En el 2009 Rocío, José Ángel y Nitza Paola fueron desaparecidos por soldados en Buenaventura, Chihuahua. Casi una década después, sus familiares llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a escuchar lo que el gobierno mexicano dirá sobre el crimen. Se trata del primer caso de la “guerra contra el narco” que llega al organismo internacional o, en otras palabras, de la militarización en el banquillo.
Texto: Daniela Rea Fotos: Cortesía- Pie de Página
El 29 de diciembre del 2009, alrededor de las 8 de la noche, los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera, estaban afuera de la casa de un familiar, a bordo de una camioneta, cuando un grupo de soldados armados llegaron en vehículos oficiales y se los llevaron. Esa misma noche, algunos minutos después, Rocío Irene Alvarado Reyes estaba en casa de su madre, en el mismo municipio, cuando militares irrumpieron en la casa y se la llevaron.Los familiares se enteraron de que habían sido detenidos y acudieron al cuartel militar a preguntar por su paradero, pero les negaron saber algo sobre los hechos.
Desde esa noche de hace casi 9 años los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Fabela y Rocío Irene Alvarado, no han sido localizados. Y por esa desaparición cometida por soldados durante el Operativo Conjunto Chihuahua, el estado mexicano será sentado en el banquillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En otras palabras, la militarización de la seguridad pública, llamada por el presidente Felipe Calderón “guerra contra las drogas”, será juzgada por primera vez a nivel internacional.
“Esto ha sido una lucha constante, una lucha diariamente, denunciando búsquedas, marchas, cambiar de casa, cambiar de escuela, de ciudad, de país, Nos ha afectado mucho socialmente, económicamente, hemos sufrido bastante, pero toda esta lucha ha valido la pena porque la importancia de este caso es que mi familia no es un solo caso de desaparecidos sino que quedará documentado y es necesaria la historia de México por los abusos de los militares en la llamada guerra contra el crimen. Así le llamaban a la guerra que lanzó Felipe Calderón, entonces yo creo que parte de lo que nosotros hicimos en esta búsqueda es darle voz a miles de personas desaparecidas”, dice Citlali, una de las tres hijas que esperan a Rocío.
La audiencia se llevará a cabo en Costa Rica los días 26 y 27 de abril y la familia Alvarado viajará para dar su testimonio sobre estos casi 9 años de búsqueda de sus familiares desaparecidos, pero también de violencia y exilio. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDHEM) acompaña jurídicamente a las familias; Paso del Norte, Mexicanos en el Exilio y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac)
La desaparición
La noche del 29 de diciembre del 2009 Rocío y sus tres hijas estaban en casa de su mamá, conviviendo. Cuando su primo José Alvarado le pidió de favor que le diera un aventón a casa de su suegra porque estaba enferma. Rocío aceptó hacer el favor a José Ángel y salieron de la casa donde convivían.
Citlali y su gemela Nitza, que entonces tenían 14 años, así como su hermana menor Deysi, que tenía 11, se quedaron a esperar a su mamá. Minutos después, la esposa y la suegra de José Ángel entraron a la casa llorando, diciendo que soldados se los habían llevado.
“Lo que nos cuentan es que llegaron los militares, querían sacar a la fuerza a mi mamá, mi padrino no lo permitió y lo golpearon y se los llevaron. Esa noche ni siquiera dormimos, fue una noche terrible. Estaba la guerra contra el narco, los soldados llegaron al pueblo para sacar información del narcotráfico, los soldados y los federales levantaron gente, se llamaban ‘levantones’ y se llevaban a gente y la levantaban la golpeaban y al siguiente día la presentaban. Pensábamos que así sería con mi familia, pero no fue así”, dice en una llamada telefónica Citlali desde El Paso, Texas.
Citlali y sus hermanas llegaron a este lugar después de un año de andar errantes en el país, de dejar la casa donde crecieron con su mamá y recibir amenazas. Lograron el asilo por miedo creíble y actualmente otra docena de miembros de la familia están allá, esperando el asilo.
Patricia Reyes Rueda es madre de Rocío Irene Alvarado Reyes. También en entrevista telefónica, días antes de viajar a Costa Rica para la audiencia, recuerda:
“El día que se la llevaron, pues fue el 29 de diciembre del 2009 cuando llegó un comando de soldados a mi casa y nos tocaron la puerta, abrimos, entraron empujándome, encerrando a mis hijos dentro del baño y a ella le preguntaron su nombre y le ordenaron que se pusiera sus tenis y una chamarra. Desde entonces no he sabido nada de ella. La hemos buscado y siempre ha sido lo mismo, nada”.
