Madres, esposas, hijas o hermanas son quienes cargan en sus cuerpos los efectos sociales de la inseguridad que vive Ciudad Juárez
La Verdad
Ciudad Juárez. – En el 2016, cuando asesinaron a su pareja sentimental, Mireya tuvo como única opción el refugiarse en casa de sus suegros. La casa donde vivía con su pareja dejó de ser un sitio seguro para ella y sus dos niños, así que abatida y aterrorizada aceptó el apoyo económico que le ofrecieron los padres del papá de sus hijos, que la condicionaron a no involucrarse en otra relación, al menos hasta terminar la carrera que abandonó por su primer embarazo.
Ella asegura que cuando intentó recuperar su vida, su propio espacio y el de sus hijos, descubrió que la vivienda que su esposo adquirió con el crédito de Infonavit, años antes de vivir juntos, ahora le pertenecía a su suegro, pues al no existir el acta de matrimonio por ser unión libre, el padre quedó como beneficiario y se adjudicó la propiedad.
Aun así, Mireya se independizó y desde entonces carga con la manutención de ella y sus hijos.
Rotas y sin tiempo para vivir el duelo, miles de mujeres que han perdido a un familiar por la violencia ocupan gran parte de su día en laborar para obtener el sustento para ellas y sus hijos. Detrás de cada asesinato o de cada desaparición forzada queda una familia desamparada y casi siempre queda al frente una mujer.
“La mujer sigue, y no quiero usar esa palabra, pero sigue perdiendo, al llevar la carga física, económica y emocional tras la pérdida de un ser querido en condiciones violentas”, explica la tanatóloga Gabriela Reyes, que desde hace una década atiende a víctimas de la violencia.
Las mujeres que se quedan a cargo de sus familias y deben ganar dinero para comer, vestir, pagar renta o la casa y los servicios; además de cargar con el estrés post traumático que genera una pérdida violenta y la criminalización social por la muerte violencia del familiar.
Muchas de las mujeres que han perdido a sus parejas por la violencia, dice Reyes, dependían económicamente del fallecido, lo que exige un esfuerzo adicional para reincorporarse a la vida productiva.
“Ellas salen a trabajar, se da la omisión del cuidado de los hijos y, en consecuencia, sobre todo en el oriente, el nororiente y suroriente de la ciudad, es donde se ha disparado el abuso sexual infantil, porque los niños quedan al cuidado de terceros”, abunda.
En algunos casos, como el de Mireya, a la incertidumbre económica se suma la incertidumbre patrimonial, pues la mayoría de las personas que son asesinadas mueren sin testamento o están en unión libre.
Programas de apoyo, que no apoyan
Una mujer es consolada en una escena de crimen en la colonia San Antonio / Fotografía: Alejandro Sánchez
Tan solo este año (enero-agosto) 898 personas han sido asesinadas en Juárez, de ese total el 90 por ciento son hombres, dice el fiscal general César Peniche Espejel.
Para atender esta emergencia el Gobierno del Estado cuenta con cuatro programas asistencialistas a favor de las víctimas.
El primero de ellos es el Fondo de Atención a Niños y Niñas, hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen (FANVI), que fue creado en febrero del 2011 y que garantiza a los huérfanos becas escolares hasta el nivel superior, despensas con seis a siete productos básicos cada 15 días, servicio médico básico a través del Seguro Popular y atención sicológica.
Un segundo y tercer apoyo es el que la Fiscalía da para apoyar a las mamás de mujeres desaparecidas y a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar; ambos fondos se ejercen en coordinación de la PGR.
El cuarto y quizá más importante fondo es el que tiene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAV), el órgano que fue creado tras la promulgación de la Ley General de Atención a Víctimas. Este órgano tiene un presupuesto de 58 millones de pesos, para el 2018, de los cuales 2 millones se han usado para el pago de funerales.
Sin embargo, dice Gabriela Reyes –que además de tanatóloga es activista– un alto porcentaje de las víctimas del delito de homicidio doloso desconocen la existencia de estos beneficios. Considera que aún no se logra alcanzar el fortalecimiento y coordinación entre las instancias involucradas en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) o bien, no se logra asegurar a la totalidad de las víctimas el acceso efectivo a los servicios y medidas de asistencia, atención y protección.
Esto, dice, se debe que los procesos institucionales de atención caen en excesos burocráticos para el reconocimiento pleno a la calidad de víctimas y eso aleja el interés de las víctimas en acercarse a exigir su derecho al apoyo.
Reyes explica que, ante el asesinato o la desaparición forzada de un hombre, el Estado está más obligado a apoyar a las mujeres con capacitación y créditos para crear microempresas o facilitar apoyos adicionales a las empresas para facilitar la creación de nuevos empleos y bien remunerados.
“Creo que deben apostar a fortalecer en todos los sentidos a la mujer. Crecer la atención del Gobierno a la situación emocional de la mujer como una parte toral de las políticas públicas, por ser ella la que se lleva el mayor impacto emocional”, plantea.
Reyes afirma que los impactos sicosociales de la violencia no se han medido y al desconocerse la problemática real no se han generado políticas públicas que realmente incidan a favor de este sector de la población en crisis.
Fotografía: Alicia Fernández
Soporte económico y emocional
A Luis Ernesto lo asesinaron una noche del 6 abril del 2018, estaba en un bar con su novia y otros amigos. Brindaban, platicaban. Poco antes de la medianoche un hombre entró al local comercial, custodiado por otro individuo, y de manera apresurada se colocó detrás de Luis Ernesto, sacó una pistola y le disparó.
“Me dejaste sola, sin ese lazo único que nosotros teníamos, sólo tú y yo nos entendíamos, sólo tú y yo sabíamos el enorme amor que existía entre nosotros, sólo tú y yo entendíamos el significado de una mirada, de un gesto, de una sonrisa… Lo único que hoy me queda es la necesidad de ser fuerte para sostener a nuestros padres, y nuestra hermanita que están destrozados por tu partida”, escribió su hermana mayor en Facebook después del asesinato. Fue por esa misma red social, que los asesinos supieron que Luis Ernesto estaba en el bar.
“La necesidad de ser fuerte…sostener a nuestros padres…” escribió la hermana de Luis Ernesto.
Aunque la Fiscalía dice que los crímenes se deben al narcomenudeo, Reyes explica que se deben analizar factores adicionales a la supuesta pugna entre grupos criminales y no estigmatizar a las víctimas.
La violencia genera un efecto dominó, explica Reyes, porque el impacto de estigmatización de la víctima de que “es narcomenudista, sicario o que en algo andaba” es un daño emocional que recae sobre la familia.
El impacto psicológico del estrés postraumático nos hace reactivos, eso es lo que nos genera una violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque la madre o cualquier integrante de la familia están enojados, reaccionan., incluso muchas madres, tratan de evadir la noción de los hechos a través de las drogas, plantea la tanatóloga.
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