No es suficiente con que el gobierno federal siga la ruta del dinero. Es primordial que se termine con las complicidades y buscar la cooperación internacional en las investigaciones de lavado de dinero para lograr que esos recursos se recuperen para el bien del país
Itzel Ramírez
La idea romántica del millonario hecho a sí mismo, del emprendedor exitosísimo con arduo trabajo por detrás es el nuevo mantra universal. Por miles se cuentan las recomendaciones de gobiernos, escuelas, libros, videos y celebridades que claman que el mundo pertenece a aquellos seres que ante cualquier tempestad encuentran el camino para salir avante; el paraíso terrenal será la cosecha obligada para los emprendedores, escuchamos sin parar.
Expertos como los que más, los cárteles del narcotráfico podrían ofrecer sesiones de cómo construir verdaderos imperios financieros, diversificar inversiones y asegurar el flujo de efectivo a pesar de basar sus actividades en negocios ilegales.
Las organizaciones criminales de origen mexicano, siempre a la vanguardia, pueden presumir no solo de su innovador ‘emprendedurismo’, sino incluso de contar con el apoyo del gobierno a través de contratos y programas sociales, lo que se requiera para impulsar su entrada al mundo de los negocios lícitos.
Mientras para micro y pequeños empresarios abrir un negocio significa sortear trámites, pago de licencias e impuestos y a veces de sobornos, a los grandes capitales del narcotráfico las puertas se les abren de inmediato, como probó el banco HSBC una y otra vez cuando fallaron sus controles y se ignoraron las advertencias sobre el origen del dinero de sus clientes.
Si en control territorial el narcotráfico avanza sin freno, en el ámbito económico lleva años de ventaja frente a un gobierno mexicano que apenas ha comenzado a jalar los hilos del dinero para que desde esa vertiente se combata el lavado de dinero.
El avance en las investigaciones y sobre todo el desenlace de los procesos judiciales podrá mostrarnos qué tan sólidas son las pesquisas del gobierno y si realmente se aplicará todo el rigor de la ley a los funcionarios y empresarios que participaron en los ‘emprendimientos’ del narco.
No será suficiente con que el gobierno federal siga la ruta del dinero. Es primordial que se termine con el grandísimo esquema de las complicidades que permite el funcionamiento de hoteles, plazas comerciales, inmobiliarias, emporios agroindustriales, tequilas y demás negocios construidos con dinero de la delincuencia.
Conviene además hacer énfasis en que este es también un tema de corporaciones y del sistema de capitales que permite hacerse de la vista gorda cuando algo parece ilegal y que, cuando castiga, lo hace con multas millonarias que no representan pérdidas significativas para tamañas fortunas. La cooperación internacional en las investigaciones de lavado de dinero resulta necesaria para conocer a profundidad el flujo de capital y sancionar la participación de funcionarios, empresarios y banqueros.
No es necesario forzar a la memoria para nombrar a varios políticos (gobernadores, legisladores, líderes sindicales y más) que han sido investigados por su presunta participación en esquemas de lavado de dinero, pero tampoco es complicado recordar cómo salen sin cargos o con sentencias reducidas gracias a las gestiones de poderosísimos abogados -algunos ahora sujetos a procesos judiciales-, por lo que el reto se antoja gigante.
Mientras los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República discuten sobre capacidades y coordinación, la delincuencia le pega a quienes emprenden con la necesidad como impulso.
Hace unos días hablaba con una amiga que ante la pérdida de ingresos por la cuarentena decidió vender pan a domicilio en su ciudad, ubicada en el sur del país. A la sexta semana de ventas –que habían resultado un éxito–, recibió una llamada de un sujeto que se identificó como integrante de un cártel y le avisaba que cada viernes tendría que entregar 15 mil pesos para contar con el permiso y la protección de la organización. Al día siguiente avisó a sus contactos que se interrumpían las entregas; para ella, como para miles, ahí terminó el camino emprendedor.
DESDE LA FRANJA. Prácticamente cada semana, Comunicación Social del gobierno de Chihuahua estrena un programa para redes sociales. El presupuesto público se usa para que explicar cómo se pone el cubrebocas, para que el gobernador Javier Corral dé consejos de horticultura o para que Cinthia Chavira, presidenta del DIF, cuente cómo es la convivencia con sus mascotas; la bonanza del erario es tanta que alcanza para vestir los edificios públicos de mantas donde el gobierno se aplaude a sí mismo por la captura de César Duarte.
Todo el esfuerzo que implica la producción y transmisión de decenas de programas semanales no se traduce en comunicación. La conferencia estatal diaria de covid, por ejemplo, es un desfile de errores en las cifras de personas contagiadas y fallecidas en la entidad, de avisos desfasados de brotes de coronavirus y es el espacio donde se omite la información del estado de salud de funcionarios de primer nivel.
Es una lástima que suceda en cualquier gobierno, más si es en uno con un amplísimo equipo de comunicadores y autodenominados periodistas a los que tanta pluma nunca les sirvió para entender que están obligados a informar sobre los asuntos públicos.
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Itzel Ramírez. Periodista con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus trabajos periodísticos han sido publicados en Reforma, El Diario de Juárez y La Verdad. Actualmente realiza consultoría, investigación, análisis y diseño de políticas públicas y construcción de indicadores de evaluación.
