Armando Cabada Alvidrez cumple cuatro años como presidente municipal de Juárez, el segundo de un periodo de reelección, en medio de varias crisis: la sanitaria, por el COVID-19, la violencia imparable y otra desatada por la confrontación con sectores ciudadanos que actualmente gestionan la revocación de su mandato. Aquí un recuento de 12 meses de claroscuros
Itzel Ramírez / La Verdad
En medio de la crisis por coronavirus y de un proceso de participación ciudadana que busca la revocación de su mandato como presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez presenta este lunes el informe del cuarto año de gobierno, de un periodo inédito porque fue extendido por su reelección.
Durante el año transcurrido de gobierno de Cabada Alvídrez, Juárez continua con altos índices de violencia: de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República, en el periodo que comprende de septiembre de 2019 a agosto de 2020 han sido asesinadas mil 673 personas, es decir, un promedio de 4.5 homicidios diarios.
La llegada de la pandemia (que al 6 de septiembre había cobrado la vida de 790 personas en la ciudad), el escrutinio ciudadano a su gestión como alcalde, el arranque del plan para renovar el alumbrado público tras tres proyectos fallidos, así como sus problemas de salud han sido solo algunos de los claroscuros de este segundo año de su segundo periodo de gobierno.
Aquí un recuento de esos momentos que ha vivido la administración de Cabada, el primer presidente municipal que accedió al puesto por la vía de la candidatura independiente.
Ciudadanos piden cuentas y participación
En solo un año, habitantes de Juárez han impulsado un plebiscito y una revocación de mandato, instrumentos a través de los cuales piden al gobierno municipal cuentas y su participación en la toma de decisiones públicas y en su ejecución, ambos mecanismos que han sido descalificados e incluso impugnados por Cabada.
El 11 de octubre de 2019 el Instituto Estatal Electoral declaró procedente el plebiscito para someter a consulta ciudadana el proyecto Juárez Iluminado, un plan del presidente municipal para cambiar el sistema de luminarias en la ciudad y comprometer recursos del Derecho de Alumbrado Público con un costo de cinco mil 976.3 millones de pesos.
En pleno proceso de ese instrumento y tras los resultados del 24 de noviembre en el municipio de Chihuahua – donde la ciudadanía expresó su rechazo al plan de alumbrado público a través de un plebiscito–, el 26 de noviembre Cabada decidió cancelar su proyecto y presentar un ‘Plan B’ para sustituir las luminarias de la ciudad. El hecho significó la cancelación del plebiscito y apenas el pasado 8 de junio arrancó su proyecto, tras cuatro presentados.
Luego de que se impulsara el plebiscito, dos grupos de ciudadanos decidieron iniciar los trámites para la revocación de mandato del gobierno de Cabada.
El 5 de marzo, el Instituto Estatal Electoral declaró improcedente la primera solicitud al no cumplirse los tiempos legales para la misma. Para el 10 de marzo, ya con el requisito temporal cubierto, dos nuevas solicitudes fueron presentadas y el 4 de agosto aprobadas.
El 1 de septiembre inició el periodo de recolección de firmas para la solicitud de revocación de mandato. Los promoventes – Juárez Decide y Revocación de Mandato JRZ – deben juntar 54 mil 895 firmas (el cinco por ciento de la lista nominal) antes del 30 de noviembre.
El alcalde ha interpuesto una impugnación del procedimiento ante el Tribunal Estatal Electoral, mismo que se encuentra en revisión de la queja.
La violencia imparable
El 9 de septiembre del año pasado justo en el tercero informe de su gobierno Cabada hizo público el cambio de titular en la Secretaría de Seguridad Pública municipal, con la llegada de Raúl Ávila Ibarra en sustitución de Ricardo Realivazquez (actualmente en la Comisión Estatal de Seguridad).
El cambio, que se anunció como parte de la estrategia de seguridad en la frontera, no ha significado una disminución en la violencia y los homicidios siguen imparables. De acuerdo con el Ranking 2019 de las ciudades más violentas del mundo, dado a conocer el 1 de junio de este año, Juárez ocupa el segundo lugar, solamente después de Tijuana. El ranking, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC, menciona que la tasa de homicidios en Juárez es de 104.54 por cada 100 mil habitantes. En agosto pasado, la FGE registró el homicidio doloso de 162 personas en la ciudad.
