Desde 2008 han sido asesinados 16 comunicadores y otros cinco se exiliaron a distintos países. Desplazamiento forzado, censura y agresiones completan una realidad en la que cada vez es más difícil luchar contra el silencio
Gabriela Minjáres/ Rocío Gallegos
La Verdad
Ciudad Juárez –En Chihuahua la libertad de los periodistas está bajo asedio: asesinatos, agresiones, corrupción, condiciones laborales cada vez más precarias, censura y miedo.
Estas son las cifras entre las que tenemos que desafíar el silencio: 16 periodistas han sido asesinados desde 2008 y otros cinco se exiliaron a distintos países para salvar la vida. Desde 2009 a 2018 se cometieron 130 agresiones a colegas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acumula 65 quejas de periodistas, que en su mayoría son contra instancias gubernamentales, en teoría las encargadas de garantizar nuestro bienestar.
“Chihuahua es uno de los estados más violentos para el ejercicio del periodismo en México no solo por la incapacidad y falta de voluntad política de sus gobernantes, sino porque también se han convertido en los principales agresores y generadores de un clima de odio y desprestigio en contra del gremio”, advierte la Red de Periodistas de Juárez.
Las agresiones, además, han aumentado desde que el 4 de octubre de 2016 Javier Corral asumiera la gubernatura del estado. Hace unos meses, el gobernador lanzó en un tuit contra el periódico La Jornada, al que culpó de mentir, inventar y distorsionar “cínicamente” por publicar que intervino en la selección de magistrados estatales. Corral reconocería después que sí se entrevistó con los aspirantes.
“… el ambiente sigue siendo adverso a la libertad de expresión debido a la violencia institucional imperante contra la prensa durante el gobierno de Javier Corral, así como la impunidad que prevalece incluso en casos paradigmáticos, como el del asesinato de la periodista Miroslava Breach en 2017”, se lee en el informe de ese año Democracia Simulada, Nada que Aplaudir de la organización Artículo 19.
Fotografía: Cortesía
Las agresiones han aumentado a pesar de que en el estado se desarrolló la alerta temprana para prevenir agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Durante esta administración estatal, también se ha buscado legislar en materia de protección a periodistas y publicidad oficial, así como crear una fiscalía especial para la investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, pero hasta la fecha solo existe la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Chihuahua, que se instaló en enero de este año bajo el mando del abogado Eduardo Ramos Arenas, quien no respondió a la solicitud de entrevista para conocer sobre su función.
La Fiscalía General del Estado tampoco proporcionó la información solicitada sobre el avance en las investigaciones de homicidios y agresiones en contra de periodistas.
Violencia, impunidad y censura
Entre todos los casos de homicidio a periodistas en Chihuahua —que varian según las diferentes organizaciones e instituciones—, solo existe una sentencia, según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle): 30 años por el asesinato de Armando Rodríguez Carreón, periodista de El Diario.
El riesgo para los periodistas no es solo que les puedan asesinar, sino que el asesinato casi siempre sale gratis para el victimario.
En la redacción de El Diario de Juárez, Armando Rodríguez sigue presente, su lugar de trabajo aún luce vacío. Lo mataron el 13 de Noviembre del 2008
Fotografía: Red de Periodistas de Juárez / Cortesía
Fotografía: Cortesía
“Es difícil y peligroso ser periodista en Chihuahua”, dice Miguel Chavarría, periodista de 24 años que ejerce el periodismo en la ciudad de Chihuahua, la ciudad en la que el 23 de marzo del 2017 asesinaron a Miroslava Breach. La violencia, cuenta, está presente en todas las regiones —en el norte, el centro, el sur, la sierra y el noroeste— y cualquier tema que se aborda, ya sean de despojo de tierras, desplazamientos, violaciones de derechos humanos o inseguridad, incomoda a los grupos de poder.
Por eso mismo, Maribel Alba, periodista en Cuauhtémoc, asegura que hay zonas donde el gremio se mantiene al margen de la información del crimen organizado. “Informamos los hechos y hasta ahí”. Hay colegas que investigan y van más allá, como lo hizo Miroslava y otros compañeros, dice la reportera del municipio con la tasa más alta de desaparecidos del país, pero finalmente les viene costando la vida.
