La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) llegó a sus 20 años de creación con el presupuesto más bajo de su historia. Esos recursos podrían reducirse aún más, lo que pondría en riesgo los trabajos de cuidado y conservación de las 182 áreas naturales protegidas en el país
Thelma Gómez Durán / Mongabay
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) llegó a sus dos décadas de existencia, que cumplió el pasado 5 de junio, con el presupuesto más bajo de su historia, pero también con la amenaza de tener aún menos recursos para el segundo semestre del 2020.
En los últimos cuatro años, el presupuesto destinado a la Conanp, organismo descentralizado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ha ido en picada: en 2016 contó con 1300 millones de pesos (poco más de 60 millones de dólares), uno de los años en los que tuvo más recursos; para 2020 se le otorgó 867 millones de pesos (un poco más de 40 millones de dólares).
Este monto se reducirá aún más con el ajuste presupuestal que el gobierno federal busca implementar, después del decreto publicado el pasado 23 de abril, donde se establece que “no se ejercerá el 75 % del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros”. Es decir, no se tendrán recursos para gastos de operación relacionados con la renta de oficinas, papelería, gasolina, mantenimiento o viáticos.
Además de estos ajustes presupuestales, hasta el pasado viernes 5 de junio, la Conanp tenía “congelados”, por la Secretaría de Hacienda, recursos que se destinan a proyectos como el llamado “Sinergia +” que la institución tiene con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Si esos recursos no se liberan en los próximos días, no se podrá renovar el contrato de 150 consultores técnicos, de los 235 que forman parte del programa con el PNUD, explicó en entrevista con Mongabay Latam, Roberto Aviña Carlin, comisionado de la Conanp.
De los 150 consultores técnicos muchos son guardaparques o trabajan en campo con las comunidades que se encuentran dentro y alrededor de las áreas naturales protegidas.
Reajuste institucional
El programa Sinergia + —cuya vigencia es hasta 2022— tiene como objetivo fortalecer el manejo efectivo de las áreas naturales protegidas. Además, permite a México cumplir con diversos compromisos establecidos en el Convenio sobre Diversidad Biológica, en el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, entre otros.
El 30 de junio se termina el contrato semestral de gran parte de estos consultores técnicos del programa con el PNUD, por lo que en los próximos días tendría que definirse si se contará con los recursos necesarios para la renovación de sus contratos.
“Estamos en una situación complicada”, reconoce el comisionado, quien explica que la Conanp transfiere el dinero al PNUD para que este organismo contrate a los consultores. “Desafortunadamente —señala Aviña— no son funcionarios de Conanp, su relación contractual es con el PNUD, así se ha llevado durante muchos años”.
Aviña asegura que se está revisando el presupuesto que se tenía para otros programas; además, están en reuniones con funcionarios de Hacienda para encontrar la manera de tener los recursos que permitan renovar el contrato a los 150 consultores del programa del PNUD.
Uno de los presupuestos que se han visto obligados a revisar, en este contexto, es el del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes), el cual subsidia proyectos en las comunidades que se encuentran dentro de las áreas naturales protegidas o en su zona de influencia.
Este programa ya operaba con menos presupuesto, si se compara con otros años. En 2019, la Conanp transfirió a programas de subsidios —incluyendo el que tiene con el PNUD— 420 millones de pesos (19 millones de dólares). Para 2020 solo recibió 310 millones de pesos (14 millones de dólares) para estas acciones.
De acuerdo con datos de la misma Conanp, a principios de este año se aprobaron 1280 proyectos presentados por las comunidades para recibir recursos del Procodes. Sin embargo, a partir de los ajustes presupuestales, Aviña explicó que se revisan cada uno de esos proyectos para determinan cuáles podrán seguir y en cuáles se hará una reducción del dinero que originalmente se aprobó.
Con los recursos del Procodes se apoyan proyectos relacionados con el desarrollo de actividades productivas —como la apicultura—, el combate a los incendios, la restauración ambiental, el monitoreo biológico, entre otras acciones.
En la entrevista, el comisionado reconoció que aunque la institución reestructure algunos programas y busque la mayor eficiencia, el ajuste presupuestal del 75 % en los gastos de operación tendrá un fuerte impacto. De concretarse esa reducción, la Conanp no podrá operar “de manera óptima”.
Quedarse sin gasolina
El pasado 5 de junio, fecha en que se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, el titular de la Semarnat, Víctor Toledo anunció que se estableció una mesa de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, para “arreglar” el tema del presupuesto en el sector ambiental.
Días antes, pero sobre todo ese mismo 5 de junio, en las redes sociales se difundieron cartas y manifiestos de más de 60 organizaciones civiles, investigadores, conservacionistas e incluso extitulares de la Sermanat. En estos pronunciamientos se solicitaba —y en algunos casos se exigía— al gobierno federal detener los recortes al presupuesto de las dependencias ambientales, en especial al de la Conanp.
Incluso se abrió una petición en Change.org, para solicitar al presidente el “Restablecimiento del presupuesto de la Conanp”. Hasta el domingo 7 de junio, más de 17 000 personas firmaron la iniciativa.
Algunas organizaciones no gubernamentales destacaron la incongruencia de disminuir el presupuesto en el sector ambiental y, al mismo tiempo, destinar recursos para megaproyectos como el llamado Tren Maya —cuyas obras ya comenzaron, sin contar con una Manifestación de Impacto Ambiental— y la Refinería Dos Bocas.
En la entrevista con Mongabay Latam, Roberto Aviña aseguró que a la Secretaría de Hacienda, así como al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya se les entregó un análisis sobre todo lo que estaría en riesgo, en caso de que el sector ambiental no cuente con los recursos necesarios para operar.
