Una hegemonía se quiere imponer a toda costa y, a mi juicio, puede tener en Chihuahua su eslabón débil en ciernes
Jaime García Chávez
El Gobierno de López Obrador ha de entender –esa es la lección que se desprende de lo que pasa en Chihuahua– que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Ese eslabón, en la coyuntura que despunta, puede ser el estado norteño, abrigo de Juárez durante la Guerra de intervención y factor preponderante en la faena de derrocar la dictadura porfirista y, posteriormente, destruir el ejercito pretoriano de Victoriano Huerta, el usurpador.
Se trata de una entidad secularmente maltratada por el centro político del país. Una región de hombres y mujeres libres, si acudimos a las explicaciones del historiador Victor Orozco. También y, sobreponiéndose a eso, tierra generosa de trabajadores y productores solidarios con una república a la que se tiene alto sentido de pertenencia, que no se debe debilitar. A dos calamidades ha sido sensible la gente de Chihuahua: a la represión (nada se acepta por la fuerza) y al fraude electoral, una de las máximas imposturas contra el espíritu democrático de esta tierra.
No es necesario un sesudo y riguroso estudio de nuestra historia para llegar a ese par de conclusiones. Aquí los ciudadanos se han levantado por la justicia social en contra de la imposición de autoridades y representantes políticos; se ha luchado con esfuerzo e iniciativas de calado hondo por la democratización de las universidades y centros superiores de educación; al menos en tres ocasiones se han dado levantamientos armados por estos ideales: en Delicias, al impulso de Emiliano J. Laing en 1954; en Madera en 1965, como expresión de un movimiento campesino y los estudiantes que siguieron a Arturo Gámiz García y Pablo Gómez Ramirez, y en 1968 por Óscar González Eguiarte.
Contra la dominación corporativa de los trabajadores asalariados –el charrismo sindical– aquí se dieron batallas ejemplares por los ferrocarrileros vallejistas, por los acereros y por los electricistas de Rafael Galván en lugares como “La Boquilla”, el sitio famoso donde se ubica la hidroeléctrica en la cuenca del “Río Valiente” de Chihuahua, el Conchos caracterizado así por Fernando Jordan en Crónica de un país bárbaro. Se resistió a fondo a gobiernos estatales como el del atrabiliario general Práxedes Giner Durán, del asesino Óscar Flores Sánchez, del cómplice del feminicidio, Patricio Martínez García, que enfrentó con saña al movimiento de las mujeres, y en tiempos recientes la tiranía corrupta de César Horacio Duarte Jáquez.
Hoy es un momento oportuno para recordar un hecho altamente relevante: cuando se secuestró e intentó desaparecer, de manera forzada, al profesor comunista Antonio Becerra Gaytán –ciudadano ejemplar por su valentía, talento y carisma– enormes manifestaciones en las calles y plazas lograron rescatarlo de un campo militar donde Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Alvarez pretendieron doblegarlo en octubre de 1969, justo el día en que conmemorábamos, con una gran concentración estudiantil, el primer año de la masacre de Tlatelolco. Contra la barbarie del gobernador ganadero, Flores Sánchez, se levantó Chihuahua en 1972, en defensa de guerrilleros urbanos contra los cuales hubo sentencias de muerte, ejecutadas parcialmente y de manera significativa en la persona del ingeniero Diego Lucero Martínez, un mártir que siempre estuvo dispuesto a dar la vida por sus ideales sin esperar nada a cambio.
De Chihuahua las fuerzas armadas federales siempre han salido deshonradas, en una dialéctica escalofriante que va de Tomochi, entre los años de 1891 y 1892, a la presa La Boquilla en estos días, pasando por la Guerra Sucia que se libró contra los guerrilleros con afán exterminatorio; y la otra, que decretó Felipe Calderón contra el narcotráfico y que bañó de sangre al estado. Hasta ahora, el general del Ejército Mexicano, Felipe de Jesés Espitia Hernández, permanece impune; no ha habido justicia civil ni castrense que lo alcance.
Hoy López Obrador ocupa un sitio altamente delicado y sensible: la jefatura suprema de las fuerzas armadas, en cualquiera de sus empaques, por tanto es el preponderante responsable de su empleo contra un movimiento civil como lo es la defensa del recurso hídrico de la cuenca del más importante río de Chihuahua, por no decir el único de ese nivel. En ejercicio de libertades constitucionales, hay una diversidad de dimensiones partidarias en ese conflicto: PAN, PRI, Morena. Pero, más allá de esto, resalto dos aspectos importantes: es un movimiento real de defensa y resistencia por el derecho al agua, por una parte; por otra, es un ideal que ya se materializó en la conciencia de quienes le dan su impulso motriz al costo de lo que sea. Muchas cosas hay que corregir, y no se ha visto ni voluntad ni oficio de hacerlo a fondo, afectando los intereses que haya que afectar.
Se puede aplastar con manu militari, pero volverá como un fuego bajo el agua. No lo dudo. No es que haya agitadores atrás o embozados, como suele postular el rancio pensamiento de la derecha, o como lo simplifica el presidente atizando el fuego, avivándolo, dándole virulencia activa a resentimientos e intereses desde el interior. Hay un pueblo que ya se levantó y sofocarlo con las armas mediante la disuasión militar, mostrando fuerza inconmensurablemente mayor, no es el camino. Daría, a lo sumo, victorias pírricas y circunstanciales a las que sobrevendrá la victoria de los chihuahuenses.
Todos preferimos el calor del hogar y el sosiego de nuestras moradas. Nadie hace con más gusto una guerra que una revolución, rebelión, resistencia o una osada desobediencia civil corriendo los riesgos del castigo. No se sale a las calles y las carreteras por el simple gusto de hacerlo o aborregados, como se pretende interpretar desde el poder supremo. No hay quien quiera salir a correr la suerte de perder la vida a manos de la Guardia Nacional, como le sucedió a la señora Jessica Estrella Silva o a su esposo Jaime Torres Esquivel, que al momento de escribir esto se encuentra en alto riesgo su vida, por una agresión que deja la lección de que una cosa son los soldados y otra, muy distinta, una policía profesional.
Recomiendo que no se metan así con Chihuahua, es un estado que quiere a la república y desea una unión perpetua con ella, que Javier Corral quiere romper auspiciando una “alianza federalista”. Basta de humillaciones. Una hegemonía se quiere imponer a toda costa y, a mi juicio, puede tener en Chihuahua su eslabón débil en ciernes.
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.