América está copiando la fórmula europea de extender sus cinturones de control más allá de sus fronteras para enfrentar la migración masiva. Con ese modelo, la Unión Europea “subcontrata la violación de derechos humanos” para tener una imagen impoluta y civilizada, y dejar el trabajo sucio a los terceros países seguros. Pero no sólo son miles de personas migrantes las que están atrapadas en el territorio mexicano. El propio gobierno mexicano, que prometió una política diferente, y las organizaciones de la sociedad civil y religiosas que durante muchos años han creado y sostenido la única red de apoyo a migrantes están atrapadas en un camino que tiene pocas salidas, según reconocen los propios activistas. Por el momento, y frente a las condiciones adversas que enfrenta, tanto externas como internas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha optado por privilegiar la sobrevivencia económica del país sobre la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. La “externalización de fronteras” del país más poderosos del mundo parece una realidad.
Este trabajo forma parte de la serie El Gueto mexicano, migrantes atrapados entre muros que puedes consultar completo aquí
Texto: Ángeles Mariscal y Daniela Pastrana
Foto: Duilio Rodríguez
Chiapas Paralelo /Pie de Página
Tapachula, Chiapas –Externalizar la frontera. Es lo que ya ocurrió en Europa y lo que ahora está ocurriendo en América: cuando empieza a crecer la migración, se empiezan a recorrer los círculos de muros hacia países que ya no son los vecinos inmediatos. Se corren los linderos, como cuando en una marcha, la policía de tránsito no sólo cierra las calles por donde van a pasar los manifestantes sino en varios círculos kilómetros a la redonda.
Salvador Lacruz, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, lo explica sobre un mapa imaginario: “Cuando empieza a crecer la migración a Europa, la gente empieza a llegar por la parte más estrecha: lo que separa a África y España, que es una zona muy peligrosa por las corrientes, pero donde la gente cruzaba porque no había control. ¿Qué pusieron aquí? La guardia marítima. Empezaron a controlar eso y empezaron a abrirse mucho más las rutas. Desde el Sahara dicen: ‘esto es territorio español’ y extendieron las fronteras fuera de Europa”.
El mapa imaginario se extiende a la isla de Sicilia, que es parte de Italia, o Malta, “una isla que está llena de campos de refugiados y de centros de detención, dice Lacruz. Luego sigue: “Este es un mar complicado porque está lleno de islas y algunas islas son Grecia, que es Europa, y otras son Turquía. Pero se usaron mucho estas rutas. La agencia de control de fronteras europeas estaba hasta la madre de aguantar eso, ¿y qué hace? Muy sencillo: encargarle el control de las fronteras a Marruecos, a Libia y a Turquía”.
El cinturón se extiende a Turquía, que en 2017 fue declarado “tercer país seguro”, pero también fue Marruecos desde el inicio del año 2000.
“¿Por qué necesitaron que Turquía fuera tercer país seguro? Porque los refugiados de Siria se lanzaban a Grecia desde Turquía. Entonces dijeron: ‘No, a los sirios te los vas a quedar tú’. ¿A qué te suena eso? Cambia la palabra Siria por Honduras (…) La política es la misma, ¿a qué te suena a que ahora estén usando a Guatemala para ser un Tercer País Seguro? Pues cuando ya Marruecos no servía ya para eso porque igual se colaban, Europa empezó a tener acuerdos con Mali, Mauritania y Senegal. Y ahora hay policías españoles, la guardia civil que llamamos ahí, en Senegal operando, que es un país que está a tres fronteras de Europa. Entonces, vas bajando, vas haciendo cinturones”.
El invento es europeo, no de Donald Trump, dice Lacruz. Y básicamente de lo que se trata es de que los países receptores no consideren sus fronteras como el lindero formal de su territorio, sino que empiecen a “encargar fronteras externas”. En el caso de Europa, por ejemplo, se creó está Frontex, la agencia de control de fronteras que incluye a 27 miembros de la Unión Europea y tiene una estructura “bastante militar”, formada por las policías de las agencias fronterizas de cada país, sobre todo de los países que colindan con España, Italia y Grecia, pero últimamente también con Europa del Este.
“Les funcionó para contener flujos migratorios, para el objetivo que ellos tenían”, dice el defensor. “Hay mucha gente que ha sido disuadida de llegar a Europa, detenida antes de llegar, o como aquí (en América) hacemos, detenida y deportada ya en territorio europeo a esos terceros países, sobre todo a Marruecos y Turquía (…) Lo que no han conseguido es desactivar el desplazamiento forzado, la gente sigue saliendo de maneras masivas y lo que único que pasa es que la gente se muere más o se queda atorada más en estos terceros países”. En ese escenario, México sería como Turquía.
— ¿Cuál es el problema de los terceros países?
“La situación de las personas que quedan en los terceros países seguros es de tremenda violación de derechos humanos. Son países donde los sistemas de derechos humanos casi no intervienen. Lo que hace la Unión Europea es subcontratar la violación de derechos humanos para tener una imagen impoluta, de países civilizados. Y como están tan orgullosos del trabajo que hacen, son muy explícitos, hay hasta mapas satelitales de todos los controles de flujo migratorio que hacen en África”, dice Lacruz.
“Lo único que cambia es el escenario y los actores, pero el guión es el mismo”, insiste el activista. “Aplicas lo mismo: una política migratoria basada en el control y la seguridad de detener y volver a los más que puedas y hacerle la talacha de control de fronteras a quién te la encarga, a los países del norte”.