En el caso de la Conanp, señaló, el reducir al 75 % los gastos de operación implicaría que no se cuente con recursos para hacer gran parte del trabajo de campo que permite combatir incendios forestales, evitar la propagación de plagas, realizar monitoreo y trabajar con las comunidades en el cuidado y vigilancia de las áreas naturales protegidas.
“Estaría en riesgo la operatividad básica de la Conanp”, apuntó Aviña, quien además resaltó que la institución enfrenta 406 litigios jurídicos relacionados con demandas por la expropiación de terrenos o con inconformidades con los programas de manejo de las áreas naturales protegidas. Esa defensa legal se complicaría si no se cuenta con recursos suficientes.
Para Luis Fueyo, quien estuvo al frente de la Conanp de 2010 a 2015, de concretarse la disminución del presupuesto “se estaría inmovilizando a la Conanp”.
Fueyo identifica que las áreas naturales protegidas más sensibles a este recorte, por la fuerte presión que existe sobre ellas, son la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, el Parque Nacional Huatulco, la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’ an, el Parque Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuk, la Meseta de Cacaxtla, la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California, entre otros. “Son lugares —comenta— en donde ha costado mucho trabajo construir un tejido social para que los recursos naturales se conserven”.
Para Ernesto Enkerlin, quien fue titular de la Conanp entre 2001 y 2010, los recortes al presupuesto de la institución impactarán en el trabajo de conservación que se realiza con las comunidades.
Enkerlin resalta que el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes), uno de los que se afectarán con los recortes, ha sido el detonador de proyectos productivos exitosos, por ejemplo, iniciativas de ecoturismo que han beneficiado directamente a comunidades rurales e indígenas. Si este programa se debilita, advierte, se dará un golpe al trabajo de conservación que se hace con las comunidades.
Consecuencias que ya se miran
En la entrevista con Mongabay Latam, el comisionado Aviña confió en que se logrará un acuerdo con Hacienda, y que no se recortarán aún más recursos a la Conanp. Incluso si la dependencia logra sortear de la mejor forma el actual ajuste, su situación no deja de ser complicada, porque no cuenta con el presupuesto suficiente que le permita garantizar la protección y conservación de las 182 áreas naturales del país, que representan 90 millones de hectáreas.
Eso lo advirtieron desde enero de 2020, investigadores de Fundar, de la Sociedad de Historia Natural Niparajá y de Pronatura Noroeste, autores del estudio Cuidar lo que importa. Una mirada al presupuesto para las áreas naturales protegidas, en el que se señala que con el presupuesto que se aprobó en 2020, la Conanp solo contaba con 9.6 pesos (0.46 centavos de dólar) para cada hectárea a su cargo.
El estudio resalta que la Conanp recibe 2.56 % del presupuesto del sector ambiental, a pesar de estar a cargo del 11.14 % de la superficie terrestre y 22.05 % de la superficie marina nacional, “siendo en muchos casos la única dependencia del gobierno federal con presencia física en zonas rurales de alta marginación”.
La investigación resalta que la disminución constante que ha sufrido el presupuesto de la Conanp, ha llevado a una reducción de su capacidad operativa y eso “ya tiene impactos directos sobre el ambiente, resultando en la captura ilegal de especies y la pérdida de cobertura forestal”.
En una de las varias cartas que se difundieron entre el 4 y el 5 de junio, 44 organizaciones civiles e investigadores de la UNAM, como Luis Zambrano, del Instituto de Biología, y Rodrigo Medellín, del Instituto de Ecología, resaltaron como uno de los ejemplos del debilitamiento de las dependencias del sector ambiental lo que sucede en la Reserva de la Biósfera Montes Azules, en la Selva Lacandona, donde se han realizado invasiones y quemas “ante la mirada e inacción de las autoridades ambientales federales”.
Tan solo en su más reciente informe, dado a conocer el pasado 2 de junio, la organización Global Forest Watch señala que México está entre los países de América Latina que más bosques primarios perdieron durante 2019.
¿Dónde están los recursos que generan las ANP?
Anaid García Tobón, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar y una de las autoras del estudio Cuidar lo que importa, resalta que el país tiene fuentes de ingresos que, por ley, deberían destinarse a las áreas naturales protegidas, pero no sucede así.
Por ejemplo, están los recursos derivados por los derechos que se cobran a los visitantes de las áreas naturales protegidas (esa cifra fue de 86 millones de pesos, poco más de 3 985 000 dólares, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto) y el dinero derivado de las multas por acciones de inspección y vigilancia por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Entre 2011 y 2015, esos recursos fueron alrededor de 1500 millones de pesos (69 millones de dólares), de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación.
“Tan solo en materia turística, algunas áreas naturales protegidas, como Cozumel, generan más de 1500 millones de pesos al año”, señala García.
La investigadora también recuerda estudios que se han realizado en el pasado que mostraron que, por cada peso del presupuesto federal invertido en áreas naturales protegidas en 2008, estas aportaron a la economía, cuando menos, 52 pesos (poco más de dos dólares).
“Desde cualquier arista —resalta la investigadora de Fundar— la inversión en el cuidado del medio ambiente es indispensable para contrarrestar los efectos del cambio climático, asegurar el derecho humano a un medio ambiente sano y por la derrama económica que generan las áreas naturales protegidas y las actividades productivas que ahí se realizan”.
La Secretaría de Hacienda será quien tenga la última palabra sobre cuál será el ajuste presupuestal al sector ambiental. Por lo pronto, las dependencias ya están tomando acciones y buscando caminos para enfrentar la disminución en los gastos de operación.
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Este contenido es publicado por La Verdad con autorización de Mongabay Latam. Ver original aquí. Prohibida su reproducción.
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