El Instituto Nacional de Migración mantuvo a un extranjero cubano con coronavirus en sus instalaciones en el noroeste de Chihuahua, pese a que una resolución judicial obligaba a ponerlo en libertad, denuncian; oficialmente no se ha reconocido el contagio
Rocío Gallegos / La Verdad
Ciudad Juárez– Por más de 22 días, un migrante con COVID-19 permaneció presuntamente retenido por el Instituto Nacional de Migración (INM) en su estación de Janos, al noroeste de Chihuahua, donde también se encuentran alojados otros extranjeros.
Se trata de un hombre procedente de Cuba, de aproximadamente 45 años, revelaron de manera extraoficial fuentes civiles y gubernamentales. El INM no respondió a una petición de información sobre el caso.
Sin embargo, documentos a los que tuvo acceso La Verdad exhiben que el extranjero alojado en la estación migratoria de Janos presentó síntomas de coronavirus desde el 29 de junio y una semana después una prueba de PCR arrojó que era positivo al virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19.
Supuestamente el INM mantuvo al hombre en sus instalaciones durante toda su convalecencia mientras era atendido por personal del Centro de Salud de Janos, aseguran las fuentes consultadas. El migrante fue dado de alta hasta la tercera semana de julio y actualmente ya no se encuentra en ese lugar, se pudo confirmar.
Este hecho contradice lo que apenas el pasado 6 de agosto el Instituto informó en un comunicado de prensa, en el que asegura que hasta esa fecha no tenía registro de algún caso de contagio por COVID-19 entre la población alojada en las estaciones migratorias que tiene en el país.
Ese documento fue girado por el INM para responder al anuncio público de una resolución del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, donde se le señala que incumple con las medidas dictadas por un juez el 17 de abril, en el amparo 426/2020 que promovieron organizaciones de la sociedad civil para la protección de los migrantes ante la pandemia.
“Una persona con COVID no puede estar en una estación migratoria”, asegura María Fernanda Rivero Benfield, coordinadora de comunicación de la agrupación Sin Fronteras, al ser consultada sobre el caso positivo en la instancia del INM en Janos.
Explica que de acuerdo con la resolución emitida en abril tampoco deben permanecer en las instalaciones del INM personas con alguna condición vulnerable para contraer COVID, como son los casos de las embarazadas, adultos mayores, niños y adolescentes. Todos deben ser liberados.
Sin Fronteras es una de las más de 40 organizaciones de la sociedad civil –entre las que se encuentra Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) de Ciudad Juárez– que juntas obtuvieron un amparo ante “las omisiones” del Ejecutivo federal, Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Salud, para salvaguarda a las personas migrantes y solicitantes de protección internacional detenidas en las estaciones y estancias provisionales del INM ante la contingencia por el coronavirus.
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Para Lorena Cano Padilla, coordinadora de la clínica Jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) –otra de las agrupaciones en el amparo–, las autoridades migratorias “no solo no cumplen con la resolución, sino que están ocultando información, están mintiéndole al juez y eso tiene implicaciones”.
Asegura que una de las medidas que deben cumplir las autoridades migratorias es dar información al juzgado sobre la población que se encuentra en alojamiento: cómo se llaman y si se encuentra en una situación específica de vulnerabilidad respecto al coronavirus.
“Esto no lo han cumplido”, afirma Cano Padilla con base a casos que las agrupaciones han detectado y del que se le consulta.
En esto también coincide Blanca Navarrete, coordinadora de DHIA, organización que da asistencia legal a extranjeros que buscan residencia legal en México, quien dijo que el INM está ocultando información. Otras organizaciones coinciden en esto y además afirman que se les impide ingresar a revisar las condiciones de los migrantes.
Dice que hace unos días personal de la estación de Janos le comentaron que había un brote de COVID-19, por eso la gente extranjera expulsada desde Estados Unidos por Palomas bajo título 42 no estaba siendo trasladada a la estación en Janos sino hasta la de Juárez, pero de eso el INM no han dado información oficialmente. Se pidió a Salud de Chihuahua en la zona norte información sobre este asunto, pero no dio respuesta.
Coronavirus en una estación migratoria
De acuerdo con los datos obtenidos por La Verdad, el positivo de coronavirus en la estación migratoria de Janos se registró a finales de junio.
Personal del lugar detectó que el migrante cubano presentaba síntomas relacionados con el COVID-19 y presuntamente lo reportaron al encargado de la estación y al titular de la Oficina de Representación del INM en el estado de Chihuahua (antes nombrado delegado), el general Pedro Alberto Alcalá López.
El caso se presentó el 29 de junio y el 7 de julio se confirmó como positivo a COVID, se puedo corroborar. Catorce días después lo dieron de alta. No se pudo confirmar si la persona ya presentaba los síntomas al ser asegurado o se contagió al llegar a esa instancia.
Las fuentes consultadas aseguran que el hombre permaneció en cuarentena en la estación migratoria, solo lo sacaron algunos días para recibir atención médica.
Con base en la resolución del 17 de abril emitida por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, el migrante con coronavirus no debió permanecer en la estación migratoria, coinciden representantes de organizaciones civiles.
El amparo fue para proteger a las personas en contexto de movilidad que son vulnerables, por eso puede haber personas contagiadas adentro de estaciones migratorias, dice Rivero Benfield.
A su vez, Cano Padilla menciona que en el caso del migrante con coronavirus en Janos, las autoridades del INM debieron haberlo puesto de inmediato en libertad, canalizarlo a servicios de salud y otorgarle su legal estancia por razones humanitarias.
“Lo otro que debió ocurrir es que las autoridades reportaran en el juicio: tenemos uno, dos, 50 o 100 casos de posible contagio de coronavirus en estaciones migratorias”, dice.
“No debieron ocultarlo”, añade.
Las organizaciones dieron a conocer que las medidas de suspensión emitidas por el Juzgado de Distrito establecen obligaciones específicas para las autoridades. En particular les ordenan:
1.Adoptar todas las medidas de prevención necesarias a fin de evitar la propagación de la COVID-19 dentro de las instalaciones a cargo del INM, incluida la aplicación de protocolos de salud y entrega de insumos para la higiene personal e incluso, la puesta en libertad de aquellas personas vulnerables con riesgos para adquirir la enfermedad.
2.Realizar un informe detallado sobre las personas que se encuentren “alojadas”, que incluya su edad, nacionalidad y si son parte de un grupo vulnerable.
3.Garantizar el contacto de las personas detenidas con el mundo exterior y garantizar el acceso a la información para que tanto ellas como sus familias, tengan conocimiento de las medidas para proteger su salud.
4.La inspección periódica de las instalaciones para verificar el cumplimiento de derechos humanos.
El incumplimiento de esas medidas, dice Cano Padilla, implica sanciones privativas de la libertad, multas e inhabilitación de los funcionarios para volver a ejercer cargos públicos.
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