Imelda Marrufo
Abogada y activista
Ciudad Juárez – No me cabe ninguna duda. Es necesaria la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM/Alerta,) para Ciudad Juárez y otros municipios del estado de Chihuahua, una figura establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia desde el 2008 (LGAMVLV).
Los índices de reincidencia delictiva desnudan el contexto de violencia en que vivimos las mujeres de esta emblemática ciudad. Lo que implica responsabilidad de las instituciones que tienen como mandato proteger y garantizar derechos.
La Alerta, según la ley, consiste en un conjunto de acciones que debe realizar el gobierno para enfrentar y erradicar la violencia feminicida a fin de garantizar la seguridad de las mujeres y las niñas, así como el cese de la violencia en su contra.
Para que se declare la Alerta se requiere que se cumpla con el supuesto de la existencia de violencia feminicida, es decir, que haya un contexto de una forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de una violación de sus derechos humanos, que se dé tanto en el ámbito público y privado, conformada por un conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar a la impunidad social y del Estado y pueden culminar en homicidio y otras formas de muertes violentas.
La solicitud puede presentarse por un organismo público como la Comisión Estatal de Derechos Humanos o bien organizaciones de la sociedad civil.
La alerta tiene que incluir la “narración de los hechos en que se basa para estimar que existen delitos de orden común contra la vida, la libertad, la integridad, y la seguridad de las mujeres, que perturben la paz social en un territorio determinado y que la sociedad así lo reclame…”. En Juárez y Chihuahua aplica claramente ese contexto.
De acuerdo con el seguimiento hemerográfico realizado por la Red Mesa de Mujeres. La cantidad de asesinatos cometidos contra mujeres en los primeros cinco meses del 2019 indican un incremento considerable respecto de los casos de años anteriores. En 2017, por ejemplo, hubo 96 casos en total, mientras que durante 2018 sumaron 129 casos.
El año pasado, al final de mayo, los datos indicaban que en Ciudad Juárez había 40 mujeres víctimas de homicidio doloso; para este año (al 17 de mayo), el número incrementó a 58 mujeres, esto significa un 45 por ciento respecto de 2018 en el mismo periodo de tiempo según el Observatorio Ciudadano Especializado en Género y Sistema de Justicia Penal de la Red Mesa de Mujeres de Cd Juárez. Se incluyen datos del área de estadística criminal de FGE.
El asesinato de Dana la estudiante universitaria llegó hasta la declaración de un paro activo universitario en la UACJ. No pasaron desapercibidas las lamentables declaraciones del alcalde de Ciudad Juárez quien se atrevió a decir que “el caso se estaba politizando”, y todo porque se criticó que en el callejón donde fue asesinada la joven no había alumbrado público. La falta de una seguridad urbana fue aprovechada por el asesino para consumar su artero crimen.
Para sustentar los hechos que perturban la paz pública, como dice el reglamento, basta con las mujeres asesinadas que fueron localizadas enterradas en el terreno de una vivienda. O la decapitada en el Valle de Juárez. También con los delitos contra las mujeres cometidos en otros municipios del estado.
Otro caso del contexto de violación a derechos humanos e integridad de la vida de las mujeres, lo tenemos con la situación que vivió la maestra de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez quien fue víctima de un ataque sexual cometido en su perjuicio por cuatro de sus compañeros maestros de la misma institución; lo que generó una gran indignación social.
El tratamiento que le dieron en sus líneas editoriales algunos medios, “opinadores” no conocedores ni especializados en el tema logró exhibir posturas machistas, revictimizantes e incluso discriminadoras en contra de la víctima.
En el país, actualmente existen 30 procedimientos de AVGM en 27 estados y 22 procedimientos activos. De acuerdo con la CONAVIM existen 15 declaratorias de Alerta y se determinó no emitirla en 9 procedimientos, sumo la negativa reciente en la Ciudad de México.
Los tres estados que no cuentan con solicitud de Alerta son Chihuahua, Tamaulipas y Baja California Sur.
En Ciudad Juárez desde el 2009 tenemos una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocida como Campo Algodonero, que establece un conjunto de disposiciones que plantean un tema fundamental: las garantías de no repetición.
La sentencia de Campo Algodonero debería bastar para que el Estado mexicano trazara una hoja de ruta e impulsara medidas emergentes y permanentes para proporcionar seguridad, políticas públicas y presupuestales para hacerlo posible, pero eso no ha ocurrido. Entonces, es apremiante solicitar también la Alerta.
La iniciativa de Plan de Emergencia Social por violencia familiar y contra las mujeres liderado por el Secretario de Desarrollo Social Víctor Quintana apoyado por instituciones estatales en el diálogo con sociedad civil, podría quedarse a medias si el Congreso no le asigna recursos para su operación. Se requiere que el ejecutivo estatal solicite recursos en su nueva propuesta de presupuesto.
El liderazgo del gobernador se vuelve clave en el respaldo a las estrategias del secretario y de expertos/as. Mucho cuidado en poner orden y no duplicar. La Ley Estatal en la materia es clara, allí se establece una estructura, roles y facultades, las dependencias deben alinearse bajo un mismo esquema. A algunos funcionarios –sin conocimiento– la ambición de los reflectores termina por llevarlos a boicotear las acciones que otros impulsan, eso nunca ayuda. Inclusive las instancias municipales deben sumarse al Plan Estatal sobre Prevención y Atención a la violencia, según la Ley sobre violencia contra las mujeres.
Se requiere una Alerta de Género para que el gobierno federal asuma su responsabilidad. Se percibe, una lejanía de las instancias federales competentes para esta entidad, el ejemplo lo da la titular de INMUJERES quien ha sido muchas veces invitada a conocer el contexto de las mujeres de Chihuahua, siempre dice que sí, pero no cuándo. ¿Se le habrá hecho costumbre?
La solicitud de la Alerta de Violencia de Género es un reto para la actual Comisión Estatal de Derechos humanos de Chihuahua, que, sin lugar a duda tendrá en las organizaciones de la sociedad civil muy buenas aliadas, incluso para hacer una solicitud conjunta. Las condiciones están dadas, no hay más tiempo para esperar.
