Más de 25 mil burócratas operan la estructura de la administración federal en el estado; aunque se han eliminado algunas plazas aún no se logra transformar el aparato de gobierno debido a que la normatividad traba su rediseño, aseguran
Itzel Ramírez
La Verdad/Especial para El Diario
Ciudad Juárez – La operación mensual de la estructura del Gobierno Federal en Chihuahua cuesta cuando menos 234 millones 273 mil 134 pesos que, a razón de salarios se les paga a los 25 mil 154 burócratas que trabajan en la entidad, de acuerdo con datos oficiales obtenidos a través del sistema de Transparencia
Anualmente, sin contar prestaciones como aguinaldo, primas vacacionales y otras erogaciones, el monto asciende a más de dos mil 811 millones de pesos, una cifra que se supera, por ejemplo, al monto total destinado en el presupuesto de este año para el rubro de conservación y construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, ramo para el que se destinaron dos mil 764 millones de pesos, según se aprecia en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
Dentro de los servidores públicos que conforman el aparato burocrático en Chihuahua no se consideró al personal docente y no docente de la Secretaría de Educación Pública, ni al personal docente de otros organismos como el Instituto Tecnológico Nacional de México. Tampoco se incluye a la estructura denominada “Servidores de la Nación”, que se desempeñan con la modalidad de contratos por honorarios, fuera de la estructura de plazas del Gobierno Federal.
A casi un año de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado de la Secretaría de Bienestar, evalúa como un avance que se hayan eliminado algunas plazas de la administración pública federal. Aunque, reconoce, que todavía no se ha cumplido con transformar el aparato de gobierno que cuenta en Chihuahua con 80 dependencias.
“Hay muchísimos pendientes, (pero) hay un avance importante porque, número uno: se quitaban a los delegados que ganaban un dineral y tenían prestaciones desequilibradas. Los delegados ganaban mucho con el pretexto de que no eran permanentes. También hay un avance en lo que tiene que ver con la estructura de personal de confianza, hubo un recorte de personas que tenían funciones muy limitadas”, explica sin abundar en detalles precisos sobre el número de recortes realizados.
“Sin embargo, sí queda pendiente para que se aplique el espíritu de la Cuarta Transformación por la que tanto tiempo hemos luchado de que lleguen nuevos rostros a las dependencias. Hay estructuras que ya están viciadas, pero tampoco puedes quitar de la noche a la mañana a toda la gente, porque no todos los servidores públicos actúan así”, señala el funcionario.
Con nombramientos pendientes, como el del titular de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (que a decir de Loera se mantiene en suspenso ante la falta de designación del Senado de la República), el también diputado federal con licencia considera que existe una normatividad exagerada dentro de la administración pública federal, lo que ha impedido además de algunas designaciones, un adecuado rediseño de la estructura.
“Hay una telaraña, un laberinto que es el diseño de la función pública. Es el elefante reumático del que habla el presidente”, menciona Loera.
Lidera IMSS con más burócratas
La información otorgada por la Secretaría de la Función Pública indica que el 64 por ciento de los empleados federales designados en Chihuahua presta sus labores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), siendo la institución con más personal, que suma 16 mil 181 burócratas. Aparte se contabilizan los 860 empleados que prestan sus servicios en el programa IMSS Oportunidades.
Posteriormente, le sigue el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que emplea a dos mil 336 personas.
En tercer lugar, aparece el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con un personal que asciende a 996.
En contraste, dependencias como la Fiscalía General de la República reporta únicamente a siete personas dentro de la nómina federal, que contiene las plazas del delegado estatal en Chihuahua, de tres subdelegados de procedimientos penales (A, B y C), una subdelegada administrativa, un jefe de departamento de recursos humanos y una plaza de analista de información a la investigación.
El recientemente nombrado Instituto de Administración de Bienes y Activos (antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y en espera una reforma para convertirse en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado), cuenta con apenas nueve personas dentro de la nómina federal, al igual que la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
En Chihuahua, la entidad federativa de mayor extensión territorial en México, hay apenas ocho personas laborando dentro de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes.
Mientras que en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tienen, al igual que la FGR, a siete empleados asignados en Chihuahua.
