¡No a las cuotas de inscripción!
Gero Fong
Ciudad Juárez – Cuando estudié en la UACJ, una de las cosas más tristes que vi fue como compañeros y sobre todo compañeras valiosas como estudiantes, tuvieron que interrumpir o pausar sus carreras por no poder pagar las infames cuotas de inscripción.
Las cuotas de inscripción en las Universidades Públicas Autónomas (UPA) son un artero dispositivo de discriminación, además de ser anticonstitucional, es un crimen contra la juventud, el conocimiento y contra la misma Universidad a la cual se le niega la pluralidad y la inteligencia, la verdadera sal de la tierra.
Con tristeza y coraje me entero como una compañera del Movimiento Uni Unida, que dio la cara cuando la violencia se volcó contra la Comunidad Universitaria, participante activa en la política de la ciudad y organizada dentro de colectivos que están interviniendo positivamente en la comunidad, además de ser una buena estudiante con promedio arriba de 9, está prácticamente suspendida de la UACJ por no poder pagar miles de pesos que no le corresponde pagar a ella, ni a ningún estudiante por ejercer el Derecho Humano a la Educación como está garantizado en nuestros ordenamientos jurídicos.
El Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es claro al respecto, ¡TODA la Educación que imparte el Estado debe ser gratuita!
Es decir no se puede cobrar, pero ¿por qué? porque como efectivamente sucede, cobrar se convierte en un método discriminador y lo que el Estado hace no puede ser discriminador, no se pueden usar dineros públicos para favorecer a una parte de la población y excluir a otra. Por eso en el mismo Artículo Tercero se estipula que la educación debe ser democrática.
Ahora bien, las Instituciones Públicas Autónomas se consideran parte del Estado, de ahí que sean financiadas por el Estado, pero se les da una Autonomía Especial es decir con mandato y consigna. En el caso que nos ocupa de las UPA, tienen el mandato precisamente de impartir la Educación Superior, además de apoyar y difundir la Investigación, pero obviamente, dentro de los lineamientos del Artículo Tercero enfocados a la extensión del Derecho Humano a la Educación.
Es cierto que dentro de las facultades atribuidas a las UPA, están las de allegarse recursos propios y administrar su propio patrimonio, sin embargo en tanto la Educación y no solo la Pública se regula por la Constitución y en específico por el Artículo Tercero, es totalmente absurdo suponer que la facultad de obtener y administrar recursos propios es facultad para discriminar a través de cobros, coartando para los titulares el mismo derecho a la Educación que el Artículo Tercero busca garantizar. Así que cuando a las UPA se les permite allegarse recursos, se trata de una medida precisamente para no tener la necesidad de cobrar.
De ahí que estas instituciones suelen tener una serie de negocios con los cuales se allegan recursos extra aparte de los fondos del Estado, como equipos deportivos, renta de instalaciones, cursos diversos, servicios varios, producción de tecnología, etcétera.
Sin embargo, a la costra echeverrista y conservadora que gobierna las UPA de manera facciosa y promoviendo la ignorancia, siempre les había parecido muy fácil recurrir a la confusión de los criterios a cumplir por la Educación que imparte el Estado, con los criterios de la Educación que el Estado debe garantizar y obviamente impartir, es decir un subconjunto de la primera, a saber, la Educación Básica, Media y Media Superior.
El “argumento” fuera de toda lógica era decir que porque la Constitución no mencionaba explícitamente a la Educación Superior dentro de la Educación que debe garantizar el Estado, entonces no le toca las especificaciones para la Educación que imparte el Estado. ¡¿Perdón?! ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Alguien que ayude a las Autoridades Universitarias con lógica de conjuntos? La Educación que imparten las UPA es Educación impartida por el Estado aunque no esté contemplada en el subconjunto de la Educación que el Estado debe garantizar.
En resumen, no existe una forma de decir que las UPA cuentan con alguna facultad para discriminar o en su defecto abdicar de su misión. Es decir no se les da dinero público para convertirse en empresas que lucran con la producción de conocimiento privado, lesionando los objetivos de la sociedad y los derechos de los ciudadanos.
Toda esta exégesis no requiere un talento especial, se trata de conocer la estructura de los ordenamientos jurídicos de manera elemental, cuál Ley es superior a otra, poner en la cima la Constitución y como su principio la garantía de Derechos, Humanos, Sociales y Políticos y las Libertades Constitucionales, luego simplemente aplicar la lógica aristotélica.
La derecha universitaria siempre se aprovechó de la ignorancia y el poder para imponer una interpretación de la Constitución totalmente abusiva y permitirse cobrar cuotas.
Sin embargo, ahora con los cambios en el Gobierno Federal y los Congresos, hasta la nueva Ley ordena que la Educación impartida por las UPA sea gratuita, apegándose a la interpretación correcta del texto constitucional. Pero a la mafia de la UACJ no le importa esto y olímpicamente siguen ignorando la Ley, cobrando cuotas de inscripción y por lo tanto discriminando.
En esta ocasión redujeron el periodo de prórrogas de pago que siempre daban a los estudiantes con problemas para pagar a sólo cinco días y sin posibilidad de negociar nada, además de elevar el porcentaje que se pedía para obtener una prórroga. Estas medidas draconianas amenazan ya con dejar sin Educación superior a muchos universitarios.
¡Es el momento de alzarse con la razón, todo el apoyo a los universitarios que luchan por una Universidad gratuita y digna!
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