Matar en México: Impunidad Garantizada
El estado se ubica en segundo lugar del top de entidades que acumulan más casos sin resolver desde el 2010
Rocío Gallegos
La Verdad
Ciudad Juárez– Su cuerpo ensangrentado fue descubierto en la calle Manuel Doblado junto a un contenedor de basura colocado cerca de la puerta trasera del salón de baile Chess, en la zona centro. Eran las 7:44 de la mañana del 17 de octubre del 2010.
A su lado se hallaron dos piedras salpicadas de sangre, una quedó a la altura de sus muslos y la otra, de su cabeza. El rastro hemático se extendió sobre el asfalto y embarró la puerta trasera del establecimiento, de donde presuntamente lo sacaron del lugar a golpes y lo mataron. Horas más tarde se supo su identidad: Erick Barrera Minjarez, de 22 años.
“Nunca supe por qué le hicieron eso a mi hijo” dice su madre, una mujer de 56 años, que está convencida de que nunca sabrá quién lo mató y qué pasó. El homicidio aún sigue impune, han pasado casi ocho años y no se ha encontrado al culpable.
Erick Barrera/Cortesía
“He vivido todos esos años sin saber qué fue lo que pasó, porqué le hicieron eso a mijo… si no investigaron en un principio, menos lo harán ahora con tantas muertes que ocurrieron después” comenta entre lágrimas la mamá de Erick, un ciudadano de El Paso, Texas que radicaba en Ciudad Juárez.
Su caso no es el único en espera de justicia en el estado de Chihuahua. El 98.71 por ciento de las 17 mil 580 víctimas de homicidios –hombres y mujeres– registrados entre el 2010 y el 2016 en la entidad tienen su caso en la impunidad.
Solo se han resuelto los casos de 227 víctimas de asesinatos dolosos cometidos en ese periodo, es decir que únicamente el 1.29 por ciento de las investigaciones policiales abiertas en esos seis años acabaron en sentencia contra los responsables.
Este panorama de impunidad se desprende a partir de un comparativo realizado entre el número de víctimas de asesinato, las investigaciones que la Fiscalía General del Estado inició de esos casos y la cantidad de ellas que culminaron en una condena en los tribunales, con base en datos oficiales obtenidos a través de solicitudes de información y del INEGI.
A esas cifras aún falta por sumar los 2 mil 12 asesinatos registrados el año pasado.
Los números arrojan una situación alarmante.
Chihuahua en el top de homicidios sin justicia
Con las 17 mil 353 víctimas sin culpables, Chihuahua supera el índice nacional de impunidad que se ubica en 94.80 por ciento por los casos registrados entre el 2010 y el 2016.
Peor aún, el estado se ubica en el segundo lugar del top de entidades con mayor número de casos de este delito sin condena, sólo es superado por Colima con 98.82 por ciento, donde apenas se logró la condena de los responsables de 20 de los mil 700 homicidios registrados ahí en ese lapso.
“Los números obviamente son fríos y pues nosotros tenemos otra perspectiva” dice Jorge Nava López, fiscal de la Zona Norte –región donde se concentra el mayor número de homicidios registrados en la entidad– al ser cuestionado sobre el índice de impunidad por este delito en Chihuahua.
Ante el panorama, Nava se defiende. “Primero tenemos que hacer un análisis de qué significa resuelto”, afirma, “porque hay personas que pudieran decir que un caso está resuelto al momento que se captura al presunto victimario y se le finca una responsabilidad”.
Y acompaña sus dichos con un ejemplo: “pudiera decir que una persona que cometió 10 homicidios en un mes, se le detiene en flagrancia por el décimo que comete y si él identifica los otros nueve homicidios en los que participó, yo pudiera decir que, pues de cierta manera, están resueltos en investigación aún y cuando no se le pueda iniciar un proceso penal por ellos o aun cuando se le inicie y no se le pueda sentenciar por ello”.
“Si tienes identificado quién participó, cómo lo cometieron, en cierta manera eso puede contar como homicidio resuelto”, afirma Nava, que tomó la titularidad de la Fiscalía en la Zona Norte en octubre del 2016, antes de esa fecha se desempeñó como director de la Unidad Antisecuestros de la corporación.
Aunque la postura del fiscal es echada abajo por un juez consultado sobre el tema.
“Nosotros como jueces consideramos que se hace justicia al dictar sentencia, se condene o se absuelva (al acusado), afirma el juzgador que habló con la condición de mantener bajo resguardo su identidad.
¿Más violencia, mayor impunidad?
El 2010 fue el año más violento en la entidad con casi cinco de mil víctimas, de las cuales 3 mil 115 se registraron en Ciudad Juárez, la cifra más alta de la historia reciente, de acuerdo con un seguimiento periodístico a las estadísticas oficiales de la autoridad estatal.
