Vigente desde enero del 2018, la Ley de Alcoholes carece de marco regulatorio para su implementación; es letra muerta, cuestionan propietarios de negocios. Viene una reforma: Gobernación
Itzel Ramírez
La Verdad/Especial para El Diario
A casi dos años de su entrada en vigor, la Ley de Alcoholes del Estado de Chihuahua permanece sin un marco regulatorio para su implementación.
Peor aún, Gobernación estatal carece de personal para la supervisión de su cumplimiento, en tanto que los negocios del giro violan las normas sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas vigentes en la entidad.
Con esa falta de claridad por la ausencia de normas reglamentarias y los costos de sus trámites, las nuevas obligaciones para los negocios de este giro han sido obstáculos para que se pueda ejercer a cabalidad, coinciden autoridades y empresarios.
El 28 de noviembre de 2017, luego de dos foros de consulta pública realizados en abril y junio de 2017, el grupo parlamentario del PAN en el Congreso presentó una iniciativa para expedir un nuevo ordenamiento en sustitución de la Ley que Regula el Funcionamiento de Establecimientos en los que se Expenden, Distribuyen o Ingieren Bebidas Alcohólicas, vigente desde 1993.
Menos de dos semanas después, el 7 de diciembre de 2017, el Pleno del Legislativo aprobó la nueva ley, que entró en vigor el 1 de enero de 2018.
Desde entonces y hasta hoy, el Gobierno del Estado no ha emitido el reglamento “para proveer la aplicación y observancia” de la ley.
Para Cristina Cunningham, presidenta estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), una ley sin reglamento está incompleta y se presta a la corrupción.
“Las leyes cuando no tienen reglamentos están confusas y se prestan a muchas cosas, entre ellas a la corrupción que era lo que se trataba de evitar cuando esta administración hace una ley”, indica Cunningham.
Frenan diversificación de negocios
Con el objetivo de incentivar el desarrollo económico, contempla la exposición de motivos de la iniciativa, se crearon nuevos giros como boutique, centro recreativo, casino, sala de degustación y uno más de microcervecería, vinatería y sotolería; además de que se cambió la denominación de cantina a bar.
Sin embargo, de las 104 licencias expedidas en todo el estado por la Dirección General de Gobierno y Transporte de enero de 2018 a noviembre de 2019, solamente tres han sido de nuevos giros: uno para sala de degustación, una para microcervecería, vinatería y sotolería, una más para boutique.
Maribel Hernández, jefa del Departamento de Gobernación en la Zona Norte, concede que ha habido pocas aperturas de los giros nuevos, un hecho que atribuye a que aún hay poco conocimiento de la legislación.
“No han sido muchos (los negocios de nuevos giros), pero dentro de los trabajos que hemos estado haciendo es platicar mucho también con productores regionales de sotol y vino porque mucho es parte desconocimiento de la ley”, expresa la funcionaria.
Para Cunningham, dirigente de la Canirac, la escasa apertura de nuevos giros obedece a que no hay certeza sobre cómo se regularán estos negocios.
“En el caso de degustación tenemos gente que gastó su lana en ese tipo de tramitología para esa licencia, pero no lo hicieron porque al final del día no había quién les dijera cómo les iban a revisar, el Departamento de Gobernación no tiene claros los parámetros para hacer la revisión y al final del día esta persona no se quiso exponer a no saber cómo lo iban a revisar”, indica Cunningham.
La ley contempló nuevas obligaciones para los negocios, como la de que, sin importar el tamaño o giro, deben contar con personal de seguridad tanto para quienes estén en el sitio de venta como para los vecinos del establecimiento.
La fracción XVIII del artículo 33 también dice que el reglamento –inexistente–, será el que ha de determinar en qué casos se debe exigir que el personal de seguridad privada esté debidamente registrado.
Esa y otras disposiciones se dejan al arbitrio de los inspectores del Departamento de Gobernación.
