Gerardo Cortinas Mura
Chihuahua – Quien conserve la esperanza de que algún día Javier Corral ajuste su conducta –como servidor público– a los principios plasmados en el ‘Código de Ética’ de la Administración Pública Estatal 2016-2021, es un iluso contumaz.
De nada le ha servido al Gobernador de Chihuahua su vasta experiencia legislativa para “procurar la mayor participación ciudadana en la definición de políticas públicas”; sino más bien, la utiliza para reiterar –ante la opinión pública– su abierto desprecio al principio de separación de poderes.
Citemos el ejemplo más reciente: el pasado día 18 de diciembre, presentó una iniciativa de ley para reformar la Constitución Local con el propósito de otorgarle ‘autonomía’ a la Fiscalía Anticorrupción. Tres días después, el Pleno del Congreso aprobó –por unanimidad– el Decreto legislativo correspondiente.
Un nuevo récord legislativo: tres días son suficientes para que el Pleno del Congreso apruebe una modificación a los principios fundamentales del pueblo chihuahuense. Por desgracia, este ‘record legislativo’ acredita, por enésima vez, la añeja e infame sumisión política de los legisladores locales al gobernante en turno.
Yo me pregunto: ¿En dónde diablos dejaron, tanto el gobernador como los diputados, el principio ético que exige –a todo servidor público– “actuar con fidelidad y a honor a la Nación, el Estado y su gente”? ¿Acaso tomaron “muy en cuenta los consensos que se den entre el gobierno y la sociedad, haciendo un verdadero trabajo en equipo para bien de todas y todos”?
Por si caso existiera alguna duda respecto al contubernio entre Gobernador y Congreso, veamos los motivos que indujeron al inútil de Javier Corral a proponer ‘a última hora’ esta reforma constitucional: “el Gobierno de Chihuahua ha liderado una de las batallas más ejemplares para todo México en materia de persecución de actos corruptos, mucho antes de que las instituciones prefiguradas por el nuevo orden jurídico comenzaran siquiera a tomar forma”.
“…es preciso garantizar a nivel constitucional la eficacia y eficiencia de la institución encargada del combate a la corrupción desde el ámbito penal, así como evitar injerencias o influencias indebidas que vulneren o impidan la imparcialidad y objetividad en sus decisiones, ya que de otra forma, el procesamiento y castigo de quienes cometen actos de corrupción seguirá sin cumplir con las expectativas ni con los objetivos requeridos, permitiendo que la corrupción siga subsistiendo, incrementando las desigualdades sociales y afectando a los más pobres”.
Ante semejantes disparates, considero mi obligación –como analista político– dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué tan cierta es la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción? ¿Esta nueva Fiscalía será eficiente y eficaz?
Antes de dar respuesta a estas dos interrogantes, demos un repaso a la nueva redacción del texto constitucional en materia de anticorrupción. Se reforma el contenido el Art. 122 de la Constitución Local, para establecer que la Fiscalía Anticorrupción será un órgano constitucional autónomo especializado, encargado de ejercer las facultades atribuidas por la Constitución Federal y local, así como en las demás leyes aplicables, a los órganos responsables de la investigación de hechos de corrupción”.
Para tal efecto, se le conceden “facultades para promover la acción de extinción de dominio de bienes… contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y presupuestal, normativa y de gestión en cuanto a su organización interna e independiente en su funcionamiento y decisiones para la investigación y persecución de delitos por hechos de corrupción”.
Respecto al personaje que habrá de ocupar el cargo de Fiscal Anticorrupción, éste será nombrado por el Congreso “por el voto de al menos las dos terceras partes de los diputados presentes… de conformidad con la convocatoria pública y de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley”.
Sin embargo, hay un descarado truco en cuanto al nombramiento del titular de la ‘nueva’ Fiscalía, porque en el Artículo Noveno Transitorio, se precisa que “la C. Gema Guadalupe Chávez Durán, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, asumirá la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y continuará ejerciendo sus funciones hasta concluir el periodo para el cual fue designada”.
Luego, me queda claro que la supuesta ‘autonomía’ de la nueva Fiscalía Anticorrupción, es puro rollo político. Y que su eficiencia y eficacia estará, como siempre, sujeta a los caprichos del gobernante en turno.
Así las cosas, me parece que es más fácil cambiar de calzones que reformar la Constitución del Estado. O digámoslo de manera más sutil con unos versos de Alberto Cortez: “Si vieras qué fácil, nomás hay que dejar de lado la moral y hacerle un nudo a la razón… Te digo que es fácil, muy fácil, nomás hay que callar, no ver y no escuchar y hacer de tripas corazón”.
