Si algo vino a quebrar la pandemia es una gran serie de absolutos que como sociedades hemos construido y nos hemos revendido hasta el absurdo. De repente, hay mujeres que para preservar su seguridad y la de sus hijos por nacer buscan evitar los hospitales; situación que solo demuestra que esa noción de seguridad hospitalaria era falsa
Celia Guerrero
@celiawarrior
Desde hace poco más de un mes, los mexicanos venimos escuchando los informes diarios sobre el coronavirus protagonizados por el más reciente galán de telenovela mexicana: el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell. En la conferencia que pareciera tan lejana del 6 de marzo, durante los primeros minutos de la transmisión, el subse enlistó a los grupos de la población vulnerables, entre ellos, mencionó a las mujeres embarazadas.
“Todos los días voy a recordar que las mujeres embarazadas tienen que tener un especial cuidado porque durante el embarazo se disminuye la eficacia del sistema de defensas, del sistema inmune, y en general las infecciones por virus se pueden complicar en las mujeres embarazadas”, dijo. Y así lo ha hecho en cada ocasión cuando se refiere a los grupos más vulnerables a la covid-19.
Sin embargo, a partir de la declaratoria de pandemia, la implementación de la campaña de sana distancia y el reconocimiento de emergencia sanitaria en México, poco se ha escuchado sobre las preocupaciones que esta circunstancia extraordinaria provoca a las mujeres embarazadas y las medidas que el Estado debería tomar.
No solo se trata del riesgo de contagio que las embarazadas pueden prevenir quedándose en casa, sino también de la exposición que podrían tener en hospitales a los que acudan a consultas prenatales o a parir, y si existirán atenciones o procedimientos médicos específicos para ellas en caso de mostrar síntomas de contagio.
Por la información que nos llega desde los países del norte global que enfrentaron la explosión de la epidemia antes que México, vemos que los sistemas de salud rebasados optaron por inducir partos a embarazadas en las semanas 39 o 40 para así aliviar la sobrecarga de pacientes en hospitales antes y durante el disparo de contagios.
En otros casos, las madres enfermas de covid-19 fueron separadas de sus recién nacidos aun cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda lo contrario. En diversas situaciones lo que pareciera priorizarse por encima del derecho a la salud de embarazadas y recién nacidos es la “operación efectiva” del sistema frente a la epidemia. A partir de estas muestras podemos predecir cómo actuará el sistema de salud mexicano, eternamente rebasado y precario frente a los de países de primer mundo.
Son pocas las mexicanas embarazadas que optan por la atención en espacios distintos a los hospitales, primero, porque son pocas las que saben que existen alternativas, cuando llevan embarazos sanos. Y son menos las que tienen las posibilidades de pagar por atención ginecológica privada en una casa de partos o en su propia casa.
Y aunque existen parteras tradicionales, profesionales y enfermeras obstétricas que acompañan a las mujeres durante el embarazo, parto y posparto a lo largo de la República, su trabajo es invisibilizado —cuando no criminalizado— desde las instituciones del Estado y ante una buena parte de la sociedad que interiorizó la medicalización del parto como sinónimo de seguridad.
Pero, si algo vino a quebrar la pandemia es una gran serie de absolutos que como sociedades hemos construido y nos hemos revendido hasta el absurdo. De repente, hay mujeres que para preservar su seguridad y la de sus hijos por nacer buscan evitar los hospitales; situación que solo demuestra que esa noción de seguridad hospitalaria era falsa. Porque, como escribe Isabel Fernández del Castillo en “El hospital no es lugar para partos (reflexiones en tiempos de pandemia)”, la saturación de los hospitales de pacientes con covid-19 hace evidente que un sitio pensado para curar enfermedades no es necesariamente un lugar para parir ni nacer.
Considerar lo anterior hace pensar en cuan misógina es una política pública y un sistema sanitario que establece de manera generalizada la atención de mujeres embarazadas como si estuvieran una patología, incluso cuando sus embarazos son perfectamente sanos.
Agreguemos ahora la violencia obstétrica —experiencia garantizada para un tercio de las mujeres que han parido en México— derivada de la política de control de los cuerpos de las mujeres, así como de prácticas médicas que no las priorizan ni las ponen en el centro de la experiencia del embarazo y el parto.
Por ello parece tan solo lógico que el feminismo defienda las elecciones de ELLAS en SUS embarazos y partos como un acto político más. Que sean cada vez más las mujeres que opten por parir en donde se les dé la gana, en casa, con parteras, doulas y/o ginecólogas que verdaderamente respeten sus decisiones y procesos.
“Así como salimos a marchar por el aborto legal, seguro y gratuito, debe existir un movimiento amplio que defienda las posibilidades de elección de las mujeres sobre cómo ser atendidas, en dónde y por quién cuando están embarazadas y paren”, considera la genia Hanna Borboleta, partera y directora clínica de Luna Maya.
En el camino de esta exigencia se nos atravesó una pandemia, sí, y lo único que hace es mostrar la urgencia de replantearnos que no todos los embarazos y partos deben ser atendidos en hospitales porque solo una minoría lo amerita, que pueden existir otros modos de parir y de nacer, y que se trata de un derecho de ellas y de todos a exigir.
Mientras, en México ya comienzan a organizarse iniciativas no gubernamentales para dar atención a las mujeres embarazadas durante la emergencia sanitaria.
