Leobardo Alvarado
SOBRE EL PLEBISCITO aprobado por el Instituto Estatal Electoral para que sean las y los ciudadanos quienes decidan si desean el proyecto Juárez Iluminado, vale recordar la historia local reciente sobre la votación ciudadana.
El año 2005 se buscó el referéndum para impedir que se llevara a cabo lo que coloquialmente se conoció como “Ciudad Vallina” o la propuesta del desarrollo del Plan San Jerónimo.
Entonces, el Congreso Local negó esa posibilidad, pese que de las alrededor de 44 mil firmas que se necesitaban para avanzar el proceso; las y los ciudadanos que participamos de aquel momento logramos recabar más de 55 mil firmas. En este sentido es importante reconocer el papel preponderante que tuvo el Consejo Ciudadano por el Desarrollo Social donde confluíamos diversas organizaciones de la sociedad civil.
Otro suceso en el mismo sentido de participación ciudadana, para no ser atropellados por las autoridades locales, fue el amparo colectivo para que el ex alcalde Héctor “Teto” Murguía Lardizabal no tuviera guardias de seguridad (guardaespaldas) con cargo al erario una vez había dejado de ser alcalde.
También en esa ocasión las y los ciudadanos organizados que acudimos a firmar al llamado de Plan Estratégico de Juárez, nos vimos fastidiados por la decisión en contra de un juez. Pero la presión política hizo mella, de modo que el ex alcalde “Teto” se bajó de su macho y dejó los guardias con los que se había quedado ante el revés que sufrió la petición de amparo colectivo.
Sin embargo, cada vez es más recurrente que la Sociedad Civil Organizada acuda a las leyes y mediante la confluencia de iniciativas de movilización social y acciones legales busquen contrarrestar la fuerza autoritaria de los gobiernos. Precisamente por la lucha para tener una Ley de Participación Ciudadana es que ahora es posible tener un Plebiscito.
Este es un ejemplo quizá de los más significativos en la construcción de la democracia local, por la suma del esfuerzo de la movilización y exigencia en el ámbito público, como en las instancias legales.
Traigo a colación otro ejemplo en los que ha ganado la sociedad civil organizada, también con la ayuda de mucha gente afín. El mismo, tiene que ver por sus significativos aportes a una sociedad en constante búsqueda de una democracia local, a la que se suman fuertemente una gran cantidad de temas trabajados por distintos organismos que ya abonan al sentido de justicia y dignidad en esta ciudad.
La población LGBTTTI inició en 2005 la práctica política de manifestarse en la calle bajo lo que llamaron “Marcha por la diversidad sexual”. En estos días se llevó a cabo el 15 aniversario de este llamado a la no discriminación y la lucha por los derechos que todas y todos los ciudadanos debemos tener en este país. Así, en esta ocasión han nombrado la marcha “por la inclusión”. A ella, es probable hayan acudido más de 15 mil personas.
En este sentido se han tenido diversos logros por la acción política de estos grupos organizados, tanto en la ciudad de Chihuahua como en Ciudad Juárez. De esta manera, traigo a colación sólo una de las muchas cosas que han hecho para luchar por sus derechos.
El programa “Todos Iguales ante la Ley” ha sido un movimiento que, junto con otros actores, lograron los amparos federales para que personas del mismo sexo pudieran casarse en el Estado de Chihuahua. Es decir, es necesario reconocer que desde el ya lejano año 2005 ha pasado tiempo.
Ciertamente las prácticas autoritarias persisten, así como las actitudes patrimoniales de la clase política gobernante. Pero es el empuje de la sociedad de tal tamaño, que ha logrado cambiar muchas cosas.
De hecho, hacer el recuento de los éxitos de la lucha social en Juárez, y en el estado de Chihuahua, es un buen ejercicio aún pendiente por realizar. Un ejemplo último de este tipo de casos en los que se ha avanzado, pero que aún tiene fallas que seguramente habrán de mejorar con la persistencia y la práctica democrática dentro de las instituciones gubernamentales, es la figura de Cabildo abierto.
