Las comunidades que realizan manejo forestal, y que tienen instalaciones para ecoturismo, ya enfrentan el impacto económico que trae la emergencia sanitaria causada por el COVID-19
Emiliano Rodríguez Mega
Mongabay Latam
Este año la Semana Santa no trajo turistas al parque ecoturístico Presa del Llano, en el Estado de México. No se escuchó el chapoteo de los remos de kayak. Ni los gritos de visitantes que se deslizan en tirolesa desde los 60 metros de altura. Tampoco el siseo de la carne en los asadores. El parque solo ha recibido la visita constante de un hombre.
“Tengo que venir diario”, dice Felipe Martínez, administrador de Presa del Llano, que pertenece al ejido forestal de San Jerónimo Zacapexco. “Yo también dependo de toda la comunidad. Y si ven que flaqueo van a decir: ‘Bueno, entonces no tienes interés’. Van a meter a otra persona en mi lugar”.
A principios de marzo, el comisariado comunal dio la orden a Martínez y su equipo de 35 personas que debían cerrar el parque como medida de prevención ante la propagación en el país del virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad del COVID-19.
Desde entonces, solo dos personas se rotan por semana para visitar y cuidar del parque Presa del Llano. El resto de los trabajadores no permanentes, decenas de ellos, se han quedado sin acceso. Y, por lo tanto, sin ingreso.
“Fue un golpe muy fuerte,” confiesa Martínez. “Si esto hubiera pasado en otras fechas que no fueran Semana Santa, créeme que no lo hubiéramos resentido tanto. Esta es una fecha que esperábamos y ansiábamos todos”. La pérdida de ecoturismo, añade, no solo afecta a quienes trabajan en el parque. También aqueja a la comunidad entera de San Jerónimo Zacapexco, que recibe parte de las ganancias cada fin de año.
En los últimos días, Martínez ha recibido llamadas de sus compañeros rogándole por trabajo. “Dame chamba [trabajo]”, le dicen. Muchas veces es difícil saber qué contestar. “¿De dónde, si no hay ninguna entrada?”, responde. “Está muerto aquí”.
Los primeros impactos del coronavirus
El 30 de marzo, en vista del aumento en el número de casos confirmados de COVID-19, el gobierno mexicano declaró una emergencia sanitaria a nivel nacional y la suspensión de las actividades consideradas por la Secretaría de Salud como no esenciales.
La propagación del nuevo coronavirus también tomó por sorpresa a otras poblaciones que realizan manejo forestal comunitario. Una a una, han tenido que aislarse. La medida se ha tomado para proteger a sus habitantes, que suelen vivir apartados de las zonas urbanas y de la atención médica.
Las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria han sido casi inmediatas. Sobre todo para los poblados que realizan manejo forestal comunitario y que, además, desarrollan proyectos ecoturísticos como parte de su fuente de ingresos. Estas comunidades y ejidos enfrentan el desplome del mercado de la madera, así como la ausencia de turistas.
México es pionero del manejo forestal comunitario, un modelo en el que los ejidos o comunidades que son dueñas de bosques aprovechan en forma sustentable recursos como la madera y, al mismo tiempo, protegen este ecosistema.
Bajo este esquema, muchas comunidades se han convertido en la línea de defensa más importante de los bosques, sobre todo para prevenir plagas, tala clandestina o incendios.
A la vez, las empresas forestales comunitarias, creadas para vender la madera, han permitido a varias comunidades expandir sus actividades a otros proyectos, como el ecoturismo.
En México, alrededor de 1392 ejidos y comunidades tienen una empresa forestal comunitaria; 350 de ellas cuentan con infraestructura para ecoturismo, pero solo el 50 % desarrollaba esta actividad antes de la emergencia sanitaria, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
Crisis sanitaria y ambiental
Antes de la contingencia, el sector forestal ya se encontraba en aprietos debido a la escasez de personal y el bajo presupuesto con el que cuentan instituciones del sector ambiental, explica Rocío Contla Arzamendi, ingeniera forestal de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales en Ciudad de México. “Hoy día, yo creo que ni la misma Comisión Nacional Forestal [tiene] suficiente conocimiento de cómo se está viviendo la situación”.
Hace un par de días, en un grupo de WhatsApp que comparte con muchos otros asesores técnicos, Contla Arzamendi lanzó una pregunta. Quería saber cómo están resistiendo las comunidades de todo el país con las que trabajan de cerca. Las respuestas no fueron muy alentadoras. Muchas de las empresas forestales que asesoran han tenido que recortar el sueldo a sus empleados, en algunos casos, hasta el 75 %.