“Cuando a mi mamá se la llevaron yo tenía 14 años, no entendía muchas cosas. Yo pensaba que iba a regresar, ¿siempre preguntaba a mi tía La Güera, que ha estado frente al caso, y a mi mamá cuándo la vas a regresar? Mi tía no sabía cómo contestarnos. Ese tipo de cosas nos hicieron entender que ésta búsqueda no era fácil y que no íbamos a encontrarla fácil”, relata Citlali, “nos integramos a CEDHEM y acompañamos a mamás a marchas, eso nos hizo más fuertes y nos dejó entender que ni en una reunión, ni en una marcha nos la iban a entregar”.
Cuando Rocío, la otra prima Alvarado, fue desaparecida, tenía una hija de 2 años de edad que hoy tiene 10. Para Patricia, la madre de Rocío, ha sido difícil engañar a su nieta, decirle que se fue de viaje y que pronto volverá.
“Siempre siento la ausencia de mi hija porque tengo a su niña, ella prácticamente es mía, pero hay momentos, como ahora que se acerca ir a la Corte, que es muy difícil su ausencia, es dolorosa, es recordar que llevo años yendo y viniendo con los brazos vacíos, sin ninguna respuesta para ella”.
Citlali y sus hermanas debieron dejar la casa donde crecieron con su mamá en Buenaventura, Chihuahua, por las amenazas que sufrieron después de la desaparición. Dejar también sus pertenencias.
“Fue algo muy difícil porque ahí están todos los recuerdos, ahí vivimos casi toda nuestra vida. Al dejar nuestra casa, abandonarla de un día para otro, dejar las cosas de mi mamá porque no podíamos llevar nada… fue algo muy difícil. Un día volvimos a la casa de mi mamá y vi los recuerdos, la cama donde dormíamos con ella, su ropa, su ropa que todavía huele a ella”.
Patricia, la madre de Rocío, trata de enseñarle a su nieta que tal vez tendrá que aprender a vivir sin su mamá, que fue desaparecida. Y Patricia también trata de aprender a no perder la esperanza de ver de nuevo a su hija.
“Siempre platico con ella, no hay un día que no lo haga, le hablo en la noche, le doy los buenos días. Y así como el día que se la llevaron que me dijo ‘mamá todo va a estar bien’, así ella me dijo, ‘no te preocupes mamá, todo va a estar bien’. Imagínese yo… es algo bien difícil de entender, de explicar, de sobrellevar”.
Citlali y sus hermanas estudian y trabajan en un restaurante. No tienen pensado volver a México a vivir. Cuando su mamá fue desaparecida, ella estudiaban la secundaria y la primaria, no tenían mayores sueños. Estos años, en que les arrancaron su adolescencia, esos sueños se fueron forjando, quieren estudiar, están indecisas entre derecho, pediatría, maestra bilingüe para ayudar a niños que llegan y como ellas no saben inglés.
“Yo creo que mi mamá está orgullosa de nosotras porque nunca hemos agachado la cabeza, hemos estudiado, somos independientes, trabajamos, pagamos nuestras cosas. Mi mamá se sentiría orgullosa de que hemos salido adelante”, dice Citlali.
La militarización al banquillo
Que el caso de los Alvarado haya llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos significa tener a la militarización en el banquillo.
En diciembre del 2006 Felipe Calderón militarizó la seguridad del país y sacó a un promedio de 50 mil soldados a las calles a hacer tareas de seguridad. En marzo del 2008 se declaró el Operativo Conjunto Chihuahua, que consistió en la militarización de ese estado. Ese año más de 2 mil soldados llegaron a realizar tareas de seguridad pública; la consecuencia inmediata y evidente, fue el aumento de la violencia y homicidios dolosos; según las estadísticas oficiales, pasaron de 2 mil 300 personas asesinadas en el 2008 a 3 mil 903.
Se espera que en la audiencia, el perito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Federico Andreu Guzmán, hable sobre los límites de los Estados en el contexto de las estrategias de combate al crimen organizado, es decir, plantear los riesgos y los daños que ese combate con esa estrategia militar tienen hacia la población y la regulación que hay de la militarización en América Latina.
Cedhem informó en un boletín que el caso de los Alvarado examinará la justicia militar, pues las tres desapariciones están impunes.
“La aplicación de la justicia militar a este caso resultó violatoria del derecho a contar con una autoridad competente, independiente e imparcial para la obtención de justicia”, informó la organización.
El Estado no reconoció la privación de la libertad de José Ángel, Nitza Paola y Rocío Irene por parte de militares, a pesar del contexto, de los testigos presenciales, de las declaraciones de funcionarios públicos que indicaron tener conocimiento de los hechos.
Este es el segundo caso mexicano en la Corte IDH que tratará sobre desaparición forzada -el primero fue el de Rosendo Radilla ocurrida durante la Guerra Sucia; ésta será la primera desaparición forzada ocurrida en la llamada guerra contra las drogas-, pero el primero que ocurre en el contexto de la militarización del país.
Por eso, para las víctimas, el juicio internacional es un respaldo a su denuncia que en México no se quiere escuchar: fue el Estado.
