Atrapadas en la frontera de dos países, migrantes embarazadas enfrentan el rechazo de instancias de salud en México, a donde fueron enviadas por el gobierno estadounidense para permanecer mientras resuelven su petición de asilo; su angustia se eleva porque ahora llegarán ante la Corte con un hijo en brazos
Rocío Gallegos / La Verdad
En los planes de Yumara estaba llegar a Estados Unidos junto con su pareja para pedir asilo y empezar una vida diferente a la que dejó en Cuba hace casi dos años. No pensó en un embarazo y menos que eso ocurriera después de hacer su solicitud de asilo y de ser enviada a permanecer en Ciudad Juárez
“Nunca pensé tener un hijo…en la vida tenía planeado tener un bebé, pero bueno ya Dios me lo mandó” dice la migrante de 27 años, mientras pasa sus manos por su vientre abultado donde lleva a su primogénito.
Estima que su parto puede ocurrir a principios de agosto, pero no tiene certeza de nada porque no ha tenido un consulta médica ni exámenes, menos un ultrasonido. Como la mayoría de los migrantes en Ciudad Juárez que esperan bajo el ‘Protocolo de Protección a Migrantes’ (MPP por sus siglas en inglés), Yumara –cuya identidad real fue cambiada por cuestiones de seguridad migratoria– carece de servicios médicos.
Cuenta que a su arribo a esta frontera, en abril del 2019, le otorgaron un servicios medico por tres meses, junto con unos documentos con los que podía esperar su proceso de asilo estadounidense; pero luego “pasado ese tiempo, ya no tenías posibilidades de atenderte en un hospital”.
No es la única migrante embarazada que se encuentra en esta frontera mexicana a la espera de asilo en Estados Unidos y en la incertidumbre por no tener acceso a servicios de salud, sin empleo y sin dinero para pagar servicios de médicos particulares. Igual se encuentran Natalie y Andrea, también de Cuba; Derry, de Honduras, y Marianela, de Ecuador, entre otras más de 30 mujeres que se preparan para parir.
“Suponemos que el número se irá incrementando”, dice Blanca Navarrete, de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), agrupación que, junto con la Fundación Justicia y el Estado Democrático de Derecho, así como el Instituto para las Mujeres en la Migración, acudió a los tribunales para obligar a los gobiernos, federal y estatal, a brindarles, entre otras cosas, la atención médica a los migrantes que se encuentran en el estado de Chihuahua, en especial a las embarazadas.
No es fácil migrar y quedar embarazada en un país que no es el tuyo, tampoco es fácil si ocurre durante el camino, comenta Derry, de Honduras que lleva un año en la ciudad a la espera que las autoridades estadonidenses resuelva su solicitud de asilo.
A la mujer le preocupa su salud, pero más la de su bebé, su primogénito. Por ser migrante y no contar con dinero, tampoco ha encontrado espacio para su atención en estancias de salud pública en la ciudad.
Dice que fue retornada por el gobierno de Estados Unidos junto con su marido, entonces ambos se pusieron a trabajar para sostenerse durante su espera en esta frontera, pero a ella la despidieron cuando se dieron cuenta que estaba embarazada y su marido apenas si logra un ingreso de mil o mil 200 pesos por semana, con lo que pagan renta, servicios y compran alimentos. Para la consulta médica, “ya no alcanza, está muy difícil”.
Los grupos defensores de los migrantes promovieron un juicio de amparo, el número 570/2020, en el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, logrando abrir una puerta de solución al obtener una suspensión de plano y llamar la atención de los gobiernos para que atiendan a esta población que pasó de tener un estatus de tránsito a uno de residencia temporal en espera de asilo del otro lado de la frontera.
Navarrete explica que el juez otorga una suspensión para garantizar los derechos de las personas migrantes y de refugiados, en los que se incluye el derecho a la salud, pero también la regularización de su estatus migratorio, por la vulnerabilidad ante la pandemia.
Nada de eso ha ocurrido todavía. El Ejecutivo Federal interpuso una queja contra la decisión del juez donde alega que no tiene facultades. El amparo para garantizar servicio médico sigue en la pelea.
Mientras eso ocurre, las mujeres sufren el rechazo en hospitales públicos, en tanto DHIA mantiene la defensa de las migrantes para que sean atendidas en instancias de salud operadas por el gobierno, al tiempo que activó un programa ayudarlas durante en gestación.
Con recursos del Fondo Fronterizo de Asistencia para Refugiados, promovido por la diócesis de El Paso, Texas, la agrupación acogió a Yumara y Derry, así como a otras migrantes embarazadas a quien llevará a consultas médicas privadas y vitaminas, medicamentos, análisis, ultrasonidos y hasta despensas para su alimentación.
– ¿Van a pagar el parto?, se le cuestiona.
