Bienvenidos al proceso electoral de 2021. En las primeras dos audiencias de su juicio Emilio Lozoya advirtió que revelará los nombres de quienes participaron en la red de corrupción tejida en los últimos años. La lista incluye a algunos de los personajes desesperados por construir una oposición al gobierno de López Obrador. Las vencidas políticas han comenzado
Alberto Najar
Twitter: @anajarnajar
En la expectación por las primeras audiencias en el juicio contra Emilio Rafael Lozoya Austin (ERLA, como pidió se le identifique en el proceso) pasó desapercibido un dato: seis meses.
Es el plazo que la Fiscalía General de la República solicitó y obtuvo de los jueces para terminar la investigación de los dos casos:
La compra irregular por parte de Pemex de la planta Agronitrogenados, y la cadena de sobornos que la constructora brasileña Odebrecht entregó al procesado.
Desde que Lozoya aceptó la extradición quedó claro que su caso no es sólo un escandaloso expediente de corrupción, sino que también forma parte de una evidente maniobra política con miras a las elecciones intermedias de 2021.
El presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha confirmado. La información de ERLA servirá para desmontar la extensa red de corrupción construida en los últimos seis gobiernos.
En esa ruta existen varios personajes que ven al mandatario como su enemigo. Son los mismos que promovieron el desafuero de AMLO cuando era jefe de gobierno, los que financiaron las campañas de desprestigio en los comicios de 2006 y que en la reciente elección presidencial intentaron repetir la historia.
Algunos de ellos están desesperados por construir un bloque opositor que intente derrotar a la 4T en las votaciones del año próximo.
Y es en este escenario que los seis meses para investigar otorgados a la FGR cobran relevancia. El plazo vence a finales de enero, justo en los días que oficialmente inician las campañas políticas.
Es la elección más grande de la historia: se renuevan 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales y otros 20 mil cargos diversos, entre alcaldías, regidurías y diputaciones locales.
A partir de octubre próximo los partidos elegirán a sus candidatos. Un proceso donde la información de Lozoya tendrá un papel relevante. Si alguno de los designados forma parte de los expedientes del exfuncionario difícilmente podría convencer a los votantes.
Al contrario, su inclusión en la investigación del juicio sería el equivalente a un suicidio político para el partido que lo postule. Lozoya, pues, se ha convertido en el fiel de la balanza, en el gran elector de 2021.
Los expedientes de ERLA son oro molido para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero sobre todo para el presidente López Obrador quien desde ahora cuenta con un valioso aliado en la batalla contra sus adversarios políticos.
No es todo. La decisión de la FGR de no solicitar prisión preventiva para el exdirector de Pemex ha sido criticada en medios tradicionales y redes de internet.
López Obrador insiste en que ERLA tiene derecho a esos beneficios por la contribución a la principal bandera de su gobierno, erradicar la corrupción.
Eso explica el tono como se desarrollaron las dos audiencias del caso Lozoya, con agentes del Ministerio Público limitados a leer las imputaciones, y con ERLA agradecido con la actitud de la FGR.
El objetivo, dicen sus abogados, es concretar el llamado “criterio de oportunidad”, una figura judicial que le permitiría una sentencia mínima e inclusive la eventual exoneración a cambio de entregar datos para emprender un proceso judicial más amplio contra grandes personajes.
Es, pues, una batería de mensajes. De AMLO porque al desestimar las críticas y mantener la estrategia en el caso parece decir que, en el terreno político tiene el sartén por el mango.
De Lozoya, al decir que en su momento denunciará “con nombre y cargo” a quienes le ordenaron y fueron cómplices en los delitos por los que ahora está en juicio.
De la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera, que empezaron a jalar los hijos en la madeja de corrupción y beneficios millonarios construidos durante varios años.
Y es, sobre todo, un mensaje no sólo a los adversarios políticos del presidente, sino también a los grupos empresariales que financian la oposición a la 4T.
Un botón de muestra: en el caso de la compra de Agro Nitrogenados además de Lozoya el mayor involucrado es Alonso Ancira, propietario del consorcio Altos Hornos de México que vendió la planta –considerada como chatarra- a Pemex.
Ancira, quien enfrenta desde España un proceso de extradición a México es uno de los miembros más distinguidos del llamado Grupo Monterrey, una especie de logia donde participan algunos de los mayores empresarios del norte del país.
De ese grupo han salido recursos para financiar, por ejemplo, las protestas a bordo de automóviles de lujo en algunas ciudades del país.
También están detrás del llamado Frente Nacional AntiAMLO, el FRENAA, cuyo objetivo es derrocar al presidente en el referéndum de 2022.
Al procesar a Ancira no sólo se pretende castigar un acto de corrupción, sino también es una forma de decir a quienes pretenden repetir el escenario de 2006 que es mejor poner las barbas a remojar.
El personaje a quien denostaron y contra el que emprendieron una salvaje guerra sucia es ahora el presidente de la República.
Y en el juego de vencidas que algunos están empeñados en sostener, la alianza AMLO-ERLA puede ser un auténtico tiro por la culata.