“Esta será la primera sentencia que aborde las consecuencias negativas de la militarización como estrategia para la lucha contra la delincuencia organizada, abordando la problemática del desplazamiento forzado en México que se expande cada vez en el país sin políticas adecuadas, de todos los obstáculos y riesgos que tienen que pasar las familias para encontrar a sus seres queridos y obtener justicia en el caso. Finalmente, esta sentencia puede pronunciarse sobre la importancia de implementar adecuadamente la Ley de Desaparición Forzada y sobre las violaciones de derechos humanos generados a partir de la Ley de Seguridad Interior”, informó el equipo de la defensa, conformado por Cedhem, Paso del Norte, Mexicanos en el Exilio y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac).
Juan Carlos Gutiérrez, abogado especializado en derechos humanos, ahora director de Id(h)eas, recuerda que antes la CoIDH ha juzgado a México por otros casos que han mostrado patrones de agresión e impunidad del gobierno mexicano.
“La denuncia por la desaparición de los Alvarado se da en el contexto de la denuncia de la militarización y la estrategia de seguridad que se inició en el sexenio de Felipe Calderón“.
Gutiérrez aclaró que es un juicio contra el estado mexicano que ha sido incapaz de construir acciones y políticas que permitan avanzar en la lógica de seguridad pública y respeto a los derechos humanos.
“(Lo que suceda en la CoIDH) se tiene que articular con el debate de la ley de seguirdad nacional donde se le están dando facultades a la fuerzas armadas y poner sobre la mesa el debate de qué seguridad pública se quiere construir para la violencia en el país”, dijo Gutiérrez.
Para Santiago Corcuera, especialista en desaparición forzada y derecho internacional la llegada del caso de los Alvarado a la CoIDH probará el desacierto, “por decir lo menos” de la decisión de utilizar a las fuerzas armadas en labores de persecución de delitos.
“En segundo lugar es emblemático por tratarse del sexenio de Calderón. No es que Calderón sea responsable directo de esa desaparición, pero es emblemático que a nivel internacional se diga ‘Calderón, con tu decisión estás exponiendo a México a la vergüenza que implica ser responsable internacionalmente por un crimen tan asqueroso como la desaparición forzada’”.
Corcuera, planteó además, que sería necesario que la CoIDH analice la ley de seguridad interior que, en el contexto de las desapariciones de los Alvarado, la ley viene a legalizar y reforzar las intervenciones militares en labores policiacas y es inconvencional.
“Para las y los familiares y sus representantes, ésta es una oportunidad histórica para iniciar la construcción de una justicia confiable que inicia el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en los hechos, es en sí misma una forma de reparación ante la constante negativa de los hechos de la desaparición”, dijo Cedhem en su comunicado.
Video: Cedehm Chihuahua
La impunidad
En casi una década, el expediente por la desaparición de los Alvarado ha pasado por todos los espacios de procuración de justicia o derechos humanos en el país: se pusieron dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, tres denuncias ante la PGR, demandas de amparo, quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Operativo Conjunto Chihuahua.
Y el resultado es que no ha habido reconocimiento por parte del Estado Mexicano de la desaparición forzada de los Alvarado por elementos del Ejército, no ha habido pistas de su paradero y menos justicia.
Algunas de las pruebas que tiene la defensa de Rocío, Paola y José Ángel, es que la camioneta en que viajaban Paola y José Ángel al momento de su detención, una pick up GMC, modelo 2001, con placas ZTR 9367, fue incautada por el Ejército, quien la puso a disposición en la Agencia Estatal de Investigaciones ubicada en Casas Grandes donde permaneció varias semanas, según consta en la carpeta de investigación número 5326-000124/2009. Los soldados devolvieron el vehículo dos meses después, pero se negaron a informar del paradero.
En el ámbito internacional, la desaparición de los Alvarado llegó a la Comisión IDH en junio del 2011, cuando la familia presentó una demanda. Dos años después, en el 2013, la CIDH aceptó el caso y tres años después, en el 2016, lo remitió a la Corte IDH que planteó medidas precautorias para la seguridad de los familiares.
Nada de eso ha logrado que el gobierno mexicano responda dónde están Rocío, Paola y José Ángel desaparecidos y qué pasó con ellos
Las abogadas de la familia Alvarado argumentan que la Corte IDH atrajo el caso porque no cumplió con las recomendaciones de la CIDH: buscar a las víctimas, castigar a los responsables, reparar el daño y garantizar la no repetición.
La desaparición de los Alvarado ocurrió bajo el mando del coronel Elfego Luján Ruiz, actualmente preso en el Campo Militar No. 1 sentenciado 33 años por tortura, homicidio e inhumación clandestina de dos hombres en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Elfego era uno de los mandos del Operativo Conjunto Chihuahua, cuya principal cabeza era el general Felipe de Jesús Espitia.
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