Hace más de un año la capital mexicana se declaró “Ciudad Santuario” para la migración. Pero legalmente la protección es sólo para los mexicanos deportados. No es un tema menor: el éxodo que viene de Centroamérica sigue creciendo, al menos dos caravanas más están en camino a una ciudad que no tiene realmente un plan para atender la crisis
Alberto Nájar
Pie de Página
Ciudad de México.- La primera Caravana Migrante se acercaba a la capital del país cuando el jefe de Gobierno José Ramón Amieva declaró que la ciudad “se reafirma como Ciudad Santuario, Refugio y Huésped” y ofreció gestionar un “puente de ayuda humanitaria” para los casi cinco mil personas que desde mediados de octubre caminaban desde Centroamérica.
La declaración se repitió en muchos medios. Los migrantes, la mayoría provenientes de Honduras, descansaron una semana en el estadio Jesús Martínez “Palillo” en la zona deportiva de la Magdalena Mixhuca. Y las imágenes de cientos de niños y sus madres en el enorme campamento mientras se alimentaban o recibían atención médica inundaron las redes sociales.
Sin embargo, en el escaparate de la cobertura internacional pocos repararon en un detalle: efectivamente Ciudad de México fue declarada Ciudad Santuario para la migración… Pero sólo para los mexicanos deportados de Estados Unidos.
El decreto se publicó el 6 de abril de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. La declaratoria, señala el documento, es “para los connacionales que reingresen de manera forzada al territorio nacional, ya sea temporal o permanentemente, por situaciones ajenas a su voluntad”.
Esto significa que, entre otros beneficios, los deportados tienen derecho a los programas sociales del gobierno capitalino. Puntualiza el generoso el decreto:
“Los beneficios de las políticas públicas que aplica el Gobierno de la Ciudad serán los mismos tanto para mexicanos repatriados originarios de la Ciudad de México, como de otras entidades federativas y que expresen su intención de asentarse en la Ciudad de México”.
Así, decir que la capital del país es un santuario para los centroamericanos que viajan en caravanas es una contradicción, porque legalmente hay un problema de origen.
“No está dirigido a las personas que deberían ser”, explica Irazú Gómez, coordinadora de Incidencia en la organización civil Sin Fronteras.
“Debería proteger a los extranjeros que transitan o radican en Ciudad de México, no al connacional que ya está protegido por el Estado” mexicano.
Hay más. A nivel internacional existen varias definiciones para las ciudades santuario. La más común es la que aplica Estados Unidos, donde se refiere a las poblaciones donde no se cuestiona a los habitantes sobre su estatus migratorio.
En algunas ciudades europeas existe una protección especial a quienes son perseguidos en sus países de origen por su actividad cultural, activismo pro derechos humanos o su trabajo periodístico.
Algo parecido quiso repetir el entonces Gobierno del Distrito Federal, cuando en 1998 ofreció refugio al escritor Salman Rushdie. El alcalde era Cuauhtémoc Cárdenas. Las autoridades afirmaron que la capital mexicana era un santuario para el creador, y otros como él que padecieran una situación de asedio y amenazas de muerte.
Rushdie no aceptó el asilo.
La propaganda de Mancera
Casi veinte años después de Cárdenas, fiel a su estilo, Miguel Ángel Mancera repitió el gesto.
En 2017 la relación México y Estados Unidos vivía una nueva crisis por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Una de las armas favoritas del presidente estadounidense Donald Trump para negociar fue endurecer la política migratoria, e incluso amenazó con aumentar las deportaciones de mexicanos.
Mancera aprovechó el escenario y propuso declarar a la capital como “Ciudad Santuario”. También dijo que se crearía una red de albergues para extender la protección en todo el país.
Y después se publicaron mensajes en radio y televisión para promocionar la medida. Propaganda. La condición del decreto del jefe de gobierno “se queda corta” dice Irazú Gómez.
Desde 2011 en Ciudad de México existe la Ley de interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana, “que en sus artículos fundamentales obliga a proteger los derechos de toda persona sin importar su condición migratoria y la de su familia”, aclara la especialista.
La declaratoria como “Ciudad Santuario”, además de dirigirse a los mexicanos, no establece la forma como los ciudadanos extranjeros puedan acogerse a la ley de interculturalidad. “No están vinculadas”, insiste Gómez.
El resultado: acorta la protección de sus derechos porque el decreto de Mancera no establece formas de coordinación con las autoridades federales. También hace, al menos contradictorio, utilizar como discurso político la condición legal de “Ciudad Santuario”.
Más allá de la retórica, existe un problema de fondo: en el estadio de la Magdalena Mixhuca permanecen decenas de personas, algunas enfermas, que no siguieron el camino al norte.
Desde el sureste del país se acercan al menos dos grandes grupos de centroamericanos que pretenden hacer una escala en la capital del país.
Y desde Centroamérica se preparan otras movilizaciones. El éxodo no para. El gobierno de la capital ha dicho que mantendrá el auxilio a los migrantes, pero las limitaciones legales del decreto permiten que el apoyo sea fundamentalmente asistencialista.
Es decir, se limitaría a brindar comida y techo, pero sin cumplir las condiciones de refugio protección legal y sobre todo, la posibilidad de garantizar una estancia segura en la capital.
¿Qué va a pasar con las personas que decidan quedarse en Ciudad de México, cómo van a tener acceso a trabajos, a vivienda? “Ésa es la parte que falta” dice Irazú Gómez.
Es la realidad que se cuenta poco. La mexicana no es la capital incluyente como algunos pregonan.