Uno de ellos fue el de Erick Barrera Minjarez. Su caso, identificado con la carpeta de investigación número 26194/2010, se quedó prácticamente ‘congelado’ y así permanece desde hace más de siete años.
La última diligencia en su investigación se registró el 7 de abril del 2011 cuando el servicio médico forense responde por oficio a una solicitud de los agentes investigadores que pidieron realizar una prueba del Rodizonato de Sodio, pero en el documento indican que esta no fue posible llevarla a cabo “debido a que no se han remitido, hasta el momento, las muestras correspondientes a un par de telas de algodón recolectadas de la mano derecha y de la izquierda del occiso”.
Su carpeta fue desempolvada en marzo de este año, cuando se localizó en la Unidad de Inteligencia de la corporación, donde se revisan algunos casos rezagados como el de Erick.
“Creo que nunca voy a saber qué pasó, por lo que veo, siempre es pura mentira” afirma la mamá de Erick, a quien describe como un joven alegre, que le gustaba ir a bailar luego de su jornada de trabajo en El Paso, Texas, en una compañía que da servicio de limpia en estaciones de autobuses.
Cada día, dice, pierde las esperanzas de saber la verdad. “No creo que eso ocurra, si no investigaron en un principio, menos ahora con tantas muertes que ocurrieron después”.
Después de Erick otros dos hombres más fueron asesinados en similares circunstancias y localizados también cerca de la puerta trasera del “Chess” y miles más fueron asesinaron en distintos rumbos de la ciudad. De ese año al cierre del 2017 suman 19 mil 592 las víctimas de homicidios dolosos en el estado, la mayoría por arma de fuego.
Las cenizas de Erick Barrera colocadas en el interior de su casa. Foto: La Verdad
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La familia de Juan Carlos Guerrero Loera, asesinado el 28 de julio del 2013, frente a su esposa y su bebé de siete meses, corrió una suerte distinta a la de Erick.
Cuatro meses después del homicidio, que ocurrió en un asalto al puesto de comida de la víctima, detuvieron a uno de los dos acusados por este crimen y en julio del 2015, Moisés Rodríguez Chávez, de 22 años, fue sentenciado a 14 años y ocho meses de prisión; el segundo, un menor de edad, fue absuelto por el juez.
Parientes de la víctima aseguran que en la indagatoria que llevó a la captura del responsable ellos tuvieron una participación activa, esta versión no pudo corroborarse con agentes ministeriales de la Fiscalía, la corporación sólo dio parte del hecho en un comunicado, del 26 de noviembre del 2013, donde anuncia la detención del implicado sin dar detalles de cómo se dio con él.
Únicamente informó la detención “del asesino de vendedor de alimentos” a quien se le ejecutó una orden de aprehensión en su domicilio de la colonia Insurgentes.
Un pariente de Juan Carlos, entrevistado bajo la condición de mantener bajo resguardo su identidad, está convencido de que sin la investigación realizada por su familia, con sus propios recursos, quizá nunca se hubiera dado con el asesino.
El hombre asegura que de manera fortuita otro pariente de la víctima escuchó a un grupo de hombres platicar en un bar y llamó su atención los apodos con los que se decían entre ellos, uno coincidía con el que llamaban a uno de los asaltantes que mató a su familiar.
Con ese dato y con el nombre del barrio con el que se identificaban aquellos hombres lo comenzó a rastrear en Facebook, luego que lo ubicó, mostró sus fotos a personas que estuvieron en el puesto de comida donde ocurrió el asesinato de Juan Carlos y lo reconocieron. Consiguieron más información y luego los entregaron a la Fiscalía, que en cuatro meses no les había dado ningún reporte de la indagación.
“Cuando les dijimos lo que sabíamos, a dos o tres semanas hubo detenidos, hubo dos pero uno quedó libre por falta de pruebas, la Fiscalía no pudo probar que él estuvo durante el asesinato”, asegura el hombre entrevistado en marzo justo frente al área acordonada de una escena del crimen de un hombre asesinado a balazos mientras entraba a su casa, casi frente al lugar donde casi cinco años atrás mataron a Juan Carlos, en la calle Cincuenta Pares, al suroriente de la ciudad.
Crímenes rebasan la investigación
Aun cuando el número de asesinatos registró una disminución en Chihuahua a partir del 2010, y se mantuvo así hasta el tercer trimestre del 2016 –cuando la violencia volvió a recrudecer–, esto no se tradujo en más homicidios resueltos.
Familiares de víctimas, como es el caso de Erick y Juan Carlos, cuestionan la actuación de las autoridades porque no se traduce en detenidos que paguen por esos homicidios.
“No hay justicia, entonces yo no voy a buscarlos para exigirles, yo sé que no van hacer nada y no quiero, como siempre hacen, que pongan gente inocente, gente que no tuviera nada qué ver y paguen algo que no debía” dice la mamá de Erick, quien siempre se ha preguntado quién fue el asesino de su hijo y porqué lo hizo.
