En su primer año de ejercicio, la 64 Legislatura le ha dado a López Obrador todo lo que ha pedido. Las reformas constitucionales y legales son significativas, pero aún está por verse si ponen a México en el umbral de un cambio de régimen, o en la víspera de otra simple alternancia
Ernesto Nuñez
Twitter: @chamanesco
Ciudad de México – Las mayorías son para usarse y, en el primer año de la 64 Legislatura, Morena ha echado mano de ella para hacer avanzar la agenda de Andrés Manuel López Obrador y apuntalar lo que él ha optado por llamar “cambio de régimen” o “cuarta transformación”.
La Guardia Nacional, la reforma educativa, la reforma laboral, la Ley de Austeridad y la ampliación del catálogo de delitos sancionables con prisión preventiva figuran entre las principales reformas entregadas al presidente por las bancadas dirigidas por Mario Delgado y Ricardo Monreal.
Al final del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la Legislatura que inició en septiembre, las bancadas afines al Ejecutivo han sacado prácticamente todo lo que él les ha pedido, con una excepción: la revocación de mandato, que no está muerta, pero aún deberá pasar la aduana del Senado de la República.
En caso de fracaso al final del sexenio, López Obrador no podrá argumentar –como lo hicieron sus antecesores– que el Congreso bloqueó su agenda o le regateó los cambios que necesitaba para echar a andar su proyecto.
A diferencia de Vicente Fox y Felipe Calderón, que justificaron el fracaso de la alternancia panista en la posición minoritaria de su partido, AMLO ha contado con bloques legislativos afines que dejaron de existir en 1997, e incluso con la cooperación de sus opositores en temas como Guardia Nacional, reforma educativa y reforma laboral.
A diferencia de Enrique Peña Nieto, que tuvo que negociar su agenda con el PAN y el PRD para sacar sus reformas, López Obrador no firmó ningún pacto por México, jamás se ha reunido con los coordinadores parlamentarios de otros partidos y se ha dado el lujo de ignorar a los dirigentes nacionales de la oposición, a quienes ni siquiera reconocería si un día se los encontrara caminando por la calle.
La Cuarta Transformación no inició el 1 de diciembre, sino el 1 de septiembre, cuando se instaló la 64 Legislatura con una Cámara de Diputados en la que la mitad más ocho son de Morena, 29 del PES y 28 del PT. Un bloque de 315 diputados a los que se suman 11 del PVEM y 9 diputados sin partido tránsfugas del PRD, para conformar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.
De hecho, el bloque Morena-PES-PT-PVEM-ex PRD entró en acción a mediados de marzo para sacar adelante una de las iniciativas más polémicas promovidas por López Obrador: la reforma al artículo 35 constitucional para poder someterse a revocación de mandato en 2021, el mismo día de las elecciones federales intermedias.
La revocación de mandato mostró el músculo lopezobradorista en San Lázaro, pero también exhibió que su “debilidad” está en el Senado, donde Morena tiene 59 de 128 escaños, más 6 del PT, 5 del PES y eventualmente 6 del PVEM; en total, 76 senadores que no alcanzan para mayoritear a los demás grupos en una reforma constitucional.
Hay quien afirma que el último resabio de oposición a la 4T vive en los 52 senadores de las bancadas del PAN, PRI, MC y PRD; una aritmética que llevó a Ricardo Monreal a guardar la reforma de revocación de mandato hasta conseguir los votos necesarios para sacarla adelante, pero que, en la reforma educativa aprobada en un periodo extraordinario, mostró las fisuras que hacen doblegable al bloque opositor.
Además de las reformas constitucionales, en su primer año de vida la 64 Legislatura ya hizo cambios al Código Penal, el Código Fiscal de la Federación, el Código Civil Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del ISSSTE, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Se han nombrado ministros de la Suprema Corte, embajadores, contralores de los órganos autónomos, el fiscal general de la República, la fiscal anticorrupción y el fiscal de delitos electorales. Se volvió a crear la Secretaría de Seguridad Pública, desapareció el Estado Mayor Presidencial y se creó el Banco del Bienestar.
Todo a la medida de López Obrador, quien puso fin a los llamados “gobiernos divididos” con sus 30 millones de votos del 2018, y a veces hace que se recuerden los tiempos del presidencialismo absoluto.
La agenda de la Cuarta Transformación avanza en el Poder Legislativo con resistencias y oposiciones más anecdóticas que eficaces, pero quizás tenga algo de razón el líder perredista Jesús Zambrano cuando afirma que tampoco se han desmontado de fondo las “reformas neoliberales” del Pacto por México: la energética, la fiscal y la de telecomunicaciones.
Los cambios son muchos para un periodo de apenas nueve meses; algunos de ellos, muy significativos, pero aún está por verse si ponen a México en el umbral de un cambio de régimen, o en la víspera de otra alternancia fallida.