Con cinco integrantes del personal están el Instituto Nacional de la Economía Social y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; le siguen, con cuatro burócratas cada uno, Pronósticos para la Asistencia Pública, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Fideicomiso de Fomento Minero, el consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Comisión Nacional de las Zonas Áridas.
Con entre tres y un servidor público operan, de acuerdo con la SFP, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Educal SA de CV, el Instituto de Ecología AC, Ferrocarriles Nacionales de México, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y el Instituto de Competitividad Turística.
Asignaciones, por criterios políticos
Gustavo López Montiel, académico del Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México, consideró que la distribución de plazas en el Gobierno Federal obedece a criterios políticos.
“Depende de las prioridades definidas por el presidente, en algunas entidades no hay presencia federal porque no hay interés de estar. Se trata de las prioridades de cada dependencia y, en el contexto de cada entidad, de la relación política que hay con los gobernadores”, considera el politólogo.
“Lo que veo es que se ha puesto énfasis en los programas presidenciales, por ejemplo, lo de la FGR refleja falta de planeación y que la prioridad no está en esa área”, apunta el investigador.
Juan Carlos Loera de la Rosa, principal operador del Gobierno Federal en Chihuahua y con puesto oficial de delegado de la Secretaría de Bienestar, explica que una de las causas de que algunas instituciones reporten una estructura tan pequeña (como la FGR), se debe a que la plaza de adscripción de algunos servidores públicos se encuentra registrada en otra entidad.
“Lo que puedo entender es que la FGR pueda tener más gente y desde luego con la naturaleza de la función que esté radicada su base en otra ciudad. También en otras dependencias se puede dar eso, hemos tenido gente por espacio de tiempo considerado, gente que trabaja en la Ciudad de México por alguna dependencia y necesita venir aquí a trabajar”, afirma Loera.
Los mejor pagados
Las plazas con mayor remuneración dentro de la administración pública federal se encuentran en la FGR, en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), se desprende del análisis de la información de la Función Pública.
La Sedena es la dependencia con mejores salarios en la estructura federal en Chihuahua. En general, los salarios de los militares van de 153 mil 700 pesos mensuales brutos para cinco comandantes de zonas, regiones o bases aéreas, hasta los 11 mil 217 del ayudante de la Unidad Ejecutora de pagos del criadero militar de ganado.
Las plazas de Sedena incluyen el pago de 113 mil pesos al mes para el comandante del criadero militar ubicado en Santa Gertrudis, al jefe y subjefe del Estado Mayor Región Aérea del Noreste, al director de la Escuela Militar de Aplicación de Aerotropas, a la directora interina del Hospital Militar Regional de Chihuahua, entre otros.
Considerando los promedios de las remuneraciones brutas (que contemplan tanto el salario base como el sistema de compensaciones), se aprecia que en la FGR los sueldos van desde los 132 mil 313 pesos mensuales para el delegado estatal, hasta los 24 mil 983 pesos para la analista de información, en promedio la institución desembolsa mensualmente 60 mil 868 pesos para el pago de las remuneraciones de sus siete empleados adscritos a Chihuahua.
En tercer lugar de promedios salariales altos, por el monto destinado mensualmente a sus empleados está Banobras, que paga 67 mil 832 pesos mensuales a su subgerente y 18 mil 612 al puesto de experto técnico, las únicas dos plazas registradas ante la Función Pública.
Las instituciones con mayor número de empleados, IMSS y el ISSSTE, ocupan respectivamente los lugares 78 y 66 de la clasificación de dependencias federales con promedios de sueldos más altos, de un total de 80 que cuentan con personal en Chihuahua.
Entre los pendientes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, López Montiel menciona a la creación de la figura formal de los llamados “superdelegados”, como Loera de la Rosa, que ha concentrado funciones en una sola figura sin que se tenga clara la eficacia de la medida.
“En los estados se ha dejado la mayor parte de las funciones del Gobierno Federal en manos de los superdelegados que podían absorber las funciones, pero en esa decisión tampoco hubo planeación.
“Lo que hicieron al inicio fue la necesidad de limpiar las dependencias por dos razones, una, por los recortes al presupuesto y dos por la necesidad de sacar a la gente que no era de Morena”, comenta el docente.
Una buena medida, considera sería evaluar el trabajo de los funcionarios recién nombrados.
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