– “Si, de ser necesario” responde Blanca quien asegura que su intención es gestionar que los gobiernos asuman su responsabilidad por razones humanitarias. En algunos casos lo han logrado, en otros no.
Ni autoridades estatales ni federales de salud respondieron petición de entrevista sobre el tema.
Parto en México y asilo en EEUU
Cuando Yumara tenía los primeros meses de su embarazo fue a la clínica de Salud que se encuentra en el centro de la ciudad, ahí sufrió el primer rechazo.
La mujer comenta que se presentó en el lugar y ahí una enfermera le dijo que por motivo del COVID-19 no estaban atendiendo y que iba a empezar a atender a finales de junio. No se quedó conforme, acudió al hospital de la Mujer, ahí explicó su situación: “estoy embarazada y necesito atenderme”. Como respuesta le dicen que tiene que pagar. “No me atendieron”.
Su otra opción era ir a una consulta privada, pero no tiene dinero para pagarlo. Por ahora no trabaja. Antes de quedar embarazada laboraba en un restaurante, era mesera. Vive en el Centro, donde rentó una casa por la que le cobran cuatro mil pesos y ya debe dos meses.
La mujer llora mientras cuenta su experiencia. Ella llegó a Ciudad Juárez hace un año y cuatro meses. Es originaria de la Isla de la Juventud –ubicada en parte suroccidental de Cuba, aproximadamente a unos 142 kilómetros de la ciudad de La Habana–. Decidió salir de su país por su opinión política, “en mi país, tener una opinión o pensamiento diferente al del gobierno es inaceptable”.
En abril del 2019 meses llegó a Ciudad Juárez y hace siete meses pidió asilo en Estados Unidos, pero el gobierno de ese país le pidió permanecer en México mientras se resuelve su caso en una Corte de El Paso, Texas. En mayo tuvo su primera audiencia y la segunda, está programada para octubre, cuando estima que ya llegará ante el juez de migración con un bebé en brazos.
Hasta el momento de la entrevista la mujer apenas se alistaba para tener su primera consulta médica auspiciada a través de DHIA.
No es fácil, dice otra migrante de Venezuela, que pide no ser identificada. Tiene varios meses de embarazo y asegura que no la atienden en ningún hospital.
“No nos atienden por ser migrantes y aparte no tenemos papeles aquí, no estamos legal aquí y eso nos hace bastante difícil la situación” asegura la mujer que huyó de su país junto a su marido en busca de una mejor vida. Al llegar a esta frontera ambos comenzaron a trabajar en un casino, pero con la parición del COVID-19 se quedaron sin ingresos.
Una situación similar enfrentó Natalie, también de Cuba, que lleva acá un año y un mes. Ella se quedó sin trabajo, “una parte por embarazo, porque tenía muchas ganas de vomitar, y otra parte por la pandemia”.
Ella está sola en Ciudad Juárez, pero dice que se siente sana y fuerte y para salir adelante.
La preocupación inmediata de las migrantes embarazadas es encontrar atención médica, aunque su angustia se dispara al pensar sobre lo que pasará con su petición de asilo, que fue presentada sin estar embarazadas.
Taylor Levy, abogada migratoria y activista en El Paso, Texas, explica que en un principio las embarazadas no podían estar bajo el programa Permanecer en México, era una excepción para ellas.
Cuando iba a la Corte con meses de embarazo las dejaban allá para seguir el trámite y sus bebés nacían en suelo estadounidense, pero como ya no existe esa posibilidad, explica.
Las migrantes perdieron el derecho que tenían de dar a luz en Estados Unidos. La política del gobierno de Donald Trump las obligó a permanecer en México.
La angustia de las mujeres se eleva porque dicen que saben que no se puede ser mexicano y estar bajo Permanecer en México, pero su embarazo y el nacimiento de sus hijos será en este país a donde las enviaron a esperar la resolución a su petición de asilo.
Ahora solo les queda esperar a la reapertura de las Cortes, prevista para el 20 de julio, dice Tylor.
Blanca Navarrete dice que todas estas implicaciones de las migrantes, su embarazo, el acceso a la salud tiene muchas implicaciones para el estado de Chihuahua, en especial para Ciudad Juárez, por donde se estima que Estados Unidos ha enviado a más de 20 mil personas a permanecer mientras se da seguimiento a su petición de asilo.
Por eso la gestión de una solicitud de amparo, porque en la institución de salud los migrantes son rechazados sin tomar en cuenta las implicaciones que esa situación tiene en medio de una pandemia.
Un juez les otorgó una suspensión de plano, es decir, que mientras procede el juicio de amparo, concede esa protección para garantizar los derechos a las personas migrantes y refugiados, entre los que se incluye el derecho a la salud y también la regularización de su estatus migratorio, explica Navarrete.
“Tengo una esperanza”, dice Yumara, aunque considera que su situación sigue en el limbo, tanto en México, como en Estados Unidos.
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