El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha mostrado un rechazo frontal a la minería a cielo abierto, señala activista Miguel Mijangos. En el equipo de la 4T, acusa, se encuentran promotores de esta práctica, pese a los daños demostrados
Texto: Vania Pigeonutt
Fotos: Lenin Mosso
Pie de Página
Ciudad de México – Si bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no otorga más concesiones mineras, tampoco cancela las ya asignadas, por lo que Miguel Mijangos Leal, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), advierte que la llamada 4T no muestra un rechazo a la minería a cielo abierto, pese a que se hayan demostrado sus daños inminentes.
“Toda la plana operativa del gobierno son pro mineros, no son políticos. Ahorita están en una función política, pero todos ellos vienen del sector empresarial, son promoventes naturales de la explotación minera”, reclamó.
La REMA asesoró al pueblo de San Miguel del Progreso, en Maniltepec Guerrero, para conseguir un amparo histórico contra la explotación minera, e impedir nuevas concesiones en esa región de La Montaña.
Sin embargo, alertó Mijangos, la minería a cielo abierto continúa como una amenaza a comunidades y sus territorios.
Tan sólo en Guerrero, hay 28 mil concesiones, y otras más en etapa de solicitud.
“De las concesiones vigentes, más o menos abarcan cerca de 1 millón 200 mil hectáreas, y con las que están en solicitud, que no son datos abiertos, pero ya están en trámite, se duplica la superficie”, advirtió.
Miguel Mijangos, REMA
El activista lamenta que el gobierno federal no considere emitir un decreto para cancelar las concesiones ya asignadas, y que, en casos como Guerrero contemplan proyectos con una superficie de hasta 500 mil hectáreas.
Las concesiones, explica, son pocas en cantidad, pero abarcan grandes cantidades de superficie.
“Tenemos en Guerrero una de 500 mil hectáreas que abarca de aquí de San Miguel del Progreso y llega a Taxco (Norte), pasa por Chilpancingo (Centro): es una concesión gigante. Sacas los datos, aunque ellos pagan 6 pesos con 70 centavos por hectárea, multiplicas por medio millón de hectáreas, es una empresa que está garantizando siete, ocho millones al año”, dice.
Para que el gobierno federal dé voluntad de frenar los proyectos extractivos, puntualiza Mijangos, es necesaria la firma de un decreto, sino de nada sirve.
“Vamos a mantener la misma superficie que es gigantesca y el análisis político queda trunco, porque de qué nos sirve que no den ninguna, si tenemos 28 mil. Y sólo tenemos operando mil 300 proyectos mineros que ya nos tienen de cabeza”.
La fiesta por resistir a la minería
Mijangos acudió el pasado 5 de octubre a la celebración de los siete años de lucha contra la minería a cielo abierto de Juba Wajín, el pueblo Me’Phaa que en español se llama San Miguel del Progreso, Malinaltepec.
El festejo reunió a integrantes del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), y los municipios de Malinaltepec e Ileantenco, Montaña de Guerrero y San Luis Acatlán, Costa Chica, se declararon libres de actividad minera.
La celebración ocurrió en la explanada de la comunidad de tres climas: templado, frío y caluroso, cuya riqueza se mide tanto en sus árboles de diferentes frutos, como en el poder que tuvo su organización para frenar el proyecto extractivista que pretendía explotar oro, zinc y plata.
La batalla de San Miguel del Progreso
Juba Wajiín cumplió siete años de lucha contra la minería. El pueblo Me’Phaa (tlapaneco), en español llamado San Miguel del Progreso, festejó con otros pueblos que se amparó por la inconstitucionalidad de la Ley Minera.
Reunió a integrantes del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), y los municipios de Malinaltepec e Ileantenco, de la región de La Montaña, y San Luis Acatlán, de Costa Chica, se declararon libres de actividad minera.
El aniversario fue el sábado 5 de octubre en la explanada de la comunidad de tres climas: templado, frío y caluroso, cuya riqueza se mide tanto en sus árboles de diferentes frutos, como en el poder que tuvo su organización para frenar el proyecto extractivista que pretendía explotar oro, zinc y plata.
La historia de la batalla
San Miguel del Progreso se amparó contra la Ley Minera por primera vez en 2014, porque ésta no consideró el derecho que tienen las comunidades indígenas de decidir sobre su territorio.
Aunque ese año este recurso legal llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no prosperó, porque la transnacional inglesa Hochschild desistió de su concesión y así evitó que la Corte entrara al análisis de la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera.
El pueblo logró ampararse tras resultar fundados los conceptos de violación y demostrar que se incumplió la obligación de respetar los derechos de esta comunidad indígena-agraria Me’phaa.
Con el apoyo legal del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, en 2017, la Juba Wajiín obtuvo un segundo amparo contra la Declaratoria de Libertad de Terrenos que consideraba su territorio libre para la actividad minera y abría la puerta a nuevas concesiones.
La vida en San Miguel
San Miguel del Progreso es una comunidad con costumbres prehispánicas y coloniales. En sus calles hay mensajes para que los niños no tiren la basura, y desde su explanada se aprecian los árboles de guayabas, así como el olor al café que se siembra en esa región.
Los habitantes le rezan a sus santos, bailan la danza de Los 12 pares de Francia, van a los cerros a ofrendar para que llueva. Aún tienen la tradición de elaborar tabiques con la tierra roja típica de esta región indígena de Guerrero.
El ejemplo de San Miguel Progreso
Miguel Mijangos explica que el ejemplo que dio San Miguel es que lograron darse cuenta desde una etapa de exploración.
“No es lo mismo cuando tú ya tienes a una empresa operando o cuando tienes la mitad del proceso en acción en una región donde ya tienes la concesión y las amenazas encima, el nivel de inversión es bajo. Esa relación de fuerza queda en estrategias más bajas”, detalla.
El CRAADT, que contempla 64 núcleos agrarios de la región Montaña, empezó a trabajar en términos preventivos, e hicieron agenda en común, con una misma estrategia de trabajo.
En la Montaña de Guerrero, que abarca 19 de los 81 municipios que tiene el estado, dice Mijangos, hace siete años REMA consideraba 44 concesiones, que, con el trabajo del CRAADT, lograron desarticular la mitad. A la fecha de las 22 que habían aumentaron a 27.
Los 64 núcleos agrarios de San Miguel fueron los únicos que decidieron irse por la vía legal del amparo. Casi logran incidir en la Ley Minera si no es porque las empresas mineras desistieron de su concesión en Guerrero.
Mijangos recuerda que cuando el juez anuncia que va a revisar el dictamen, una semana antes, la empresa que tenía esa concesión dice: “ya no la quiero”.
“Por supuesto, nuestra interpretación es que el sector minero se juntó y pararon ese amparo”, dice Mijangos.
Aunque puede haber nuevos promoventes, el hecho que la gente esté informada, considera Mijangos, es lo más importante de cualquier resistencia.
No será fácil que se imponga la minería en una comunidad con organización, con su propia Policía Comunitaria y cuyo mayor valor consista en el amor a sus recursos naturales.
