Hospitales abandonados, corrupción en la compra de medicinas, desvío de miles de millones de pesos para comprar equipo médico. Es la cruda realidad del sistema de salud de México, el que ahora enfrenta un reto histórico con la pandemia de coronavirus. Aquí una radiografía del desastre
Texto: Alberto Nájar / Pie de Página
El diagnóstico del sistema público de salud en México se define con una frase: es un desastre.
Lo ha dicho el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y lo repite el presidente Andrés Manuel López Obrador. No es sólo una declaración.
El actual gobierno heredó de las anteriores administraciones cientos de hospitales abandonados, o que se construyeron con sobreprecio y en lugares inadecuados.
El robo de medicinas era cotidiano, como la asignación irregular de contratos por servicios que no se cumplían. El presupuesto para comprar equipo médico se desvió a través de empresas fantasmas, o simplemente se esfumó.
En febrero pasado, cuando empezó la pandemia de coronavirus en México, según datos oficiales el monto de una parte de las irregularidades superaba los 91 mil 800 millones de pesos.
Es la suma de los desvíos con facturas falsas en la compra de insumos médicos, la inversión para rehabilitar hospitales abandonados y el dinero que se utilizaba para comprar medicamentos a unos cuantos laboratorios.
En dólares las irregularidades alcanzan 4 mil 831 millones al tipo de cambio promedio en febrero.
El Caso Odebrecht, calificado por el gobierno de Estados Unidos como “el mayor escándalo de corrupción en la historia”, implicó sobornos por 735 millones de dólares.
Es decir, en términos económicos el desastre que heredó el gobierno de López Obrador en el sistema de salud es seis veces mayor al controvertido proceso internacional.
Pero no es sólo un asunto de dinero porque el desmantelamiento de hospitales, el saqueo de medicinas y la privatización de servicios indispensables costaron vidas.
“Encontramos una situación de desastre”, dice Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud.
“Contrario a lo que se comentaba en administraciones pasadas como una visión optimista, nuestro sistema ha acumulado en las últimas tres o cuatro décadas un enorme rezago en aspectos fundamentales para garantizar el derecho a la protección de la salud”.
En otras palabras, reconocen funcionarios y especialistas, el sistema de salud mexicano vive la peor crisis de su historia. Y con esta realidad se ha enfrentado la pandemia de coronavirus.
Radiografía del desastre: los hospitales
Un ejemplo del rezago heredado el 1 de diciembre de 2018 son los 327 hospitales, clínicas y centros de salud que están abandonados o a medio construir, según datos de la Secretaría de Salud.
Muchos se construyeron en lugares no adecuados, como cañadas, en terrenos inestables o pantanosos, ha dicho el presidente López Obrador. En otros casos el proceso de edificación fue deficiente o nunca recibieron el mantenimiento adecuado.
Tras los sismos de septiembre de 2017 ya no fue posible volver a ocuparlos como ocurre con el Hospital General de Zona 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El nosocomio, ubicado en el oriente de Ciudad de México, era uno de los más importantes de la capital. Está en proceso de demolición.
No es todo. En los tres gobiernos anteriores se construyeron hospitales especializados en poblaciones donde no se necesitan, o muy apartados de la zona donde se encuentra la población a la que supuestamente debían atender.
La decisión de instalarlos allí no fue por una planeación o estrategia sanitaria, asegura Mario Luis Fuentes, director de la organización México Social y exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Una gran cantidad de hospitales se construyeron por razones políticas” explica. “Realmente no tienen infraestructura, equipamiento humano ni recursos”.
El secretario de Salud cree que también hubo corruptelas en la construcción de los hospitales ahora abandonados.
“Son escandalosos monumentos de la incompetencia, la corrupción y el tráfico de influencias”, afirma Jorge Alcocer Varela.
Para rehabilitar los hospitales abandonados el gobierno federal planea invertir 17 mil 600 millones de pesos, más de 800 millones de dólares.
Medicinas y equipo médico
Otra parte de la herencia es el sistema de compra y distribución de medicinas o equipo médico como los controvertidos respiradores mecánicos, y que según las autoridades se concentró en unos cuantos proveedores.
Los medicamentos se compraban con sobreprecio, y en muchos casos la inversión pública no garantizaba la disponibilidad de los productos afirma el presidente López Obrador.
“No había abasto, comprando a tres, cuatro o hasta 10 veces más el valor real de un medicamento. Había políticos vendiendo medicinas o protegiendo a distribuidores de medicinas”, dijo en su conferencia de prensa matutina del 3 de marzo.
Desde febrero de 2019 cambiaron las reglas y se suspendieron los convenios con quienes fueron proveedores de otros gobiernos.
