Imelda Marrufo
Abogada y activista
La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y trata de Personas (FEVIMTRA) fue creada en 2008 para investigar y perseguir delitos previstos en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de personas (Ley de Trata), publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de noviembre del 2007. Ambas surgieron a partir de muchos esfuerzos de feministas, organizaciones y defensoras de derechos de mujeres.
La implementación de la Ley de Trata y las acciones de la Fiscalía de la Procuraduría General de la República (PGR), no han estado a la altura de las demandas de las víctimas ni de la sociedad civil. Por el contrario, las políticas para prevención y sanción de trata constituyen uno de los grandes fracasos, particularmente en el caso de Ciudad Juárez.
El sexenio del gobierno federal por terminarse será evaluado como el sexenio perdido en cuanto a políticas de sanción, principalmente por la precaria implementación de acciones por parte de la Procuraduría General de la República.
Los 10 años de FEVIMTRA, incluidos los del sexenio, fueron un desastre en materia de investigaciones, tanto que en Ciudad Juárez nos regresaron al pasado. Un retroceso de al menos 18 años, en los que recordamos a las dependencias estatales y federales “echarse la pelotita de las investigaciones”. Hechos que llevó a instituciones gubernamentales a sumar recomendaciones de organismos de derechos humanos de todo tipo.
Ahora, el descaro total ha sido protagonizado por la Procuraduría General de la República y su instancia estrella: la Fiscalía de Trata. En 2016, hace dos años, la FEVIMTRA declinó la competencia a Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas creada en 2015, al mismo tiempo, lo hacía a la Fiscalía General del Gobierno del Estado de Chihuahua.
La tibieza para dar respuesta de la FGE de Chihuahua no tuvo proporción, por cerca un año la dependencia se limitó a decirnos se estaba revisado en “el jurídico”.
A inicios de este año, el gobierno del estado exigió al gobierno federal que le entregaran los 900 millones de pesos acordados y la extradición de César Duarte, sin embargo, ni de lejos estuvo en las demandas el reclamo por las declinaciones de las investigaciones de trata de mujeres que hiciera la PGR. La desaparición vinculada a la trata y al feminicidio no estaba en la agenda de las autoridades estatales, por eso, omitieron ese reclamo en el conjunto de los mencionados a la federación.
Durante el 2012, las organizaciones documentamos que la desaparición, trata y feminicidio continuaban en Ciudad Juárez. El equipo de Red Mesa a mi cargo, reportamos el estrecho vínculo. Lo supo el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de Naciones Unidas, mismo que emitió recomendaciones en el mismo año.
Las desapariciones de mujeres, la trata y el feminicidio ocurridos en 2008- 2011, en junto con el hallazgo de osamentas de mujeres localizadas en el Valle de Juárez en los años del 2012 y 2013 pertenecientes al menos a 26 mujeres, es lo que me lleva a afirmar que a las madres y familiares con hijas desaparecidas y víctimas de trata el Estado mexicano y sus instituciones les fallaron.
La sanción es incipiente. Hay avances respecto a las sentencias ocurridas en los casos de trata y feminicidio en 2015, 2016 y 2017, sin embargo, también hay que recordar a las autoridades que faltan órdenes de aprehensión de ejecutar y más responsables por pagar.
Debemos trabajar con indicadores para evaluar la tarea de las instituciones en prevención y sanción. Necesitamos identificar de manera clara los resultados. Formas de medir no sólo el desempeño sino el impacto. Las activaciones del Protocolo Alba están a la orden del día, y allí hay un gran reto para trabajar, en principio, con las familias.
La Fiscalía de delitos cometidos contra mujeres por rezones de género de Chihuahua (FEM) mantiene una enorme debilidad institucional. El presupuesto que tiene es raquítico, apenas fue digna de un pequeño aumento de lo que originalmente se solicitó para realizar el trabajo rezagado.
Las cualidades para destacar, de una parte, del personal son el compromiso a pesar del lento apoyo del Fiscal General. Tan tardados para cumplir con los compromisos que hiciera el gobernador con las madres de víctimas, pasó más de un año y apenas van a cuenta gotas.
El Comité CEDAW de Naciones Unidas, la semana pasada -a propósito de la emisión de recomendaciones del noveno informe periódico de México-
expresó su preocupación por “la falta de una estrategia integral contra la trata y la falta de datos desglosados sobre las víctimas de la trata…”. Las expertas de uno de los más importantes organismos de derechos de las mujeres en el plano internacional se pronunciaron por la pobreza tanto de casos judicializados y como de las sentencias.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, debemos conmemorar la lucha de las madres de víctimas. Reconocer la fuerza en la mirada de Norma Laguna, madre de Idalí Juache Laguna, desaparecida el 23 de febrero de 2010. El 28 aniversario de Idalí coincide con la conmemoración del Día Mundial, por eso su madre organiza una vigilia para visibilizar y denunciar como lo hiciera desde hace 8 años. Cerca de ella está el abrazo de sus compañeras.
Las madres, las acompañantes y personas solidarias siguen dando lecciones de dignidad a las instituciones y a la comunidad, al confrontar las políticas fallidas de prevención y sanción operadas desde el gobierno que en el país han dejado a sus hijas en cementerios clandestinos.
Conmemoremos la dignidad. Que la verdad, justicia, la reparación y no repetición no queden en el olvido
