Itzel Ramírez
“México triste: Matan a niña de tres años para secuestrar a su papá en Jalisco”, tituló un medio de comunicación la noticia según la cual, impactada por uno de los disparos realizados por un comando armado, la niña falleció en un hospital.
Cada día, tres infantes o adolescentes son asesinados en México, de acuerdo con datos de Ricardo Buco –secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes–, citados por Animal Político
Soy una firme creyente de que cualquier asesinato es lamentable, se trate de quien se trate. También estoy convencida de que cuando la persona asesinada es menor de edad, se añade un tufo de putrefacción imposible de ignorar.
La explosión de la guerra contra el narco y del incremento sin parangón que tuvo en la violencia del país se muestran superadas como marco explicativo para entender por qué son cada vez más los casos de niñas, niños y adolescentes asesinados en México.
Ante el caso de Tlajomulco, Jalisco, se recuerda, por ejemplo, el del bebé de un año asesinado por múltiples en Minatitlán en abril pasado. En total, según información de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), sumaron 285 infantes asesinados durante el primer trimestre de 2019.
Tenemos que empezar a hablar de desigualdad, pobreza, corrupción, incompetencia, derechos, trabajo, educación, redistribución de la riqueza y violencia de género para hablar de la violencia sistemática en contra de infantes y adolescentes.
En esta nación que promueve como mantra la chabacana explicación de que quien ha sido asesinado lo es por haberse involucrado con “los malos”, ¿qué papel adjudicamos al Estado para con niñas, niños y adolescentes que cometieron el pecado de nacer aquí?
“Se acostumbra uno a todo, menos a no comer”, reza el dicho. ¿Qué pasa cuando un país está cada vez más habituado al horror, cuando las víctimas lo son más que nunca por la edad?, ¿estaremos acostumbrándonos a que ejecuciones de niñas y niños dejaron de ser extraordinarios?
Más allá de exigir, como innumerables ocasiones, que las instituciones públicas hagan su chamba, me orillo a pensar que se requiere de nuevos lentes para ver a los “menores de edad” (así, entre comillas), como sujetos plenos de derecho, individuos en formación que deben ser respetados como tal, desde una perspectiva integral que salga del lugar común de que son “el futuro de México”.
Chihuahua, según la información de Redim, es la entidad con más infantes asesinados, con 507 casos desde 2015 hasta marzo de este año. En el mismo estado norteño, un juzgado federal concedió un amparo a un adolescente al que se le había negado el acceso a la secundaria por su corte de cabello. Sirva para ilustrar cuál es el camino a seguir.
“Se determinó que llevar el cabello de cierta forma no aporta ni afecta al aprendizaje y convivencia escolar; por el contrario, dicha imposición limita el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los menores”, informó a propósito de la sentencia el Consejo de la Judicatura Federal.
DESDE LA FRANJA
De aquella matanza de 2010 en Villas de Salvárcar donde 15 adolescentes fueron asesinados en una fiesta, queda un memorial entregado, cómo no, ocho años después del hecho. De la reparación integral del daño (indemnización a las víctimas, garantías de no repetición), no hay autoridad que se acuerde.