A pesar de las reuniones de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la violencia en la frontera no ha disminuido; el 5 de noviembre de 2019 la ciudad vivió una jornada violenta orquestada desde el Cereso número 3. El saldo de la jornada fue de diez personas asesinadas y 15 vehículos quemados (entre ellos algunos de transporte público con pasajeros adentro) y un ataque a un edificio del Gobierno del Estado.
Entre los asesinatos se incluye el del 5 de diciembre de 2019, cuando fue atacado el comandante del Distrito Sur del Área de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Armando Cerón Meléndez.
A la par de los homicidios dolosos y ataques a la autoridad, durante este periodo se han registrado conductas delictivas de los integrantes de la policía municipal.
El 14 de octubre del año pasado, una víctima denunció ante la Fiscalía General del Estado la irrupción y robo que hicieron elementos de la corporación municipal en una vivienda ubicada en la colonia Manuel Valdez.
Luego, el 30 de marzo de este año, policías municipales atacaron a un diplomático de Estados Unidos, de acuerdo con el reporte la revista Proceso. El semanario indicó que el afectado había sido el jefe de grupo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Oscar Hagelsieb, quien fue encañonado y perseguido mientras circulaba por Juárez; los policías municipales también dispararon al vehículo del funcionario. El episodio, según el reportaje, provocó una protesta del gobierno norteamericano.
La otra crisis: el coronavirus
Hasta el corte del domingo 6 de septiembre, la pandemia por el coronavirus ha dejado un total de seis mil 441 personas contagiadas, convirtiendo Juárez en el municipio más afectado de todo el estado de Chihuahua.
El manejo que ha dado el alcalde a la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 ha sido cuestionado por autoridades sanitarias y por la sindicatura municipal, tanto por el gasto de recursos públicos como por la idoneidad de las medidas implementadas.
El primer caso de COVID-19 públicamente conocido en Juárez tuvo lugar el 15 de marzo, cuando un estudiante de Medicina dio positivo a la prueba después de haber regresado de un viaje en el extranjero; menos de una semana (el 21 de marzo) después los gobiernos federales de México y de Estados Unidos anunciaron la restricción de los cruces fronterizos, medida que permite únicamente el traslado para viajes esenciales.
Ante la llegada de los contagios en la ciudad, el municipio erogó recursos para la compra de diez túneles sanitizantes y sustancias para desinfectar áreas de la ciudad, ello a pesar de que la Secretaría de Salud del gobierno federal y la Organización Mundial de la Salud han manifestado la ineficacia de estos mecanismos y, en el caso de los túneles, el riesgo de que puedan convertirse en un foco de infección.
El gobierno de Cabada también ejerció recursos públicos para la contratación de los servicios de un helicóptero con un sistema de aspersión aérea de sustancias desinfectantes, acción que también fue criticada por la Secretaría de Salud estatal.
Dentro de los gastos que ha hecho el municipio para hacer frente a la pandemia se encuentran también los que corresponden a la instalación de un hospital móvil y la entrega de despensas.
La Sindicatura municipal, a cargo de Leticia Ortega Máynez, ha señalado en numerosas ocasiones la falta de transparencia del gobierno de Cabada, que le ha negado la entrega de información sobre los gastos de COVID-19.
A pesar de que el semáforo de riesgo epidemiológico estaba en color naranja, el gobierno municipal organizó una celebración con motivo del aniversario luctuoso de Juan Gabriel. El evento, que incluyó un concierto, fue señalado por las autoridades sanitarias estatales por no cuidar las medidas de sana distancia.
El alcalde ha anunciado que la ceremonia del Grito de Independencia y el desfile siguen en pie incluso con la pandemia, aunque los eventos tendrán acceso limitado.
Salud del alcalde
La salud de Armando Cabada ha causado la suspensión de sus actividades como alcalde de la ciudad. El 29 de octubre de 2019, el presidente municipal anunció que presentaba un problema gastrointestinal.
“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud, estoy bien y de acuerdo a los estudios médicos todavía aguantamos mucho rato, no se preocupen sólo que los médicos me recomendaron guardar reposo este día. Vamos bien”, explicó Cabada en su página de Facebook.
