El 16 de julio se cumplió un año del cierre de la gasolinera ubicada en la avenida López Mateos, el caso llegó hasta la Corte donde recientemente se resolvió en contra del recurso a través del cual la empresa propiedad de la secretaria de estado de Chihuahua y su familia buscaba la reapertura de esta y otras seis estaciones que también mantienen sus operaciones suspendidas
Gabriela Minjáres / La Verdad
Ciudad Juárez – La primera de las siete estaciones de gasolina Arco que fueron clausuradas a la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua, Alejandra de la Vega Arizpe, y su familia, cumplió un año sin operar en medio de una larga disputa legal por dominar el multimillonario mercado en Ciudad Juárez.
Al cumplirse este 16 de julio un año de haber sido clausurada la gasolinera ubicada en la avenida López Mateos y José Borunda, de la empresa Almacenes Distribuidores de la Frontera –propiedad de la familia De la Vega–, el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia (SCJN) de la Nación (SCJN), donde recientemente resolvieron en su contra el recurso a través del cual buscaban la reapertura de las estaciones.
Por mayoría de votos, los magistrados de la Segunda Sala de la SCJN determinaron que era infundado el recurso de reclamación promovido por Almacenes, con el que pretendían que el máximo órgano judicial del país conociera el caso que lleva más de 34 meses en los tribunales.
En la resolución del expediente 2949/2019, dictada el 6 de mayo de este año, se establece que las sentencias emitidas en este caso por Tribunales Colegiados de Circuito “son cosa juzgada, por lo que ningún tribunal, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está facultada para modificarlas o revocarlas”.
Por lo tanto, concluyeron que la apelación promovida era improcedente, con lo que confirmaron la sentencia emitida el 29 de octubre de 2019 por el presidente de la Corte, que ya había declarado infundado el amparo que presentaron en un primer intento para que el caso se resolviera en dicha instancia.
Con la resolución de la SCJN queda sin efecto el amparo que obtuvo Almacenes en mayo de 2018 en el juicio 781/2017, para que la Dirección General de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez le expidiera la licencia de uso de suelo para instalar la gasolinera en la avenida López Mateos sin aplicarle el reglamento que establece las distancias entre las estaciones de servicio.
El director Operativo de Almacenes, Antonio Jiménez Farías, así como Iván Antonio Pérez Ruiz, abogado de la empresa en este litigio, no respondieron a la solicitud de entrevista para conocer sobre la situación jurídica de las estaciones que se encuentran clausuradas.
Sin embargo, en una conferencia de prensa ofrecida por directivos de Almacenes el 2 de diciembre del año pasado, se dio a conocer que sus expectativas estaban puestas en el recurso que promovieron ante la Corte, donde serían representados legalmente por los abogados Arturo Chávez Chávez, ex procurador General de la República con el presidente Felipe Calderón; y por César Jáuregui Robles, ex consejero de la Judicatura Federal y ex secretario General de Gobierno en Chihuahua, donde fue compañero de Alejandra en el gabinete del panista Javier Corral.
En la gasolinera ubicada en la López Mateos el personal informó que no tienen conocimiento del caso y solo se encargan de custodiar las instalaciones, donde permanecen letreros que anuncian su clausura y un contador de los días que lleva cerrada, el cual se encuentra desfasado, pues hasta ayer publicaba que habían transcurrido 363 días cuando ya tenía 365, de acuerdo con la fecha de clausura estampada en el sello colocado por Desarrollo Urbano municipal, que dice 16 de julio de 2019.
Mientras que los abogados de las ocho empresas gasolineras que promovieron acciones legales en contra de Almacenes –Distribuidora Gaso Mex, Grupo Gocalvi, Superservicio Cuatro Caminos, Díaz Gas, Super’s Rapiditos Bip Bip, Administración de Gasolina Norponiente, Servicio Cristo Rey y Servicio Nueva Reforma–, declinaron dar información sobre el caso que aún sigue en curso.
A la fecha están pendientes las resoluciones del juicio de amparo mediante el cual se ordenó la clausura de las gasolineras Arco, el proceso penal que los quejosos promovieron en contra de Almacenes y sus funcionarios por la presunta comisión de fraude procesal, así como un juicio de amparo que promovió Alejandra de la Vega y su hermana Guadalupe en representación de la Inmobiliaria Grupo de la Vega.
El grupo de gasolineros inconformes emprendió acciones legales con las que consiguieron, en una primera instancia, revocar el amparo a favor de los De la Vega y el juzgado ordenó suspender la licencia de uso de suelo para la estación de Almacenes en avenida López Mateos, por considerar que “podría causarse un probable riesgo a la salud y a la vida de las personas” ante la cercanía con otras gasolineras.
Con ello, Desarrollo Urbano municipal clausuró el 16 de julio de 2019 la primera estación de Arco y prácticamente en cadena ocurrió el cierre de las otras cinco: la ubicada en Camino Ortiz Rubio 5155, la Hacienda del Retiro 3321, Paseo de la Victoria 8040, Santiago Troncoso 9114 y Santiago Troncoso 1601.
Derivado de un segundo juicio promovido por la sociedad mercantil que encabeza Valentín Fuentes Varela a través de Grupo Imperial, donde también participan sus hijos, entre ellos Adriana, Octavio y Angélica Fuentes Téllez, se ordenó la paralización de la gasolinera que Almacenes construyó en la avenida De la Raza y Lago de Pátzcuaro, misma que ni siquiera entró en funcionamiento.
Cada una de las sucursales Arco tiene un valor de 9.5 millones de pesos, de acuerdo con información que Almacenes entregó a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
Tan solo con el cierre de las dos primeras estaciones de Arco, la de la López Mateos y Camino Ortiz Rubio, Almacenes estimó que dejaron de vender aproximadamente 60 mil litros diarios de combustible, lo que representaba pérdidas de alrededor de un millón de pesos diarios, según cálculos de Antonio Jiménez.
La Verdad publicó a principios de febrero la investigación periodística Desde el poder, Alejandra de la Vega va por el mercado gasolinero, donde se exhibe que al amparo del poder acumulado durante décadas y consolidado desde su posición como funcionaria estatal ha aprovechado todos los márgenes de la ley para competir por el mercado de combustibles que representa en promedio más de mil millones de pesos en ventas al mes.
Da clic sobre la imagen para ir a la investigación periodística:
La investigación de La Verdad revela cómo mientras ejerce como servidora pública, Alejandra de la Vega ha gestionado permisos y licencias para sus negocios, además de que promovió un amparo en contra del Reglamento para la Ubicación y Operación de las Estaciones de Servicios para el Municipio de Juárez, con la finalidad de que se le permita la instalación de gasolineras que incumplan con las distancias mínimas entre establecimientos.
Todas estas acciones mientras ella ha negado seguir activa en los negocios que comparte con su familia. (Con información de Itzel Ramírez y Rey R. Jáuregui)
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