México rechaza el plan del presidente Trump, pero reconoce que es una decisión que corresponde al gobierno de Estados Unidos. En el fondo se trata de una vuelta más de tuerca en la endurecida política migratoria del magnate
Texto: Alberto Nájar
Pie de Página
Ciudad de México –El gobierno de Donald Trump anunció que enviará a los mexicanos que piden asilo en su país a Guatemala, durante el tiempo que se desahogan los procesos en cortes de migración.
Es la primera vez en la centenaria relación entre México y Estados Unidos que se adopta una medida de esta naturaleza, y se mueve en el mismo camino del endurecimiento a la política migratoria del magnate.
Desde hace décadas muchos mexicanos detenidos en territorio estadounidense por violar leyes migratorias son devueltos a su país.
Ahora eso podría cambiar, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Interior (DHS por sus siglas en inglés).
En su cuenta de Twitter el director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, confirmó la estrategia.
El funcionario comentó un artículo publicado por el portal BuzzFed.News.
La historia anuncia que la administración Trump enviará al país centroamericano a los mexicanos que piden asilo.
“El titular es cierto, pero no he leído el resto” de la nota, escribió Cuccinelli.
En todo caso, la iniciativa afectará “a ciertos mexicanos que solicitan asilo humanitario”, de acuerdo con un portavoz del DHS citado por medios estadounidenses.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechaza la propuesta. México, señala en un comunicado, no está de acuerdo con la determinación del Departamento de Seguridad interior para continuar los procesos de asilo en Guatemala.
“Si bien se trata de una disposición propia de la jurisdicción estadounidense, se estima que esta medida podría afectar a alrededor de 900 solicitantes de asilo a partir del mes de febrero”.
De acuerdo con la Cancillería el gobierno mexicano busca alternativas para quienes enfrenten este problema.
“En conjunto con autoridades a nivel estatal y local trabajará para ofrecer mejores opciones a las y los mexicanos que pudieran ser afectados por esta disposición”, añade el documento.
En todo caso, el anuncio de esta semana no es nuevo. Los primeros detalles del plan estadounidense se conocieron hace varias semanas.
Ken Cuccinelli lo adelantó en un mensaje de Twitter el 19 de diciembre. En esa red social escribió que los gobiernos estadounidense y guatemalteco “trabajan estrechamente” para continuar con el acuerdo de migración firmado en julio por ambos países.
Se trata del Acuerdo de cooperación y asilo que en los hechos convierte a Guatemala en un “tercer país” seguro para los migrantes.
Una polémica medida que virtualmente obliga a esa nación centroamericana a recibir a prácticamente todas las personas que envíe Estados Unidos.
Pero no sólo allí. La estrategia de Trump incluye a El Salvador, que aceptó hace unas semanas seguir la ruta guatemalteca, y a Honduras cuyo gobierno está en la mira de la DEA por la presunta vinculación de su presidente, Juan Orlando Hernández, con el narcotráfico.
Originalmente la idea era aplicar el plan para los migrantes centroamericanos. Desde el 21 de noviembre, cuando se puso en marcha, Guatemala ha recibido a 43 hondureños.
Hasta ahora la estrategia no se aplica por completo y sigue en proceso de implementarse, pero mientras eso ocurre “se están considerando todas las poblaciones, incluidos los ciudadanos mexicanos” publicó Cuccinelli en Twitter a mediados de diciembre.
En ese momento no hubo reacción del gobierno mexicano. Inclusive este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no tenía información sobre el tema.
Hasta ahora no está claro cómo sería el proceso para enviar a los mexicanos que buscan refugio al país centroamericano.
Al menos desde los años 70, cuando empezó a incrementarse el arribo de mexicanos en situación migratoria irregular, Estados Unidos aceptó enviar a todos los que capturase de regreso a su país.
Años después el acuerdo se limitó a cien kilómetros de territorio desde la frontera común al norte, aunque también incluía a sitios como California, con alta población mexicana.
