Este 5 de septiembre se cumplió el plazo que fijó Estados Unidos para que México detuviera el paso de migrantes. De acuerdo con el canciller mexicano, las acciones realizadas por el gobierno mexicano lograron disminuir 56 por ciento el flujo migratorio
Texto: Arturo Contreras Camero/Pie de Página
Foto: Presidencia
Ciudad de México – El plazo de 90 días que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso a México para detener la migración rumbo a ese país y no imponer aranceles generalizados a México se cumplió este jueves, por lo que esta mañana, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que resultado del plan migratorio implementado por el gobierno federal disipó las amenazas de una guerra comercial.
El próximo martes 10 de septiembre, Ebrard sostendrá una reunión en la Casa Blanca, en Washington, con miembros del gobierno de Estados Unidos para revisar los avances en la materia; sin embargo, adelantó que el flujo de migrantes que pasan por México se redujo en 56 por ciento en tres meses.
El descenso en el flujo migratorio reportado por Ebrard tiene como fuente la información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés). La cifra se desprende de las aprehensiones fronterizas realizadas reportadas por agentes fronterizos estadunidenses a dicha Oficina, que pasaron de 144 mil 266 en mayo a 63 mil 989 en agosto.
Ebrard Casaubón dijo también que en estos últimos tres meses, se detuvieron a 138 mil personas indocumentadas que transitaban por el país y de ellos 134 mil fueron deportados, mientras que apenas unos 4 mil 300, han optado por quedarse en México a trabajar en la siembra de árboles frutales, como parte del programa Sembrando Vida y otros mil 57 migrantes lograron obtener trabajos en el norte del país por las acciones del subsecretario de trabajo, Horacio Duarte.
En cambio, México ha recibido en estos últimos tres meses a 23 mil 307 migrantes que han llegado a las ciudades de la frontera norte a esperar su trámite de solicitud de asilo, pues, de acuerdo con Ebrard, uno de los puntos del acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México fue que los migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos, deberían de esperar la resolución de sus trámites en México.
La Guardia Nacional y la Policía Federal
En la implementación de este nuevo plan fronterizo, el gobierno de México echó mano de 25 mil 454 elementos de la Guardia Nacional que han apoyado los operativos migratorios en el norte y el sur del país. El despliegue de estos elementos ha sido “exitoso respecto a los Derechos Humanos”, según señaló Ebrard Casaubón, pues en este periodo, solo se han presentado siete quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de dicha corporación.
Según el secretario, estas siete quejas son mínimas si se comparan con las 128 quejas que recibe, en promedio, el Instituto Nacional de Migración, cada mes.
Además, en los operativos migratorios también ha participado la Policía Federal, de quienes se presumió han detenido a 778 personas por diferentes delitos ya 357 de ellos, específicamente por trata de personas.
En estos tres meses de implementación de la nueva política migratoria, dos migrantes murieron por heridas de bala durante operativos en los que estuvo implicada la Policía Federal, uno en la frontera entre Veracruz y Tabasco y otro en Saltillo, Coahuila, muy cerca de un albergue.
A pregunta expresa sobre los casos, el canciller aseguró que esos operativos no son atribuibles a operativos de esta nueva política ni tampoco a la Guardia Nacional.
“No tienen instrucciones de dispararle a nadie, eso sería absurdo”, aseguró Ebrard Casaubón, “Con mucho gusto podemos dar los datos que tiene la Fiscalía General de la República hasta este momento. No va a haber impunidad en ningún caso, ni en esos ni en otros”.
Refugios de migrantes en todo el país se han quejado que durante estos meses han sido víctimas de acoso e intimidación por parte de elementos de la Policía Federal y de agentes del Instituto Nacional de Migración, sin embargo, el secretario Ebrard no hizo referencia alguna al respecto.
De acuerdo con Ebrard Casaubón, la delegación mexicana pondrá en la mesa el tema del control del trasiego ilegal de armas.
El acuerdo de desarrollo para el sur
El corazón de esta nueva política migratoria recae en la inversión y el desarrollo económico del sur del país y de los países del Triángulo Norte de Centroamérica: Honduras, El Salvador y Guatemala. Para ello, el gobierno de México desarrolló un plan de inversión de fondos estadunidenses para financiar proyectos industriales en la región, incluido el programa Sembrando Vida.
Dicho plan ya arrancó en Honduras y El Salvador, según dijo el titular de Relaciones Exteriores. Ambos países recibirán una inversión mexicana de 60 millones de dólares, que esperan, crearán 60 mil empleos. En el caso de Guatemala, el gobierno está esperando a que se instale el gobierno del recién electo Alejandro Giammattei para iniciar las pláticas para la implementación de estos programas.
Sobre el resto de los proyectos, que tentativamente hablan de carreteras, gasoductos, trenes y tendidos eléctricos internacionales, el secretario no ofreció ninguna información, ya que no se ha iniciado su implementación, pero aseguró que existen cartas de intención para invertir 800 millones de dólares en proyectos de infraestructura en la región, así como otros 126 millones para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.
Nueva infraestructura de detención
Ebrard Casaubón aseguró que, en este tiempo, se inició con la construcción y adaptación de tres centros integradores para migrantes, es decir, estancias gubernamentales para los migrantes que esperen sus trámites de asilo estadunidense en México que estarán ubicados en Mexicali, Tijuana y Nuevo Laredo.
Así mismo, aseguró que se inició la rehabilitación de cinco espacios para migrantes en Tapachula, incluidos el albergue El buen pastor, el parque El Café, la estación migratoria Siglo XXI, el albergue municipal para niñas del DIF y la sala multidisciplinaria Territorio Joven.
Estas últimas semanas, la estación migratoria Siglo XXI ha sido escenario de tensiones entre migrantes haitianos, africanos y asiáticos y elementos de la Policía Federal y la Guardia Nacional. Los migrantes mantuvieron protestas en contra de las deportaciones de sus connacionales, y solicitan pases de salida, un documento que les permitía el libre tránsito por el país, que en últimas fechas se les ha negado.
En esa misma estación migratoria, hace un mes, murió Maxene Andre, migrante haitiano que fue confinado en una celda. Maxene se quejó por días de un dolor en el pecho, tenía jaquecas y fiebre, sin embargo, nunca fue atendido. El caso no ha recibido más explicación por parte de las autoridades correspondientes.