Antes de la emergencia sanitaria, Contla Arzamendi acostumbraba salir por lo menos una vez al mes a un parque nacional o ir de campamento. Ya no más. Su decisión pone a salvo los lugares que antes frecuentaba. Pero también perjudica al ecoturismo y la economía de quienes dependen de él.
Enmanuel Cosmes entiende ese dilema de primera mano. En marzo celebró los 15 años de la empresa comunitaria de ecoturismo que administra en Capulálpam de Méndez, Oaxaca. Ahora, él y las 18 familias que trabajan en la misma saben su futuro incierto. Sus cabañas, restaurantes y áreas recreativas —incluidos el cerco donde cuidan de venados cola blanca y su propio museo de la biodiversidad— no han recibido un visitante en más de dos semanas. Capulálpam, como otras comunidades de la Sierra Juárez, en Oaxaca, ha prohibido el acceso a turistas.
“Si esto sigue, nos afecta a todos”, dice Cosmes, quien solo recibe salario mínimo por ahora. “No sabemos cuánto más vamos a aguantar ni qué va a pasar después”. Su esposa también tuvo que suspender su negocio de medicina tradicional. Creen que pueden durar así un mes y medio más. Pero aún no tienen planes en caso de que la situación se prolongue.
Si las empresas forestales quiebran, las comunidades y muchas familias sufren también.
“Las empresas forestales son la vaquita de la comunidad. Es la que ordeñan para sacar dinero para todo”, dice Francisco Chapela, economista de recursos naturales de la asociación Estudios Rurales y Asesoría Campesina en Oaxaca. “Y ahorita pues las ventas se han detenido. La vaquita no está nutrida; la vaquita está flaca”.
Ante la epidemia del COVID-19, Chapela prevé dos escenarios futuros. Si se crean mecanismos solidarios y de fomento que apoyen a las comunidades forestales para que sigan resguardando los bosques, la economía podría reactivarse en algunos meses. Pero lo opuesto también podría pasar.
“El otro escenario es: cierren el changarro, se acabó el proyecto de ecoturismo, se acabó el proyecto forestal, cerramos los viveros y vamos a buscar chamba a ver a dónde. Y que vengan los ganaderos”, dice Chapela. En dos o tres años, “se puede venir un retroceso muy fuerte en el cuidado de los bosques y selvas de México”.
Leticia Merino, antropóloga del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no se siente muy optimista. Ella no cree que las instituciones del sector ambiental, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sean capaces de apoyar a las comunidades que lo necesiten.
Para 2020, al sector ambiental se le destinó un presupuesto de 29 mil millones de pesos (aproximadamente 1225 millones de dólares, al tipo de cambio actual), suma que representa 56 % menos del dinero que se le destinó en 2015.
“Si tenían poco presupuesto, yo me atrevo a pensar que van a tener aún menos. Y si la impartición de justicia ambiental [era] débil, va a ser todavía más débil”, dice. Eso podría provocar un repunte de tala clandestina e incendios provocados en regiones donde el monitoreo y la vigilancia flaqueen debido al distanciamiento social.
La Conafor difiere. A partir de mayo y junio, las comunidades que hayan solicitado apoyos a través de subsidios recibirán fondos para invertirlos en acciones de reforestación, manejo forestal sustentable o conservación de suelo y agua, asegura Mario Mosqueda Vázquez, coordinador general de producción y productividad de la dependencia. Estos recursos servirán “para reactivar su economía”, dice.
Otros apoyos, como el Programa por Pago de Servicios Ambientales, también seguirán activos durante la epidemia. Y ya se está conversando con secretarías de estado para ver la posibilidad de comercializar la madera que produzcan las comunidades para fabricar viviendas y no dejar que el mercado de productos forestales se desmorone.
Durante la crisis sanitaria, añade Mosqueda Vázquez, la prevención de incendios y las acciones de sanidad serán consideradas como actividades esenciales. Y el personal de estas áreas seguirá asesorando a las comunidades forestales del país, aunque sea a través de llamadas o videoconferencias remotas.
Felipe Martínez y Enmanuel Cosmes piensan que esta epidemia puede ser una oportunidad. Una lección para su comunidad. Un momento para crear algún plan de acción, o quizás un fondo de contingencia, para que permanezcan, trabajen y salgan adelante en otras ocasiones. Pero ahora lo que prevalece es la duda.
“Me preocupa mi gente”, dice Martínez. “Si se alarga esto, ¿qué vamos a hacer? Va a estar complicado porque de aquí nos sostenemos”. Mientras tanto, sus compañeros le llaman. Él los escucha. Quieren regresar al parque a trabajar.
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Este contenido es publicado por La Verdad con autorización de Mongabay Latam. Ver original aquí. Prohibida su reproducción.
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