Por tanto, la posibilidad que ofrece esta nueva coyuntura en la que se pondrá a discusión el proyecto ‘Juárez Iluminado’ mediante el llamado a un plebiscito, sin duda hará que la democracia local se robustezca con la participación ciudadana. Esto es una buena expectativa.
Que el proyecto ‘Juárez Iluminado’ se someta al escrutinio público mediante la discusión que convoca una votación, proceso que requiere además cumplir una serie de pasos en los que el debate sin duda fortalecerá a la sociedad, es una buena oportunidad para cohesionar a la gente ante la práctica de la democracia.
En este sentido, habrá que ver si el gobierno local encabezado por el alcalde, y una mayoría de regidores a modo, están a la altura del momento político. Hasta ahora han demostrado que no, y por eso es que nueva y atinadamente se ha buscado las vías legales para resolver la cuestión.
Y es que como se ha dicho y parece es un consenso: sí se necesita la iluminación en la ciudad. Es un problema sentido por la sociedad. Lo que se pone pues a discusión es la manera que las autoridades en turno lo quieren lograr.
Se ha señalado que el impuesto al Derecho al Alumbrado Público (DAP) es inconstitucional. Pero también, lo que sucede es que se quiere hacer mediante un PIDIREGAS o “Proyecto de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público”. Por supuesto, los promotores de esta iniciativa sólo le llaman, a veces hasta “pomposamente”, esquema de asociación pública-privada. Lo que no hacen es profundizar en sus potenciales afectaciones a la sociedad y la ciudad.
Estas formas neoliberales de abordar las soluciones a las problemáticas del Estado, viene desde mediados de la década de los noventas. De hecho, fue con el presidente Ernesto Zedillo cuando mayor auge toman y son en los gobiernos panistas donde inmediatamente cobran fuerza.
Después de más de 20 años ya no es una cuestión de si el PAN o el PRI abonaron, más o menos, a tales prácticas políticas que quitan responsabilidad al Estado para derivarla al sector privado; pues ambos descubrieron los beneficios que estos esquemas traían a lo que se ha dado en llamar “capitalismo de cuates”.
Al respecto vale a traer a cuenta sólo uno de los problemas que se avecinan. Qué pasará los próximos años, cuando el gobierno federal actual ha decidido ir en contra del neoliberalismo. Esto es algo que sin duda va a afectar estos esquemas público-privados (PIDIREGAS) que erosionan al Estado.
De hecho, el cero tolerancia a la corrupción, es otra de las expresiones que muy pronto va a tocar tierra en los ayuntamientos locales. No tiene que ver con la autonomía de los municipios, pero si con la administración de los recursos federales destinados ellos.
Al respecto, son escenarios políticos que la sociedad debe también avizorar cuando lo que se busca es comprometer recursos que aún no existen.
Finalmente, vale insistir que son otros tiempos al ya lejano 2005 en cuanto a maneras de articularnos por el bien de la ciudad y de quienes en ella habitamos. Son otros los mecanismos que contribuyen a los ya existentes para políticamente avanzar en la defensa del derecho a la ciudad y los derechos humanos.
Pertenecemos a redes más sólidas en principios y capacidad organizativa. Cada vez es mayor el empuje de tanta gente que desea que las administraciones de gobierno hagan su trabajo bien y en favor de las y los ciudadanos.
Por eso se ha avanzado tanto en el tema de la participación ciudadana; y por eso hay tantos colectivos, grupos, organizaciones de la sociedad civil, y gente que en lo individual pone su grano de arena para vivir en una mejor sociedad.
Al respecto, el alcalde Armando Cabada no ha avanzado, tampoco sus regidores. Y por eso ahora estamos frente a un plebiscito que el mismo presidente local, falto de miras, ya trata de detener con un amparo.
En esa perspectiva, ya puedo decir: #Nolecreoalcanal44.