“Entonces, ¿por qué no nos atrevemos hacerlo? —pregunta y contesta— “porque sabes que nadie te va a proteger, porque sabes que nadie dará la cara por ti, por eso Patricia Mayorga está fuera de México”.
Además de Patricia Mayorga, quien se vio obligada a salir del estado ante las amenazas en su contra, otros cuatro periodistas han decidido buscar asilo político en otros países al considerar en riesgo su vida: Emilio Gutiérrez, Jorge Luis Aguirre, Luis Horacio Nájera y Ricardo Chávez Aldana. Otros periodistas de Chihuahua se han visto obligados al desplazamiento interno en el mismo estado o el país acorralados por la violencia y hasta por las condiciones económicas que enfrentan los medios.
Ser periodista en Chihuahua se ha vuelto un trabajo de alto riesgo, donde ves tan a menudo que la muerte forma parte de tu labor. Solo se necesita un “elegido” y un mal día, menciona Esteban Villalobos, periodista en Parral desde hace 32 años. “Vivimos con la peor autocensura, pues no se puede hablar de más, nos hemos rendido ante la impunidad, al ver que si nos pasa algo no se va a hacer nada”, afirma convencido que la información es un bien codiciado por gobernantes, políticos, así como de poderes económicos y del crimen organizado.
“Aquí el periodismo corre peligro por la censura, impuesta por empresas de medios, y la autocensura, por la violencia, el chayote-la compra”, asegura Gabriel Valencia, un reportero veterano que reporta desde la sierra Tarahumara, en la comunidad de Guachochi, donde un periodista llega a ganar 200 pesos por semana. “Es peligroso, porque cuando se dice la verdad se corre el riesgo de amenazas verbales o físicamente, como yo lo he sufrido”, dice. El 31 de diciembre balearon su casa. “Tuve apoyo de escoltas un tiempo, pero mi caso quedó impune”, afirma.
Para Carlos Omar Barranco, reportero con 27 años de experiencia, este escenario obedece mucho a la vinculación del crimen organizado con diferentes niveles y estructuras de gobierno. “Es una situación que me parece bien delicada, porque provoca que las investigaciones periodísticas sean de altísimo riesgo, no sabes en qué momento estás afectando a unos y estás afectando a otros… eso es lo que mató, por ejemplo, a la compañera Miroslava Breach”, expone.
“La mayoría de las agresiones contra periodistas provienen del gobierno, seguramente por esa relación entre el periodista y el poder político. Lo acabo de sentir: había cubierto cosas de seguridad, de narcotráfico y nunca me había pasado algo así hasta ahora que cubro diariamente una fuente de gobierno”, dice Marco Antonio López Romero, reportero en Yo Ciudadano y colaborador en otros medios nacionales como periodista independiente.
López cuenta que tan solo por por cuestionar y documentar irregularidades en la administración que encabeza Armando Cabada Alvídrez, alcalde de Ciudad Juárez, se convirtió en una persona incómoda y el gobierno ha usado en su contra todo su aparato institucional y hasta los medios a los que compra publicidad para exhibirlo y prohibirle ingresar a la sala de Cabildo por no entonar el himno nacional.
“Ser periodista significa ser una persona muy vulnerable, lo sentí personalmente, si el gobierno quiere te pone, te focaliza, te enfocan y te hace una persona pública, te exponen y te vuelves todavía más vulnerable”, dice.
Fotografía: Red de Periodistas de Juárez / Cortesía
Violencia, impunidad y censura
“No se puede hacer periodismo con un salario tan bajo y en un clima de ingobernabilidad tan alto”, dice el periodista Miguel Chavarría.
Desde 2010 han desaparecido casi la mitad de los medios masivos de comunicación.
“Hay compañeros con salarios muy bajos que deben cubrir temas muy peligrosos”, señala Chavarría, “no se puede hacer periodismo con un salario tan bajo y en un clima de ingobernabilidad tan alto”.
Desde 2010 han desaparecido casi la mitad de los medios masivos de comunicación. De acuerdo con un comparativo de medios registrados como proveedores en el gobierno estatal y en los municipios, de unos 200 medios que recibían publicidad oficial en 2010 a la fecha hay unos 120, 40 por ciento menos que hace nueve años.
