La medida temporal para reducir el pago de la remuneración por concepto de ‘compensaciones’ a los altos funcionarios estatales, es la oportunidad ideal para que la ciudadanía chihuahuense asuma un papel protagónico en el proceso legislativo para lograr una legislación que regule las relaciones sociales de una manera más justa y equitativa
Gerardo Cortinas Murra
El Art. 4º de la Constitución de Chihuahua establece que la participación ciudadana constituye un derecho humano de los chihuahuenses, “entendida como la capacidad de las personas para intervenir en las decisiones de la administración pública, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno, a través de los instrumentos que prevé la legislación aplicable”.
A su vez, la Ley de Participación Ciudadana establece que la iniciativa ciudadana “es el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho de proponer la expedición, reforma, derogación o abrogación de leyes estatales ante el Poder Legislativo, así como la reforma de la Constitución Política del Estado”.
Para que una iniciativa ciudadana sea analizada por el Congreso, se requiere que “la solicitud sea apoyada por un número equivalente al menos al cero punto uno por ciento (0.1%) de las personas inscritas en la Lista Nominal que corresponda”.
En el caso de una reforma a la Constitución del Estado, el apoyo mínimo ciudadano representa la cantidad de 2,800 ciudadanos inscritos en el listado nominal estatal.
Una característica de suma importancia en el procedimiento legislativo en la etapa de análisis de las iniciativas ciudadanas consiste en que la Comisión de dictamen legislativo está obligada a darle participación “a quienes firmen como representantes con el fin de que participen con derecho a voz al interior de los mismos”. Es decir, los ciudadanos promotores tienen la oportunidad de defender sus argumentos de frente a los diputados.
Sin embargo, al día de hoy, la actual Legislatura ha sido omisa -de manera por demás irresponsable- en aprobar el acuerdo mediante el cual se dé a conocer a la ciudadanía chihuahuense el formato mediante el cual se acredite la recolección de firmas de apoyo para la procedencia de las iniciativas ciudadanas.
Actualmente, tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y de la CDMX, promueven reajustes presupuestales, como una medida paliativa a los nefastos efectos económicos provocados por la pandemia del COVID-19; entre los cuales cual destaca la reducción de la nómina oficial mediante la reducción temporal de los sueldos de los altos funcionarios de gobierno. Inclusive, en el ‘Informe’ de la semana pasada, López Obrador mencionó la posibilidad de no pagar el aguinaldo este año a los burócratas federales.
Afortunadamente, tal y como lo dijimos en otra colaboración editorial, en tan solo unos días la pandemia del COVID-19 logró que el gobierno estatal ordenara una reducción temporal al salario burocrático. Medida que está condicionada al acuerdo que emita, en los próximos días, el Congreso Local para modificar el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.
La medida temporal para reducir el pago de la remuneración por concepto de ‘compensaciones’ a los altos funcionarios estatales, es la oportunidad ideal para que la ciudadanía chihuahuense asuma un papel protagónico en el proceso legislativo para lograr una legislación que regule las relaciones sociales de una manera más justa y equitativa.
Sin duda alguna, esta circunstancia nos facilitará recolectar las firmas ciudadanas necesarias para que los diputados locales aprueben las diversas iniciativas ciudadanas que, en los próximos meses, habrán de ser suscritas por miles de chihuahuenses; so pena de un inminente y cierto castigo a los candidatos de sus respectivos sus partidos políticos.
Ahora bien, los ciudadanos chihuahuenses que deseen apoyar este instrumento de participación ciudadana, o que en su caso, tengan la intención de presentar sus propias iniciativas ciudadanas deberán tener en cuenta el nuevo principio constitucional del Parlamento Abierto, mediante el cual se pretende “recuperar la confianza de la ciudadanía y fortalecer la democracia participativa a través de la involucración en el proceso legislativo de la sociedad”.
La primera iniciativa ciudadana que será presentada, una vez que el Congreso abra sus puertas al público, tiene como propósito erradicar la casta burocrática que goza de sueldos estratosféricos e inmerecidos; y que generó una diferencia abismal entre el salario burocrático y salario de los trabajadores asalariados.
Se trata de una reforma a la Constitución del Estado y al Código Administrativo, para establecer que, sin excepción alguna, que el monto de las compensaciones no exceda del 50% del sueldo base de los funcionarios públicos y que el aguinaldo de los burócratas estatales sea tan solo de 20 días de salario.
En la próxima colaboración, dedicaré todo el espacio para dar a conocer a la opinión pública chihuahuense el contenido de la reforma constitucional y legal que se propone, relativa a la reducción de la compensación y del aguinaldo burocrático.
P.D. Quiero expresar, públicamente, mi agradecimiento a LA VERDAD por brindarme la oportunidad de compartir este proyecto ciudadano. Gracias.
