Adriana Esquivel / Raíchali
Chihuahua.- La contingencia por COVID-19 y su consecuente “nueva normalidad” evidenció las profundas desigualdades que, históricamente, han sido denunciadas e ignoradas en la Sierra Tarahumara.
Los pueblos y comunidades indígenas que ancestralmente habitan en los 22 municipios que conforman esta región de Chihuahua, enfrentan hoy la falta de alimentos, la pérdida paulatina de su control territorial, un sistema educativo deficiente y racializado, así como la consolidación del gobierno de facto en manos de actores privados ilegales.
Esas problemáticas no son consecuencias derivadas de una pandemia, sino la manifestación de una estructura añeja de despojo y dominación racializados que urge desmantelar, expresó el Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas.
En un balance a 100 días de que se hizo efectivo en Chihuahua el decreto de confinamiento como estrategia para frenar los contagios de coronavirus, la asociación observó una serie de contrastes que afectó a la vida comunitaria.
Por ejemplo, el aislamiento dañó directamente la vida indígena que encuentra en sus celebraciones colectivas sus medios de sanación comunitaria y contención de las enfermedades.
Con la suspensión del proceso educativo en el que se encuentran 58 mil 241 niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas (según cifras de Inegi), generó un desbalance de la economía familiar de miles de hogares indígenas, al ser los albergues la principal fuente de alimentación para los estudiantes.
“A esa precarización alimentaria se sumó el alza de precios en las tiendas locales- administradas por familias no indígenas-, azuzada por la confusión generada por los medios de comunicación y por el cerco sanitario que, en algunas comunidades, bajo el control de grupos armados del tráfico de drogas, administró selectivamente el ingreso de proveedores de bienes y servicios”, destacaron.
Restringir la movilidad a los pueblos y comunidades indígenas, mostró la prevalencia de estrategias asistencialistas que merman la vigencia de proceso de construcción de autonomía, pues, la reacción inmediata tanto de la sociedad civil organizada, como del gobierno y del crimen organizado, fue entregar despensas.
En contraste, ningún decreto ni estrategia detuvo la tala legal e ilegal en manos de grupos de la delincuencia organizada, una problemática que se ha denunciado históricamente y que ha detonado el éxodo de familias y comunidades enteras.
“Camiones continúan extrayendo madera para ser procesada en aserraderos de la región, legales o clandestinos, sólo las comunidades con lazos y apoyo externo que permiten hacer denuncias y/o visibilizar de este despojo, pueden hacer más difícil las actividades a los taladores; lo cual genera altos riesgos para las propias comunidades y aquellas organizaciones que los acompañan”, denunció Cecaddhi.
La presencia del crimen organizado se mostró incluso como autoridad sanitaria, con lo que afianzaron su control territorial y político al implementar a discreción medidas sanitarias y asistenciales en coordinación con las autoridades municipales.
“Entre estas medidas encontramos la instalación de cercos sanitarios para controla la movilidad dentro y fuera de algunas comunidades, el otorgamiento de despensas y la implementación de multas a quienes infringen las reglas de la sana distancia, celebrando reuniones comunitarias”, añade el posicionamiento.
En ese contexto, la asociación hizo hincapié en que los efectos de la contingencia por COVID-19 son un reflejo de sus propias prácticas y contribuciones a la dependencia y aniquilamiento de los imaginarios autonómicos, por lo que cuestionó:
-¿A qué responde la poca presencia de opciones comunitarias de organización previas a la solicitud de despensas?
-¿Por qué insistimos en que las comunidades necesitan a las organizaciones de la sociedad civil para hacer frente a la pandemia?
-¿Qué haremos cuando, en el marco de la nueva normalidad, pueblos y comunidades sigamos habitando la misma normalidad desigual y deshumanizante?
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
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