Quienes afirman que ya se ha “normalizado este cochinero” (corrupción), como consecuencia de la “pasividad de la ciudadanía”, subestiman la urgencia de potencializar la denuncia popular, como uno de los pilares de un verdadero sistema democrático
Gerardo Cortinas Murra
Inevitable citar, y a la vez reconocer, la opinión de dos connotados personajes de la política mexicana: Genaro Lozano y José Woldenberg, quienes, el día de ayer, coincidentemente, en sus respectivos espacios editoriales aportan su visión acerca de la corrupción electoral en la historia reciente de México.
Genaro afirma que “el dinero en efectivo domina las campañas electorales… En México, como en todas las democracias, competir por un cargo implica demasiado dinero y éste es uno de los vicios de las democracias, uno que aleja a ciudadanos sin partido de la política formal”.
“Los más recientes video-escándalos nos recuerdan el fango de la política mexicana. La ineficacia del INE para fiscalizar los recursos. La incompetencia para sancionar cuando se rebasan topes de campaña. La incapacidad para detener los moches de legisladores de todos los partidos”.
“Esto es lo que ha pasado en nuestro país desde que somos una democracia electoral… Y tal vez sí haya mejorado los procesos de debate y la representatividad; pero los legisladores de todos los partidos siguen teniendo en sus equipos a familiares, parejas, gente sin el perfil adecuado para trabajar asuntos técnicos”.
“Las denuncias de Emilio L. son reiteraciones, confirman lo que ya sabíamos. Que el PRI opera así. Que es el partido corrupto y corruptor por excelencia. Que el nuevo PRI nunca existió y que lo que vemos es a sus figuras más prominentes con fuero en el Senado o en la Cámara de Diputados. Que el PRI reparte beneficios económicos a cambio de votos”.
“Pero aún hay más: los video-escándalos se han ido directo a la narrativa de la urgencia de una regeneración nacional, de la promesa de que ‘no son iguales’, del halo de moralidad que rodea al presidente López Obrador.
“Porque en el fondo ésa promesa de acabar con la corrupción es la razón por la que muchos votamos por AMLO y sin una respuesta contundente, sin un proceso impecable, sin justificaciones poco creíbles… la diferencia que presume el presidente no habrá sido más que una promesa de campaña que murió en el 2020”. (REFORMA, agosto 25, 2020)
Por su parte, el expresidente del IFE, tiene la impresión de “que cuando nuestro presidente anima a que se exhiban los videos que muestran la corrupción de sus enemigos, piensa que está en un juego de suma cero: lo que ellos pierdan en prestigio él lo ganará.
“Todos acusan a todos de corrupción y al final del descrédito no escapa nadie. Gracias a los esfuerzos agregados y documentados muchas personas llegan a la rotunda conclusión de que todos son iguales y que la política es sinónimo de corrupción… Triste desenlace de un juego tonto y suicida que crea en el imaginario público la idea de que una actividad central para la vida en común, la política, está por definición podrida”.
José Woldenberg se pregunta: ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿un proceso para impartir justicia o un espectáculo grosero? ¿una fórmula para sancionar a los responsables o un circo colorido? ¿un procedimiento para aclarar responsabilidades o un tribunal de opinión sumario sin garantías para nadie?
Para el catedrático de la UNAM “se está optando por ‘juicios’ de opinión pública que nada tienen que ver con la justicia propiamente dicha. Se trata de un show degradado en el cual los imputados son condenados de inmediato, desacreditados de manera instantánea, y lo que después pase en tribunales parece no importar.
Coincido con el expresidente del IFE cuando afirma que “no será con desplantes desde el Ejecutivo o con campañas publicitarias contra los adversarios desde cualquier flanco como México logrará anular la corrupción”. Pero a la vez, discrepo de su opinión de que “el país necesita una política contundente contra la corrupción. Y hay instituciones y normas diseñadas para ello. Es imprescindible activarlas”. (EL UNIVERSAL, agosto 25, 2020)
¿Activar las instituciones anticorrupción?
Lo que no alcanzan a comprender muchos politólogos mexicanos es que las instituciones de justicia (penal y administrativa) en México no son eficientes y eficaces por cuestiones legislativas; entre las cuales destacan las siguientes:
a) El centralismo legislativo imposibilita una adecuación pronta y oportuna, acorde a la idiosincrasia de cada entidad federativa;
b) El sistema penal acusatorio es excesivamente inequitativo, ya que favorece a los delincuentes; y el Código Nacional de Procedimientos Penales peca de una evidente falta de técnica legislativa y de múltiples lagunas procedimentales;
c) El sistema anticorrupción mexicano es, en la mayoría de los casos, inaplicable; en virtud de que la denuncia popular le está restringida a la ciudadanía; y
d) Existen un sinnúmero de tesis de jurisprudencia que anulan la participación ciudadana en los procedimientos de responsabilidad penal y administrativa.
En consecuencia, quienes afirman que ya se ha “normalizado este cochinero” (corrupción), como consecuencia de la “pasividad de la ciudadanía”, subestiman la urgencia de potencializar la denuncia popular, como uno de los pilares de un verdadero sistema democrático.
Por desgracia, en México impera una partidocracia rapaz que goza de total impunidad.