En promedio el presupuesto para adquirir las medicinas era de 70 mil millones de pesos anuales, unos 3 mil millones de dólares. Muchas de estas compras solían ser irregulares.
La decisión causó problemas en la disponibilidad de algunos productos, como medicinas para atender VIH o para tratamientos de cáncer.
López Obrador advirtió de un boicot de los distribuidores y ordenó comprar los medicamentos en el extranjero.
Fotografía: Miriam Ramírez / Iniciativa Sinaloa
Algo parecido ocurría con el equipo médico. En los informes de presupuesto ejercido en el sistema de salud federal, y especialmente en los estatales solía reportarse la compra de equipos de cirugía, rayos X o ventiladores mecánicos, por ejemplo.
Pero los dispositivos nunca se adquirieron. Al inicio de la pandemia la Secretaría de Salud encontró que muchos de los respiradores, fundamentales para atender a enfermos graves de covid, sólo aparecían en el papel.
Facturas falsas
Aún hay más.
Un estudio de la organización Justicia Justa reveló que desde hace décadas existe una práctica cotidiana de comprar equipo médico, contratar servicios y adquirir medicinas a través de empresas consideradas “fantasma”.
Una costumbre en los sistemas estatales y el federal. Los activistas revisaron facturas de sólo 90 de las 26 mil instituciones de salud pública que hay en el país.
Son, por ejemplo, clínicas, hospitales, farmacias, consultorios y oficinas vinculadas con el servicio sanitario en gobiernos de los estados, municipios y las autoridades federales.
En esa revisión Justicia Justa encontró desvíos por más de 4 mil 179 millones de pesos, unos 190 millones de dólares, justificados en el presupuesto fiscal con facturas falsas.
Pero lo más grave, dice Luis Pérez de Acha el director de la organización, es que su estudio es apenas una pequeña muestra de la realidad en el sistema mexicano de salud.
“Evidencia un problema sistémico y arraigado en el sector salud, es una práctica común”, explica.
“Si con 90 casos detectamos esa proporción del daño, la realidad es que existe una cantidad descomunal, desconocida, de afectación en el sector salud”.
Privatización letal
¿Cómo se llegó al actual desastre en el sistema de salud de México?
Una respuesta es la decisión de reducir el presupuesto fiscal al servicio público de salud, dicen autoridades y especialistas.
Por ejemplo, Mario Luis Fuentes recuerda que México es uno de los países que destina menos porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB) al tema de la salud.
De hecho es el que menos inversión pública sostiene entre los miembros de la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE).
“Las finanzas públicas han quitado recursos al sector salud en los últimos lustros, y eso ha llevado a este sistema de erosión de las capacidades” explica.
No es todo. Al tiempo que por decisión de los distintos presidentes –desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto- bajó el presupuesto en el sistema público de salud, en el país aumentó la inversión privada en el sector.
La idea fue que los empresarios podrían suplir las dificultades y carencias del sector público. Pero no fue así en todos los casos, insiste el subsecretario López-Gatell.
“Hubo un proceso de deterioro en el sistema nacional de salud donde el elemento clave fue una privatización subrepticia”, explica. “Han proliferado servicios privados que no garantizan la cobertura ni calidad o sofisticación de un servicio necesario”.
Uno de los mayores precursores de este modelo fue Julio Frenk Mora, secretario de Salud en el gobierno de Vicente Fox. Él, de hecho, estableció las bases de lo que después fue bautizado como Seguro Popular.
La consecuencia de este modelo, al que López-Gatell llama “privatización subrepticia”, fue corrupción y saqueos. Pero también causó muertes.
Un ejemplo es la mortalidad materna. Entre sus causas principales se encuentran las hemorragias obstétricas, porque generalmente los hospitales no tienen abasto suficiente de sangre segura.
En los años 80 se creó un sistema público de bancos de sangre que a partir de 2000 empezó a desmantelarse. Los distintos gobiernos, federales y en los estados, cancelaron recursos fiscales para el tema.
Muchos de estos espacios se cerraron o se transformaron en oficinas administrativas. Su lugar fue ocupado por negocios privados. Al inicio del actual gobierno, cuenta López-Gatell, se detectaron 580 bancos de sangre pero sólo 110 son públicos.
Y de los que son privados “ninguno, y no es metáfora, cumple con los estándares de calidad internacional para considerar la sangre que ofrecen como segura”.
Pero no es todo. La Secretaría de Salud revisó los sitios donde se registra mayor índice de mortalidad materna y detectó que, en esos lugares, no hay bancos de sangre.
Los propietarios de estos negocios decidieron establecerlos, por ejemplo, en las poblaciones donde existen servicios médicos privados.
“No es casualidad” insiste el subsecrecretario. “Es producto de una intención deliberada”.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
