A través de un comunicado, organizaciones de la sociedad civil, denunciaron que a 12 días de la firma del acuerdo entre México y Estados Unidos para contener la migración centroamericana que transita por territorio nacional, se han implementado acciones administrativas que obstaculizan el libre tránsito, no sólo para esta población, sino también para las personas mexicanas.
Por lo que enviaron un mensaje al Estado Mexicano para que frene estas medidas “que ponen en riesgo a quienes habitan y transitan por el país”.
Lo anterior fue denunciado en respuesta al despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur, con el fin de realizar acciones de control migratorio, lo que las organizaciones calificaron como una violación a la Constitución Mexicana y a la Ley de Migración, lo cual vulnera también la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
Esto lo precisan así tras la emisión de la nueva regla que han impuesto las líneas de autobuses a sus usuarios, resultado del oficio No. INM/DGJDHT/213/2019 que fue emitido por la Secretaría de Gobernación, y en donde solicitaron a las compañías de autotransporte de pasaje y turismo que prestan servicios en el país, soliciten una identificación a todas las personas que usen sus servicios.
Al respecto, las organizaciones argumentaron que por ley, las compañías de transporte únicamente tienen responsabilidad administrativa o penal si llevan a personas indocumentadas con conocimiento y con el propósito de evadir las leyes, y sí además lucran al hacerlo: “Si una persona indocumentada se sube a un autobús dentro de México y paga su boleto, eso no es responsabilidad de las compañías de transporte, ya que no son autoridades para verificar el estatus migratorio”, precisaron las organizaciones a través de un comunicado de prensa.
Las compañias que han hecho pública esta nueva regla son: Grupo Flecha Amarilla de Autotransporte y Autobuses de Oriente ADO, quienes emitieron un anuncio al público en el que señalan que para abordar alguno de sus autobuses se les solicitará un documento de identidad (credencial del Instituto Nacional Electoral, Cartilla Militar, Pasaporte o Cédula Profesional, Licencia de Manejo), esto por disposición del gobierno federal, lo que es claramente inconstitucional, ya que viola el derecho al libre tránsito, la garantía de privacidad, y la no discriminación.
Ante esta situación las organizaciones denunciaron que en el país no existe, en la práctica, ninguna identificación que acredite la identidad en México, pues no se ha cumplido con la implementación de la Cédula Única de Identidad que señalan la Ley General de Población y su Reglamento, tanto para personas adultas como para menores de 18 años de edad, quienes bajo estas circunstancias tendrían que portar su acta de nacimiento para identificarse.
Además, estas medidas excluyen a millones de personas que viven en México que no cuentan con estos documentos y transitan por las carreteras del país en los diferentes sistemas de transporte: jóvenes, personas jornaleras agrícolas de las cuales muchas son indígenas, inmigrantes con documentación migratoria; personas mexicanas retornadas o deportadas que no cuentan con documentos de identidad, o aquellas que no tienen su credencial del INE porque se las robaron, no lo han actualizado.
Finalmente, los firmantes explicaron que de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, 89 millones de personas cuentan con su credencial, pero hay muchas que aún no la tienen a pesar de haberse registrado; a la par, existe también un número indeterminado que no la han solicitado. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sólo 10 por ciento del total de la población en México tiene pasaporte; y el uno por ciento de las personas que terminaron una carrera cuenta con cédula profesional.