También de la decisión de los funcionarios depende la rapidez con que se reanudan las actividades en un bar donde ha habido crímenes como homicidios, habiendo algunos que después de unas horas vuelven a abrir sus puertas a los clientes, mientras que otros permanecen semanas cerrados, informa Cunningham Hidalgo.
Diez inspectores para ocho municipios
En la División Zona Norte, el Departamento de Gobernación se encarga de la supervisión de los más de cuatro mil 700 negocios de venta de alcohol en los municipios de Juárez, Guadalupe, Praxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Buenaventura, Nuevo Casas Grandes y Ahumada; para realizar esa tarea cuenta únicamente con 10 inspectores, quienes realizan en promedio 120 visitas a la semana a los puntos de venta de alcohol en envase cerrado, abierto y al copeo, señala Hernández.
La ley incluye también la prohibición de barras libres y concursos destinados a inducir el consumo de bebidas alcohólicas, así como la de cualquier actividad encaminada a promover o motivar “la compra y/o consumo excesivo de bebidas alcohólicas”, aunque, de nuevo, es el reglamento donde se deben detallar los ordenamientos.
Basta revisar los letreros a las afueras de bares y restaurantes para observar las promociones que mantienen a pesar de la ley, una violación al ordenamiento.
En Juárez, por ejemplo, hay bares que ofertan shots a cambio de que las mujeres se quiten el brassier o bebidas gratis para mujeres extranjeras.
A pesar de estas violaciones, la Dirección General de Gobierno en Juárez ha emitido solamente 10 sanciones por promociones y ofertas de bebidas alcohólicas del total de 355 que se han realizado desde la entrada en vigor de la ley y hasta octubre de 2019.
Al respecto, Hernández reconoce que la falta del reglamento es crucial para castigar este tipo de actos.
“Debe haber un fortalecimiento porque la ley puede ser muy estricta en el sentido de las promociones, pero si no se aplica debidamente por los funcionarios se convierte en letra muerta”, comenta Maribel Hernández
La confusión que, considera Cunningham, ha provocado la Ley de Alcoholes, se presta a prácticas de corrupción.
Mientras se acumulan los señalamientos, el gobierno estatal no contempla como siguiente paso la publicación del reglamento, sino reformas a la ley, confirma Hernández.
Alistan reforma para la reforma
Joel Gallegos, director General de Gobierno y Transporte, informó en octubre pasado que la administración de Javier Corral buscará modificar la Ley de Alcoholes para que, a través de nuevos giros, pequeños negocios puedan vender alcohol, con licencias más económicas que las que ahora existen.
La Ley de Ingresos para el año 2020 contempla para todos los negocios un aumento del cuatro por ciento en los costos de expedición de nueva licencia, excepto para los giros de restaurantes con venta de cerveza y vinos de mesa, para los que contempla reducciones que van desde los 32 mil 845 pesos menos para los de aforo de una a 40 personas; hasta los 20 mil 729 pesos menos para los de capacidad de 81 comensales en adelante, siempre en comparación con los costos vigentes para 2019.
Al respecto, Cunningham asegura que se trata de una medida injusta para el resto de los nuevos comercios.
“Desconozco estas diferencias, pero si las están haciendo son discriminatorias, ¿qué vale menos un restaurante bar o un bar que los demás? o qué es lo que están tratando de beneficiar.
Si están tratando de estimular a esos chicos está bien, pero igual pues los demás pagan, tienen que tomarlos en cuenta, como Cámara tenemos que pedir el suelo parejo”, agrega.
A pesar de las dificultades, la empresaria y la funcionaria coinciden en que la legislación aprobada en 2017 sí ha significado una mejora en temas de acceso a los permisos, pues antes se requería del respaldo de una distribuidora, además de que se condicionaba a vender solamente las marcas de esa cervecera.
Aunque, tampoco se tiene registro de que un alto número de dueños de establecimientos hayan optado por tramitar sus propios permisos, pues más de un tercio de las licencias otorgadas desde enero de 2018 hasta ahora pertenecen a cadenas nacionales o estatales de tiendas de conveniencia y autoservicio.
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