Se espera que este viernes, el gobernador Javier Corral ordene una reducción del 50 por ciento de ‘compensación’ de los altos funcionarios, por concepto de compensaciones, sin duda será una medida plausible. Sin embargo, dicha medida debe quedar plasmada en la Constitución del Estado para evitar que pueda ser revertida por tratarse de un ‘pacto solidario’ ante una emergencia sanitaria
Gerardo Cortinas Murra
En la pasada colaboración editorial, hice referencia al principio fundamental del derecho social de los burócratas de recibir “una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su cargo, proporcional a sus responsabilidades”.
La cita es obligada, dada cuenta que hace unos días el Gobernador Javier Corral había anunciado un nuevo ‘Decreto de Austeridad’ en el que se proponía “disminuir al 50 por ciento compensación de secretarios y titulares de diversas dependencias”. Propuesta que se hizo extensiva a los Podres Legislativo y Judicial.
Sin embargo, el Acuerdo emitido por el Gobierno Federal en el que se establece como una acción extraordinaria la suspensión inmediata (del 30 de marzo al 30 de abril de 2020) de las actividades no esenciales, generó una serie de cambios en las políticas públicas de índole presupuestales.
En días pasados, el presidente López Obrador anunció que este domingo dará a conocer más detalles respecto a las acciones extraordinarias que impactan al presupuesto federal.
A su vez, Javier Corral adelantó que este viernes emitirá un Plan de Emergencia Económica (PEE) por medio del cual se pretende reorientar 1,200 millones de pesos del gasto estatal, para atender contingencia sanitaria; en el que se “contempla destinar recursos del Plan Estatal de Inversión para programas alimentarios, apoyo a Pymes y obras del sector salud”.
Al tratarse de un Acuerdo Ejecutivo, cuyo ámbito de aplicación es el Poder Ejecutivo, el Gobernador reiteró la petición a los otros Poderes Locales para “que hagan un ajuste de cierta cantidad; ellos sabrán cómo y de dónde realizarlo, pero nadie vamos a poder escaparnos de realizar ese ajuste al presupuesto”.
Uno de los componentes más importantes del PEE “será la reducción de sueldos, sobre todo en la compensación que perciben los funcionarios; en el caso del salario del Gobernador, será reducido en un 50 por ciento y la compensación de los funcionarios del gabinete estatal legal y ampliado, disminuirá a la mitad.”
Al respecto, resulta oportuno recordar que, en el ámbito laboral, se entiende por ‘compensación’ la gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor.
“Es el elemento que permite, a la empresa, atraer y retener los recursos humanos que necesita, y al empleado, satisfacer sus necesidades materiales”.
Por desgracia, constituye un hecho notorio que en México la eficiencia y eficacia del servicio público es totalmente ajena al monto de las exorbitantes e inmerecidas compensaciones salariales que perciben los altos funcionarios públicos.
Por otra parte, el clientelismo político auspiciado -por décadas- por el priato, trajo consigo un crecimiento exponencial de cargos burocráticos con el único propósito de cooptar el voto de miles de burócratas a favor del PRI. Con desleales prebendas, se generó una casta burocrática con sueldos estratosféricos que, a través del pago de inmerecidas ‘compensaciones’, se hacía más atractivo y lucrativo el acceso a la función pública.
Esta infame práctica política, generó una diferencia abismal entre el salario burocrático y salario de los trabajadores de empresas particulares. De tal manera que los sueldos que perciben los altos funcionarios públicos y ciertas prestaciones laborales, como lo son el aguinaldo y las vacaciones, resultan ser irracionalmente desproporcionadas; tal y como se acredita a continuación:
El aguinaldo de trabajadores es, de acuerdo a la ley Federal del Trabajo (LFT), de 15 días de salario; en cambio, el aguinaldo de los servidores públicos es, según lo establece el Código Administrativo, de 40 días de salario.
En cuanto a las vacaciones, la diferencia también es muy notoria: los trabajadores con más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, de seis días laborables; en cambio, los burócratas gozan de 15 días de vacaciones por semestre, ya que las dependencias oficiales tienen dos periodos vacacionales: en la segunda quincena de los meses de julio y diciembre. Aunado, a las llamadas vacaciones ‘oficiales’ (puentes por día festivos).
Así las cosas, debo reconocer que la pandemia del COVID-19 logró -en tan solo unos días- lo que por muchos años miles de ciudadanos exigimos a los gobernantes en turno: Un reajuste del salario burocrático.
Ahora, de motu propio, el día de mañana Javier Corral ordenará una reducción del 50 por ciento de ‘compensación’ de los altos funcionarios, por concepto de compensaciones. Lo cual, sin duda alguna, será una medida plausible. Sin embargo, dicha medida debe quedar plasmada en la Constitución del Estado, para evitar que, posteriormente, pudiera ser revertida por tratarse de un ‘pacto solidario’ ante una emergencia sanitaria.
Por mi parte, en los próximos días promoveré una INICIATIVA POPULAR con el propósito de lograr que la actual Legislatura apruebe una reforma a la Constitución Local en la que el PEE de Javier Corral quede plasmado como principio fundamental del pueblo chihuahuense.
Hoy, gracia a la pandemia que aqueja al mundo, los chihuahuenses tenemos la oportunidad de lograr una sociedad más justa, más digna…
