Ernesto Núñez Albarrán
@chamanesco
Ciudad de México – Los “servidores de la nación”, ese ejército de entre 11 mil y 20 mil personas vestidas con chaleco color café que están levantando el llamado “censo del bienestar”, enfrentarán pronto un obstáculo a su labor: el impedimento legal para seguir reclutando beneficiarios de la Cuarta Transformación, al menos en los seis estados en los que habrá elecciones en 2019.
Con el arranque de las campañas, programado para el 31 de marzo en Baja California y Puebla, y para mediados de abril en Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, se pondrá en marcha una serie de lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral para impedir que los programas sociales sean utilizados con fines electorales.
El acuerdo aprobado por el INE el pasado 21 de marzo establece que ningún gobierno, sea federal, estatal o municipal, podrá generar nuevos programas sociales; crear o modificar padrones de beneficiarios; organizar o encabezar actos masivos para la entrega de apoyos sociales; hacer propaganda gubernamental que pueda influir a favor o en contra de partido o candidato alguno; repartir bienes, condicionar apoyos gubernamentales o ejecutar programas sin reglas de operación previamente publicadas.
Los criterios surgen en momentos en los que el gobierno federal mantiene desplegado, en todo el territorio nacional, un ejército de funcionarios para poner en marcha sus programas prioritarios: pensión para adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, pensión para personas con discapacidad permanente, sembrando vida, tandas bienestar, entre otros.
Se trata de programas de entrega directa de efectivo, que podrían sumar a 23 millones de beneficiarios en una primera etapa, con una inversión de casi 200 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de 2019.
Ocho meses después de las históricas elecciones del 1 de julio de 2018, la ambiciosa política social de López Obrador deberá hacer una pausa, al menos en los seis estados donde habrá comicios el próximo 2 de junio.
Las reglas aprobadas por los 11 consejeros del INE, y respaldadas por los representantes del PAN, PRI, PRD y MC, buscan blindar las nuevas elecciones y garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda. Son un nuevo intento de la autoridad electoral para establecer una cancha pareja en la competencia electoral; esta vez, ya no frente a un gobierno federal emanado del PRI, sino de Morena.
El acuerdo pone a prueba a la izquierda mexicana hoy en el poder, pues durante décadas, y principalmente en las tres elecciones en las que Andrés Manuel López Obrador fue su candidato presidencial, uno de sus reclamos históricos fue el uso electoral de los programas sociales. De eso culparon los hoy gobernantes al PRI y al PAN; de abusar de los programas que deberían beneficiar a los más pobres para manipular las elecciones y mantenerse en el poder.
Son numerosas las denuncias formales e informales de López Obrador al respecto, y famosa su frase de que, en tiempos electorales, florece el reparto de “despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos…”.
El voto libre y secreto es una obsesión de López Obrador, quien ya como presidente se ha referido reiteradamente a él, asegurando que los tiempos del fraude quedaron atrás y advirtiendo que, hoy, quien intente comprar votos se irá a la cárcel.
No en vano, una de las reformas constitucionales aprobadas durante los primeros 100 días de gobierno de AMLO fue la del artículo 19, para sumar al catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa el uso de programas sociales con fines electorales.
Es de esperarse, por lo tanto, que el gobierno federal sea el primero en acatar los criterios de equidad aprobados hace cuatro días en el INE.
Sería un contrasentido que el nuevo gobierno desmontara la maquinaria de votos priista, que durante décadas reposó en los programas sociales, para montar encima una maquinaria del color de Morena.
Un primer paso para hacer historia sería que la política social quedara al fin blindada de las estrategias electorales. Y la primera prueba para saber si esto ocurrirá tiene fecha para verificarse: 2 de junio de 2019, las primeras elecciones estatales de la “Cuarta Transformación”.
@chamanesco