El año en el que una mayor cantidad de empresas mediáticas recibió dinero público en Chihuahua fue en 2013, cuando solamente en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado había 280, la mayoría de ellas (108) con publicaciones digitales.
Si bien a partir de 2014 decreció la cantidad de medios con presupuesto estatal, fue en el 2016 cuando la cantidad bajó hasta alcanzar apenas las 89 empresas y junto con esto el recorte en el presupuesto de publicidad oficial que disminuyó de un 59 a un 86 por ciento.
La crisis se profundizó a partir del año 2016, con la política de austeridad en el gasto de publicidad oficial implementada por el Gobierno de Javier Corral. De ejercer presupuestos anuales de 808.3 millones en el 2012, que correspondió a la administración de César Duarte Jáquez, en el 2016 que terminó dicha gestión apenas se repartieron 328.8 millones; y al siguiente año, el primero de Corral, la cifra fue de 109.6 millones, de acuerdo con datos oficiales.
Ante esta panorama, el 10 de septiembre de 2016 cerró operaciones el periódico La Crónica de Chihuahua, después de poco más de tres años de editarse en el estado; al siguiente año salió de circulación el periódico Norte de Ciudad Juárez, que durante 27 años mantuvo su versión impresa; y en febrero de este año la Organización Editorial Mexicana (OEM) dejó de imprimir El Heraldo de la Tarde, después de 55 años de publicaciones, además de suspender las ediciones de Delicias y Noroeste.
Esta situación se ha traducido no solo en el cierre de medios de comunicación y recorte de personal, sino también en la depreciación de salarios de periodistas y la eliminación de prestaciones laborales como bonos para gasolina, despensa, seguridad social, servicios telefónicos y disposición de vehículos.
Las condiciones se han precarizado a tal grado que algunos periodistas cobran 200 pesos por semana en regiones de alto riesgo como la sierra y en algunos casos hasta la suspensión del pago durante tres quincenas continuas en ciudades como Juárez. Aunque la mayoría asegura tener ingresos de apenas el salario mínimo profesional, tasado para un reportero en 248.09 pesos diarios, lo que equivale a unos 7 mil 500 pesos mensuales, muchos se ven obligados a trabajar en más de una empresa para completar sus gastos.
“El periodista batalla por tener una vida digna”, dice Maribel Alba, quien asegura que en su región deben tener dos o más empleos para sobrevivir.
Varios periodistas entrevistados comentan que hay medios digitales que les exigen la publicación de diez notas diarias, cuatro videos y cuatro fotografías o de lo contrario les descuentan el pago correspondiente a ese día y hasta les bloquean el servidor para que no suban contenidos en tanto reciben la notificación de la sanción económica.
“Es un oficio demasiado mal pagado incluso para gente que tiene sus estudios, que se ha preparado profesionalmente”, refiere Javier Olmos Martínez, que considera los reporteros jóvenes como él se comprometen poco para hacer un trabajo de mayor profundidad por lo mismo que las empresas no se comprometen con ellos.
“No digo que sea mi caso porque es un trabajo que me gusta, pero veo que no las piden y nunca nos preocupamos por investigar más, por ser más cuidadosos con las cifras que presentamos, con las declaraciones, no somos tan rigurosos con la información”, reflexiona.
Hay una competencia por ganar la información. Hay medios que buscan veracidad y otros la inmediatez, pero muchas veces publican información falsa y lo más delicado es que no la desmienten, coinciden entrevistados. Los medios están enfocados más en la negociación para que tengan publicidad con el gobierno, el problema es que con base en esos intereses financieros se marca la línea editorial que el reportero debe seguir.
Por ello, Carlos Omar Barranco identifica la venta de publicidad oficial como uno de los principales problemas que enfrenta la prensa en el estado, ya que es una limitante para el ejercicio crítico y de contrapeso una vez que la línea editorial se define en función de los contratos.
“Es obvio que es necesario, es urgente, que haya regulación de la publicidad oficial porque los contratos de publicidad oficial son utilizados por el gobierno para controlar líneas editoriales y los beneficiados no son los reporteros ni los periodistas, sino los dueños de los medios, que son los que se llevan la tajada con los contratos”, dice.
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Este texto forma parte de la serie #SerPeriodistaenMéxico que se publica en Horizontal, a través de su blog Tenemos que Hablar, la cual puedes consultar completa aquí