Todo esto es parte de una política de doble rasero de los países desarrollado, que Lacruz expone sin concesiones: “Los migrantes son mano de obra barata para un sistema que necesita crecer continuamente. Claro que los gobiernos de los países destino son plenamente conscientes que requieren de mano de obra barata y eso significa migración clandestina.
Por eso juegan también con estas bolsas: requieren de una cantidad equis de personas en situación de semiesclavitud, sin documentos, sin derechos laborales, sin salarios dignos para su economía más productiva en el sector primario, sobre todo. Y cuando se les dispara esa bolsa se ponen duros con el tema del control o aplican estos programas extraordinarios de regularización para bajar el nivel de clandestinidad”.
México ya ha aplicado programas temporales de regularización, que es una fórmula que otros países de destino usan para lidiar con los crecimientos de la bolsa de población migrante indocumentada. Pero los programas han sido poco efectivos.
Aunque las leyes mexicanas no son perfectas, lo cierto es que el país tiene un marco regulatorio — la Ley de Migración y la Ley de Refugio — que prevé formas de regularización y acceso al asilo. Pero hay una confusión permanente en las instituciones sobre la aplicación de la ley.
“Ya con el nuevo gobierno, (al principio) estaban ofreciendo medidas de regularización basadas en tarjetas de estancia por razones humanitarias, cuando lo que llegaban eran personas refugiadas, era desplazamiento forzado personas que necesitaban protección internacional a las que se les debe respetar el principio de no devolución y para eso hay una ley que se llama Ley de refugiados, protección comunitaria y de asilo político, que es una buena ley, si la cumplieran”, dice Lacruz.
Desde su perspectiva, lo que hasta ahora se ha visto son acciones improvisadas y no una política integral para atender el problema de fondo: que México se está convirtiendo más en un país de destino.
El problema es que las instituciones no están listas para responder a esa realidad, que implicaría medidas que incluyan a la población extranjera en la sociedad, laboralmente, con acceso a los servicios sociales, en igualdad de condiciones.
Pero el gobierno mexicano tiene todo en contra, no sólo la externa, con las amenazas de Estados Unidos y la poca garantía de los gobiernos centroamericanos para hacer efectiva una política de contención a partir del desarrollo, también por la corrupción de las instituciones mexicanas que están involucradas.
Ese es el dilema en el que están muchas organizaciones de la sociedad civil que han estado empujando la agenda migratoria durante años.
“Yo estoy a punto de declararme enemiga del gobierno para que me traten bien, porque en este gobierno a los enemigos los trata mejor que a los amigos”, dice, no tan em broma, Marta Sánchez Soler, coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano.
Ella ha organizado más de una docena de caravanas de mujeres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos en México, y que no tienen interés en quedarse a vivir en este país, sólo quieren encontrar a sus hijos. Este año, sin embargo, no ha conseguido amarrar la logística que requiere la caravana de madres, que generalmente se realiza en noviembre.
“Los funcionarios están rebasados y descontrolados y la situación en terreno está peor de lo que estaba”, relata la activista.
En una larga charla en la Ciudad de México, Sánchez Soler resume el problema en el que están los defensores de los derechos de migrantes que durante años han sostenido un trabajo que el gobierno no hizo: El gobierno mexicano reclama ahora la potestad de garantizar los derechos de migrantes, lo que en principio es correcto, pero lo hace sin la capacidad para enfrentar la emergencia. En ese camino, criminaliza y maltrata a quienes son la única base de apoyo real para miles de migrantes, sobre todo los más pobres. Sin embargo, varios defensores también son conscientes de que, por el momento, el gobierno mexicano no tiene muchas salidas.
“Por eso digo que me voy a declarar enemiga para que me traten bien”, insiste Sánchez Soler. “Porque nosotros tampoco estamos encontrando una estrategia de acción constructiva, que no sea lanzarnos a la yugular de López Obrador. No podemos hacer eso, tenemos que darle la oportunidad de ver si va a funcionar (la propuesta de detonar el desarrollo en el sur)”.
Junto con ella, el abogado Manuel Íñiguez López, quien busca llevar a la corte de Estados Unidos los casos de migrantes mexicanos asesinados por la Border Patrol en la línea fronteriza, amplía la paradoja del fenómeno: “Antes nos quejábamos porque los migrantes eran invisibles, y cuando deciden ser visibles con las caravanas están peor. Parece que ahora tenemos que pelear porque se vuelvan invisibles para poder buscar una mejor vida”.
Desde el sur, Salvador Lacruz coincide en una cosa: las cosas están peor. “Estamos intentando sistematizar lo que ha pasado, pero es que ya somos incapaces de retener todas las barbaridades que han ocurrido en seis meses. Y la sociedad en general tiene otros intereses”, lamenta.
—¿Funcionará contenerlos en la frontera sur con estos programas sociales?
“No sé cuán realista sea que la población aquí (en Chiapas) crezca de una manera sustancial, por mucho programa Sembrando Vida o por mucho Tren Maya que quieras construir. No sé cuánta población podemos absorber en esta región, que de por sí es tan precaria. Una cosa es que vayas generando mejores condiciones de vida, pero así de golpe no se me hace realista. (…) Y por otro lado, debe ser poco menos que surrealista pensar que Guatemala es un lugar que reúne condiciones para ser tercer país seguro”.
Este reportaje fue realizado por los equipos de investigación Pie de Página, Chiapas Paralelo y La Verdad, medios integrantes de la alianza Tejiendo Redes de la Red de Periodistas de a Pie.
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