Imelda Marrufo
Abogada y activista
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) surge a partir de la reforma constitucional del 2015, la cual crea dicho órgano como una instancia de coordinación entre los tres niveles de gobierno. Por ello, los Congresos locales crearon los Sistemas Locales Anticorrupción.
En los últimos años las campañas electorales se han revestido del llamado al combate a la corrupción. El gobernador Javier Corral, prometió hacer un frente a la corrupción y llevar a los tribunales al exgobernador César Duarte. Andrés Manuel López Obrador también prometió, en todas sus contiendas electorales, abatir la corrupción.
Ahora bien, abatir la corrupción requiere de una mayor participación ciudadana; hacer uso de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas necesita ser una tarea organizada y constante, de lo contrario el recurso destinado a los programas sociales o de infraestructura terminará yéndose a los bolsillos de los funcionarios o a las arcas de los partidos para financiar campañas políticas.
Para poner en marcha el Sistema Nacional de Corrupción (SNA) fue necesario las reformas de 7 leyes del ámbito federal, entre ellas la General de Transparencia y Acceso a la Información, la de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la de Responsabilidades Administrativas, entre otras.
La secretaria de la Función Pública define a la corrupción como “el abuso de poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca”.
Después de la liberación a Elba Esther y el desistimiento de la Procuraduría General de la República en el caso de Alejandro Gutiérrez alias “la Coneja”, las preguntas que están en la opinión pública son: ¿hay acuerdo político entre AMLO y Peña Nieto en ambos procesos jurídicos?, si López Obrador fue contundente y afirmo que la reforma educativa irá para atrás, entonces, ¿las decisiones del gobierno federal para liberar a la maestra Gordillo y dejar de investigar a Gutiérrez, también van para atrás?.
Hay una amplia expectativa para que el nuevo gobierno federal concluya con las investigaciones contra “la Coneja” y sea el gestor en la extradición del exgobernador de Chihuahua. No creo que sólo sea una expectativa del gobernador Corral, también lo es de quienes estamos en contra de la impunidad, queremos conocer el peso de la ley que aplicarán quienes estarán al frente de las instituciones ante hechos de corrupción cometidos antes del gobierno de AMLO y después de él.
En Chihuahua también la corrupción ha sido el gran manto que viste el desvío de fondos de gobierno a campañas, o bien se da encareciendo materiales para obtener ganancia, o se refleja en la obra pública mal hecha. Con el paso de los años se mantuvieron vínculos con constructoras favoritas, pues de sobra sabemos que una de las Direcciones o Secretarías claves son las de construcción.
Como sociedad civil requerimos ampliar la visión para comprender la magnitud de la corrupción y la transversalidad de esta, en la procuración de justicia la corrupción ha existido y está latente; sin embargo, a la fecha, no he visto campañas impulsadas por el Fiscal General para promover la denuncia en contra de malos servidores públicos de la fiscalía. No ejecutar las órdenes de aprehensión deja dinero. Gran parte de la ciudadanía ni siquiera conoce la existencia de asuntos internos para denunciar.
Hace un par de meses se inició un proceso para la elección de la persona a ocupar el cargo de Fiscal Anticorrupción. De esa experiencia hay buenos aprendizajes entre quienes compartimos el espacio de panelistas propuestos para la elección de la terna que se presentó el 24 de agosto al Congreso. De esa práctica, valoro la libertad para tomar la decisión de las personas a elegir sin presiones.
Al inaugurar su administración, el gobernador Corral dio un mensaje claro de la paridad como ejemplo; sin embargo, estas muestras aún no bajan a todas las áreas, se requieren acelerar avances, por lo que celebro que el 30 de agosto el Congreso nombrara a Gema Guadalupe Chávez Durán para ocupar el cargo de Fiscal Anticorrupción de Chihuahua. Ella surge de una terna de tres mujeres. En Chihuahua, aún son mayoría los hombres que ocupan los cargos más altos en la Fiscalía General del Estado.
Gema Chávez tiene varios retos: primero, trabajar de la mano con el Comité Estatal de Participación Ciudadana, Comité Coordinador Estatal (art. 187 de la Constitución de Chihuahua) y con el Sistema Nacional Anticorrupción; lograr los recursos necesarios con independencia económica de la Fiscalía General, para ello requerirá que sean las y los diputados quienes le etiqueten fondos. Entre los retos más importantes está que le permitan hacer investigaciones a funcionarios de gobierno en curso con sanciones ejemplares, esto será lo más complicado, una gran prueba de fuego.
La corrupción está en todas las áreas de la vida social. Coincido con quienes opinan que es transversal a nivel institucional, se encuentra en las instituciones de gobierno de los distintos ámbitos y niveles, en las empresas, poderes públicos, instancias académicas. Los vacíos legislativos, de instrumentos de supervisión y seguimiento dan pie a criterios discrecionales que terminan alimentando prácticas dañinas con beneficios personales.
Uno de los principales problemas de la corrupción es que no se castiga, se tolera, se simulan investigaciones y no pasa nada. Se desalienta la participación. Sin embargo, el escenario actual nos coloca con una nueva Fiscal Estatal anticorrupción con un Comité que deberá estar a la altura de las demandas. El escenario que habremos de esperar y a muy poco tiempo, es la persecución de delitos de corrupción que se inicien con al nuevo Gobierno Federal.
La corrupción no investigada, no sancionada genera impunidad. Este país ya no aguanta más impunidad y ese fue el mensaje en las pasadas elecciones del 2 de julio.
Que Peña Nieto le otorgara una amnistía a la maestra Elba Esther provocó una gran indignación. AMLO y Javier Corral deberán de ser evaluados en ese rubro de procurar justicia ante los hechos de corrupción, no sólo de administraciones pasadas y sin importar que se trate de servidores públicos amigos o de su partido.
La corrupción indigna, debe ser investigada. La corrupción es producto de la impunidad, la corrupción no se amnistía.
