Ahora que una de sus exigencias es el reconocimiento de la tortura sexual a las detenidas por parte de autoridades, es buen momento para recordar que durante más de una década un grupo de once mujeres sobrevivientes de tortura sexual en Atenco pelearon hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos el reconocimiento de la responsabilidad del Estado Mexicano
Celia Guerrero / @celiawarrior
Nos debemos tiempo y espacio para hacer memoria: es lo que pienso cuando presiento que la ola de violencia machista y feminicida toma fuerza, se convierte en vorágine, revuelca y ahoga.
Hace 15 días se cumplía el año de las protestas feministas contra la impunidad en casos de violencia sexual contra mujeres por parte de miembros de la policía de la Ciudad de México. Parecía necesario hacer un alto y mirar lo sucedido en ese periodo, intentar vislumbrar un después de la confrontación puntual a las instituciones patriarcales. Nada ha cambiado, pero había que decirlo, hacerlo evidente.
Y luego, tan solo un fin de semana después se dio una nueva protesta en contra de otro abuso policiaco, esta vez en la ciudad de León, Guanajuato, que terminó en detenciones arbitrarias y más violencia contra las manifestantes, la mayoría adolescentes, por parte de elementos de seguridad pública.
Nos debemos tiempo y espacio para hacer memoria, nos digo. Pero, qué difícil es encontrarlos en medio del hartazgo y la rabia, sentimientos a los que también tienen derecho sobretodo esas mujeres jóvenes con el sueño disparatado de vivir en un país donde nadie —principalmente ninguna instituciones de seguridad y justicia— las abuse, viole o mate.
Tal vez por acá algún lector despistado simplemente no dimensiona cuál es el problema con esta generación que sale a la calle a romper y quemar —“a exponerse”, dirán— por oponerse a un acoso, a cientos violaciones, a miles de feminicidios y desapariciones; que se creen esa idea loca de decidir sobre su propio cuerpo y vida. Bueno, pues, este espacio es para dialogar con esas jóvenes hartas, el resto puede pasar de largo.
A ellas les digo que rayen, incendien, destruyan, simbólica o literalmente, todo lo que las violente y oprima. Pero, también, busquemos tiempo y espacio para hacer memoria porque, hace no mucho —hace siempre—, hubo otras que resistieron y sus ejemplos son caminos abreviados (o por desandar).
Ahora que una de sus exigencias es el reconocimiento de la tortura sexual a las detenidas por parte de autoridades, el pasado 22 de agosto, es buen momento para recordar que durante más de una década un grupo de once mujeres sobrevivientes de tortura sexual en Atenco pelearon hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos el reconocimiento de la responsabilidad del Estado Mexicano. La sentencia, que llegó en 2018, incluye garantizar la no repetición, obligación hasta el momento incumplida.
Habría que exigirnos memoria porque existen referencias inmediatas importantes. Estoy segura de que no les sorprenderá saber que, en el caso de las sobrevivientes de Atenco las organizaciones acompañantes calificaron los actos de violencia sexual como “una estrategia perpetrada por el aparato estatal para desmovilizar a la sociedad… evitar la protesta social”.
Ustedes saben que la aplicación de esa estrategia se da en todos los órdenes, municipal, estatal y federal, por policías y fuerzas armadas, independientemente del color y tendencia política del gobierno en turno.
Entonces saben también que, aquello que la Corte denominó “violencia sexual como arma de control social represivo”, es política de estado documentada desde la llamada “guerra sucia”, pasando por el levantamiento zapatista, la militarización después de la alternancia, hasta el contexto de la “guerra contra el narco”.
Los abusos recientes y la violencia de fuerzas policiales en protestas feministas se dan en escenarios de inseguridad generalizada. Además, se agrega la particularidad de que el origen mismo de las protestas es el rechazo a la violencia machista de las instituciones policiacas.
Desafortunadamente, este periodo —sin duda histórico— no se salvará de contar con su propia lista de agravios de agentes estatales en contra de las mujeres
