunidad para que se revise acceso a la justicia y los obstáculos que se tienen para lograrla. En informe de Juárez podría basarse en las recomendaciones emitidas a partir del primer Protocolo Facultativo ocho, así como en las recomendaciones del 2012.
La evaluación es para los tres poderes de la unión y los tres niveles de gobierno. El contraste entre las versiones oficiales y no oficiales en torno al cumplimiento de México con la Convención dará como resultado la nueva postura de las Naciones Unidas.
Valdría la pena conocer a detalle cuáles son las recomendaciones en las que México se basó para presentar su informe, saber qué contiene el informe alternativo especial de Ciudad Juárez entregado por las organizaciones sociales. Estar al tanto de las respuestas que dará el Estado mexicano al Comité de las Naciones Unidas. Les iré contando poco a poco.
*Ahora que nace y se inaugura La Verdad, periodismo de investigación, aprovecho la ocasión para felicitar a quienes lo impulsan. Ejercer periodismo en el país con mayores agresiones a las y los periodistas, dar vida a un nuevo medio de comunicación en la entidad en la que se ha emitido una declaratoria es una gran tarea. A todas las personas que hicieron que La Verdad se posible se les agradece.
Y como dijera hace poco Rocío Gallegos “el periodismo no está, ni debe estar al servicio de los gobernantes. No podemos olvidar nuestra función social, la de fiscalizar al poder y combatir sus abusos”. Gabriela Minjares y Rocío Gallegos es un gusto tenerlas de regreso. Que La Verdad sea bienvenida.
