A 10 años de la desaparición de los primos Alvarado, y a un año de la emisión de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano, hay nulos avances en el caso para dar con su paradero
Ciudad Juárez – La noche de 29 de diciembre de 2009, en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, Chihuahua, fueron detenidos y desaparecidos Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado. Sus familiares denunciaron que elementos del Ejército mexicano se los llevaron en vehículos oficiales y desde entonces no han sido localizados.
Han pasado 3661 días sin ellos. El paso del tiempo no puede borrar de las memorias de sus familiares la ausencia y la desesperación por no saber dónde están, afirmó el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) en un comunicado donde este martes denunció que a 10 años de la desaparición los Alvarado, y a un año de la emisión de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado Mexicano, hay nulos avances en el caso para dar con su paradero.
“Hoy más que nunca, los rostros de las tres víctimas desaparecidas siguen en la memoria de sus familiares”, agregó.
El caso de los primos Nitza, José y Rocío fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde el 28 de noviembre del 2018 se condenó al Estado Mexicano por la desaparición de los Alvarado, hecho que ocurrió en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, implementado por el gobierno de Felipe Calderón.
El 20 de diciembre de ese mismo año se notificó la sentencia condenatoria en la que la Corte resolvió que el Estado mexicano había desaparecido a las víctimas, que era responsable del desplazamiento forzado de varios de sus familiares, así como de la impunidad en el caso y de la falta de protección ante amenazas e incidentes de seguridad.
El CEDEHM, que acompaña jurídicamente a los Alvarado, recordó que el tribunal internacional ordenó, entre otras medidas de reparación, a buscar a las víctimas, sancionar a los responsables, reubicar a las familias desplazadas y brindarles acompañamiento psicológico.
También, agregó, que México quedó obligado a realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional, publicar la sentencia en diferentes medios escritos y electrónicos, avanzar un registro de personas desaparecidas, en la capacitaciones a fuerzas armadas y pagar indemnizaciones.
Sin embargo, denunció, que “el Estado mexicano no ha cumplido en su totalidad ninguna de las reparaciones ordenadas por la Corte IDH”.
Además, añadió, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se ha rehusado a participar en las reuniones de implementación de la sentencia, así como en el otorgamiento de información sustancial para varias medidas de reparación como lo es la búsqueda de las víctimas, el avance en las investigaciones y las capacitaciones adecuadas.
Adicionalmente, el pasado 19 de diciembre, la Corte IDH notificó a las víctimas que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Embajada de México en Costa Rica, había presentado un escrito mediante se niega hacer el pago de la indemnización de una de las víctimas.
Alega el derecho interno basado en normativa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para hacer el pago ordenado por el tribunal interamericano, expuso el CEDEHM, agrupación que considera desafortunado e ilegal la actuación de la SRE.
El Estado mexicano contaba con noventa días para presentar una interpelación de sentencia, lo cual no hizo. El hacerlo un año después de notificada la sentencia no solo es extemporáneo, sino que justifica el incumplimiento de la sentencia en disposiciones de derecho interno, incumpliendo flagrantemente con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y con el artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, expuso.
Apenas el 6 de enero, Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, al dar a conocer el informe de ‘Fosas Clandestinas y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas’ dijo que con esa acción se daba cumplimiento algunas de las sentencias que la Corte IDH ha hecho extensivas al Estado Mexicano, como es el caso de los Alvarado, donde se obliga le obliga a tener un registro con esta información.
Sin embargo, el CEDEHM considera que el actuar del Estado Mexicano en este caso se ha caracterizado por una excesiva burocracia, falta de coordinación, obstaculización flagrante de algunas autoridades y una lentitud que revictimizan a las familias, acusó el organismo que representa a los parientes de las víctimas.
Frente a este panorama, los familiares exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a las y los titulares de las dependencias correspondientes, que garanticen el cumplimiento íntegro de la sentencia, se informó.
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