Ya con las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia, el alcalde de Juárez informó el 5 de mayo que había dado positivo a COVID-19, por lo que continuaría sus labores desde casa. Un par de semanas después, Cabada anunció que se recuperó de la infección de coronavirus.
Los baches y el alumbrado público
El reclamo de los ciudadanos a las autoridades municipales por la gran cantidad de baches que hay en la ciudad llegó a ser tema nacional. En la conferencia mañanera del 27 de enero, el presidente López Obrador dijo que en las ciudades de Juárez y Hermosillo la demanda principal de la gente era la de solucionar los baches.
En esas circunstancias, el 3 de febrero el gobierno municipal lanzó “Bachetel”, plataforma telefónica y de mensajería instantánea para reportar baches y dar solución a los hoyos en menos de 72 horas, posteriormente, el 17 de marzo se anunció un nuevo programa en el que a policías y otros empleados municipales se les entregaron kits con asfalto y herramientas para reparar los hundimientos.
Desde que se lanzó de ese programa, Cabada y su gobierno acusaron que “gente malintencionada” dañaba el pavimento de la ciudad.
Los señalamientos escalaron cuando Canal 44, la televisora que pertenece a la familia del alcalde, salió en defensa de la administración municipal. En la emisión del noticiero matutino del 5 de mayo, los conductores dijeron que había gente que con “intereses oscuros” destruía el pavimento, lo que causó memes, campañas publicitarias y videos en redes sociales.
Además de los hundimientos, otro de los problemas de infraestructura de la ciudad es el alumbrado público.
El estudio “Así Estamos Juárez 2020” señala que la iluminación de la ciudad es el servicio que menor evaluación tiene en la ciudad.
“En cuanto a servicios públicos en el Municipio de Juárez, los peores calificados fueron el alumbrado público, disponibilidad de áreas verdes (6.04 puntos), transporte público tradicional (rutas, con 5.52 puntos) y las calles y pavimentación. Esta última junto con el alumbrado público presentan su calificación más baja en los nueve años que lleva realizándose la encuesta, con 5.10 puntos y 6.17 de 10 posibles, respectivamente”, menciona el estudio.
Después de tres planes de financiamiento de alumbrado público, rechazados por el Congreso o desechados por el alcalde, el nuevo Juárez Iluminado 2020 contempla la instalación de luminarias solamente en algunos fraccionamientos, principalmente ubicados en el sur de la ciudad.
Protestas ciudadanas y enroques
A lo largo de este año, la administración municipal estuvo marcada por otros momentos, como protestas ciudadanas y el reacomodo de figuras principales del equipo de Cabada.
Uno de los acontecimientos que aglutinó la movilización en la ciudad fueron el asesinato de la activista y artista juarense Isabel Cabanillas, el 18 de enero de 2020.
El 19 de enero hubo una marcha para exigir que su asesinato no quedara en la impunidad; en la marcha se lanzaron consignas contra todos los niveles de gobierno por la violencia que viven las mujeres en la ciudad y cuestionaron la falta de seguridad pública.
La exigencia de seguridad y contra abusos policiacos se elevó de tono. En marzo durante la marcha del #8M por el Día Internacional de la Mujer reunió a más de mil 500 personas en esta frontera quienes clamaron: ‘queremos vivir sin violencia’.
Apenas este sábado 5 de septiembre, una movilización feminista contra los abusos policiacos culminó con represión de la policía de Ciudad Juárez quienes detuvieron a 27 mujeres, cuatro de ellas menores de edad. El hecho provocó que organismos federales y estatales lanzaran la exigencia al gobierno de Cabada para que investigue y sanciones policías agresores.
El gobierno asegura que las mujeres cometieron “actos en contra del reglamento de policía y buen gobierno”. Vandalizaron la infraestructura urbana, dos monumentos y una unidad de la Coordinación de Seguridad Vial. Estimó que los daños superan los 30 mil pesos.
En medio de estos enfrentamientos con sectores ciudadanos, principalmente encabezados por mujeres, el gobierno de Cabada se ha visto marcado por reacomodos en su equipo de trabajo.
El más significativo de éstos se registró el 5 de junio 2020, cuando Rodolfo Martínez renunció al puesto de administrador de la ciudad.
Martínez fue colaborador de Cabada desde la primera administración (2016-2018) y se encuentra entre el listado de donantes de la campaña del alcalde.
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