Ante el panorama, policías y operadores del sistema de justicia coinciden en que la carga de trabajo desatada por la violencia y las carencias de insumos se traduce en impunidad para miles de asesinados.
La cantidad de crímenes registrados y pendientes de resolver rebasa la capacidad de investigación de homicidios en la entidad.
En la cadena de investigación de un asesinato y el proceso procesal que se sigue para resolver un homicidio en el estado de Chihuahua intervienen policías de tres corporaciones –estatal, municipal y ministeriales–, Ministerios Públicos, Peritos, médicos forenses, químicos y jueces.
Homicidio ocurrido el 25 de noviembre de 2010 en el norponiente de Ciudad Juárez. Foto: Alicia Fernández
Aunque da la impresión de son una gran cantidad de agentes los que participan en la investigación, en los hechos la violencia los supera con el número de casos.
En el año 2017, Chihuahua contó con un promedio de 3.3 policías preventivos (estatales y municipales) para atender cada homicidio registrado, como primer respondiente, es decir los primeros en hacerse cargo de una escena del crimen.
La carga de trabajo aumenta para policías ministeriales que son los responsables de investigar en campo los homicidios desde el primer momento en un caso.
En el estado hay mil 271 agentes ministeriales, de los cuales solo 90 de ellos están adscritos a homicidios. Considerando éste último dato y los 17 mil 353 crímenes contra la vida pendientes de resolver que se arrastran del periodo 2010 y al 2016, cada uno de ellos tiene que atender 175 casos, en promedio, más los acumulados durante el 2017 y lo que va de éste año.
Esto se traduce que muchos casos queden congelados o sin pruebas.
Los agentes del Ministerio Publico que atienden casos de homicidio, 98 en la entidad, tienen a su cargo un promedio de 160.74 casos de los rezagados durante el último sexenio.
En cuanto a los Peritos, que suman 353 en la entidad, trae cada uno de ellos un carga de 49.15 casos de los rezagados del 2010 al 2016, más los que se han sumado en el 2017 y este año.
“Si es muy cargado el trabajo, porque no sólo es acudir a una escena del crimen a levantar pruebas, sino hay que elaborar informes y atender peticiones especiales que hace el Ministerio Público y a veces si se nos satura el trabajo”, dice Héctor Hawley Morelos, perito que atiende en el área de homicidios de mujeres.
Este panorama lo observan también los 39 médicos forenses, los 27 peritos químicos y los 108 jueces que hay en el estado de acuerdo con datos oficiales.
El homicidio es el delito más complejo para su investigación, porque tutela uno de los bienes más importantes como es la vida, afirma el fiscal Nava.
Además, se refiere a las complicaciones del sistema de justicia que opera en el país, porque dice: “da una protección total a los derechos del imputado y sin embargo, los derechos de la víctima pareciera que quedan en segundo término”.
Sin embargo, el sistema que menciona el fiscal apenas entró en vigor el año pasado.
En Chihuahua, el cambio en el sistema penal –se sustituyó el procedimiento escrito por uno totalmente oral¬– ocurrió desde el 2007 en distrito judicial Morelos, con sede en la ciudad de Chihuahua, y un año después en el Bravos, en Ciudad Juárez, así como en el resto de la entidad, esquema de justicia que apenas el año pasado se homologó con las nuevas disposiciones en los códigos federales.
Con este modelo, importado de Chile durante la administración de José Reyes Baeza, se pretendió hacer más expedita la procuración de la justicia que, en ese entonces registraba una tardanza de unos dos años o más y un índice de impunidad en homicidios de más del 98 por ciento, situación atribuida entonces a la carga administrativa que tenían los ministerios públicos y los jueces.
Pero a la vuelta de unos meses, se puso en duda la efectividad del sistema, pues su aplicación no redujo los índices de impunidad. El modelo coincidió en Ciudad Juárez con el recrudecimiento de la guerra entre los cárteles del narcotráfico lo que provocó la idea de que con el nuevo sistema de justicia penal, en Chihuahua el crimen se queda sin castigo.
Por ese motivo, en total, el sistema ha sufrido casi 300 modificaciones desde su puesta en marcha en la entidad sin que eso se traduzca, al menos en el caso de los homicidios en menos impunidad o más casos con responsables sentenciados.
Actualmente los casos resueltos son el 1.29 por ciento del total. Miles de casos de homicidios siguen impunes y la cifra sigue en aumento.
gallegoslaverdad@gmail.com
Este texto forma parte de la serie Matar en México: Impunidad Garantizada, que La Verdad publica en coordinación con Animal Político. Los materiales estarán disponibles desde hoy en: https://www.animalpolitico.com/muertos-mexico-homicidios-impunidad/
