Ciudad Juárez – Los reos recluidos en el Cereso Estatal número 3 son extorsionados para salvar sus vidas, por su derecho a la comida y hasta para tener una cama donde dormir, por grupos de delincuentes que operan en el penal.
Así se documenta en un informe que esta semana fue presentado por organizaciones civiles ante la relatoría del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza.
En el documento se exhibe ante el organismo internacional que en el penal estatal número 3 que está en Ciudad Juárez existen prácticas de corrupción consistentes principalmente en extorsión económica a los internos y sus familiares.
“Todo es un negocio al interior del Cereso, todo tiene un precio”, dice Silvia Méndez, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, que junto a otras más de 100 organizaciones civiles del país participó en la elaboración del informe.
Méndez menciona que la situación se conoce por testimonios de los sobrevivientes de tortura y sus familiares, que fueron recabados en el centro penitenciario.
En el documento entregado a la ONU, al que tuvo acceso La Verdad, se menciona que las personas recluidas corren riesgo y son blanco de agresiones si no pagan una suma de dinero.
De acuerdo con los datos proporcionados, los reclusos pagan hasta 8 mil pesos para que no sean asignados a zonas de alto riesgo controladas por las bandas delincuenciales. Aunque no es pago único.
En entrevista Méndez dice que ahí se cobra hasta por las sillas o hasta lugares con sombra en áreas de visita.
Otro de los tratos denunciados por reos tiene que ver con el derecho a la alimentación, en sus testimonios aseguran que hay dos tipos de alimentos: uno aceptable y comestible, que tiene un precio; otro, que se reparte sin costo pero que es preparado con productos con alto grado de descomposición.
Sirven los alimentos en mal estado para obligarlos a comprar alimentos, dice Méndez.
En el informe entregado al comité de la ONU se revela también que hay
internos e internas que no tienen posibilidad de dormir en una cama si no tienen recursos para pagar.
Hasta ahora, las autoridades que administran el Cereso no han sido eficaces en combatir esas situaciones de corrupción. Ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha sido un actor eficaz para exhibir la situación ni en su denuncia, se consigna en el documento entregado en Ginebra.
Sobre la denuncia ante la ONU, las autoridades estatales no han dado su postura.
Méndez, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, dice que frente al panorama, los servidores públicos encargados de la administración del Cereso siempre buscan dar otra imagen.
“Siempre dicen que todo funciona bien”, “es una simulación, cuando estás ahí está todo ordenado”. “Es difícil confrontar esta realidad”.
Ante la situación, dice que las autoridades deben investigar, combatir la corrupción y dar trato digno a quienes están recluidos cumpliendo con una condena.
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