Desde la década de 2000 los dos países establecieron protocolos para la repatriación voluntaria y la deportación de mexicanos.
La mayoría son entregados por tierra en las aduanas de ciudades fronterizas como Tijuana, Nogales, Nuevo Laredo, Reynosa o Ciudad Juárez.
Pero también existe un acuerdo para enviar en avión, cada semana, a cientos de personas desde Estados Unidos a Ciudad de México.
Estos convenios son exclusivamente para ciudadanos mexicanos deportados o que deciden volver a su país.
En el caso de quienes pedían asilo se aplicaba el mismo protocolo para el resto de las nacionalidades, es decir, iniciaban un proceso ante cortes de migración.
Hasta hace un par de años la mayoría de los solicitantes permanecían en Estados Unidos mientras se resolvía su caso, como marcan las leyes de ese país.
El presidente Donald Trump cambió las reglas, algo que afectó también a mexicanos.
Frontera norte: candil de la calle…
Desde julio pasado, cuando Guatemala firmó el acuerdo con Trump, algunas organizaciones como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), insisten que ese país no tiene condiciones para ser un “tercer país seguro”.
Según el organismo el sistema de asilo guatemalteco sólo puede atender a 200 solicitudes al año. Nunca aumentó la capacidad porque, en términos reales, muy pocas personas querían refugiarse en ese país.
Además, la cantidad de empleados en su sistema migratoria es mínima: una centena para todo el país. Estados Unidos sabe de tal incapacidad.
Un comunicado de su embajada reconoció a mediados de 2019 que la administración Trump apoyaría a Guatemala para mejorar el mecanismo local de protección a refugiados.
No es todo. El país centroamericano tiene serios problemas de violencia y pobreza, que complican la estancia de los solicitantes de asilo advierten defensores de derechos humanos.
El Movimiento Migrante Mesoamericano, por ejemplo, dice que la inseguridad es un riesgo permanente para la migración.
Paradójicamente, es una condición similar a la que enfrentan miles de personas que esperan en la frontera norte de México la resolución de sus peticiones de asilo en Estados Unidos.
La mayoría son centroamericanos, aunque también existen personas provenientes de África, Cuba o Haití.
Muchos enfrentan el riesgo de sufrir asaltos, secuestros o abusos sexuales, especialmente en ciudades de Tamaulipas como Matamoros, Reynosa o Nuevo Laredo.
Son poblaciones que disputan bandas de narcotráfico, como los carteles del Golfo y del Noreste.
No son los únicos sitios con problemas. En Ciudad Juárez, Chihuahua, fronteriza con Texas, organizaciones civiles advierten riesgos sanitarios entre los migrantes.
Desde diciembre pasado se detectó un brote de varicela en un albergue para migrantes, como reportó Pie de Página y la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
Hasta el momento son 136 casos de personas contagiadas, según datos del ayuntamiento de Juárez.
Inclusive el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció una estrategia especial para atender el brote, y de hecho se aplicaron ya más de mil 300 vacunas entre los migrantes.
Más allá de la crisis sanitaria, el incidente es una muestra de los riesgos que la administración Trump obliga a enfrentar a sus vecinos.
Hasta ahora la única respuesta de la Cancillería es un comunicado. México tiene elementos para escalar la disputa, pero el escándalo puede tener poco efecto.
La SRE reconoce que la Casa Blanca tiene el derecho de enviar a los solicitantes de asilo a los países considerados como “tercer seguro”.
Es poco lo que podría hacerse para evitarlo pues se requiere de una controversia en cortes internacionales que, en términos reales, es complicado de ganar.
El elemento fundamental es que los convenios binacionales se refieren al mecanismo para enviar y recibir deportados. La decisión de entregar a los mexicanos en garitas de su país es una especie de acuerdo no escrito.
En ese terreno la ruta presenta pocas alternativas, como una negociación política que, de cara a la pretendida reelección de Trump en noviembre de este año, se ve difícil… Y muy cara.
