El uso de la fuerza por parte de la Policía Michoacán para detener manifestaciones de los estudiantes de la Normal Rural ‘Vasco de Quiroga’ es una costumbre. El caso más reciente es el del pasado 10 de septiembre, cuando 23 estudiantes fueron llevados al Centro de Reinserción Social
Texto: Heriberto Paredes y Rodrigo Caballero / Pie de Página
Fotos: Rodrigo Caballero
Ser maestro rural en el Michoacán de hoy puede costar la libertad o la vida, dependiendo de la represión efectuada por los diversos cuerpos de seguridad del gobierno estatal. Esta fórmula se puede aplicar a todo el país, en donde miles de jóvenes aún se forman en el magisterio para atender las necesidades educativas de comunidades indígenas, mestizas y en algunos estados afromexicanas.
El pasado 10 de septiembre, al menos 23 estudiantes de la Escuela Normal Indígena de Michoacán tomaron un autobús para trasladarse a la Escuela Normal Rural ‘Benito Juárez’, ubicada en el municipio de Panotla, Tlaxcala. Es común que haya intercambios estudiantiles entre las distintas Normales que aún sobreviven en el país. La empresa de autobuses Parhíkuni reportó como robo y provocó una movilización policiaca.
Existen muchas posiciones respecto a lo que significa tomar autobuses por parte de estudiantes normalistas, tal vez sea imposible llegar a un acuerdo sobre si es o no permisible esta acción, sin embargo, lo que sí es un hecho es que estos jóvenes, muchos de recién ingreso, fueron detenidos, llevados a la Fiscalía General del Estado (FGEM) y tras 24 horas –sin tener comunicación con sus familiares– fueron trasladados al Centro de Reinserción Social (Cereso) ‘David Franco Rodríguez’, conocido como Mil Cumbres.
Según el Informe ‘La Educación obligatoria en México 2019’ del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), una de las directrices principales para el fortalecimiento de la educación en Michoacán es «impulsar la participación en la formación continua de maestros indígenas», aunque en la realidad la preocupación del gobierno encabezado por Silvano Aureoles se expresa en la represión y detención de estudiantes de manera sistemática.
El uso de la fuerza por parte de la Policía Michoacán para detener manifestaciones es una costumbre que se realiza casi diariamente; incluso es regular que un camión repleto de policías antimotines se pase las horas del día estacionado sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la tenencia de Tiripetío, para tratar de disuadir las actividades de la Normal Rural ‘Vasco de Quiroga’.
Entre los funcionarios estrella del sexenio del perredista Aureoles, estaba el anterior subsecretario de Seguridad Pública estatal (SSP), Carlos Gómez Arrieta, quien tras aparecer en un video difundido por el medio español El País, donde participaba en la tortura de un presunto miembro de Guerreros Unidos, renunció a su cargo en 2019 y tras la emisión de una orden de aprehensión, decidió entregarse este 11 de septiembre de 2020.
Gómez Arrieta era muy popular en Michoacán por detener estudiantes, disparar contra maestros, disolver protestas del magisterio con uso excesivo de la fuerza, y ahora, por ser una pieza clave en el avance de las investigaciones del caso Ayotzinapa.
La represión hecha costumbre
Las detenciones de estudiantes, la represión de manifestaciones con el uso de armas de fuego y, ahora, el nuevo golpe a los normalistas son una práctica que ha endurecido la administración de Silvano Aureoles Conejo, desde que llegó al cargo de gobernador de Michoacán en el 2015.
Uno de los episodios más violentos de agresión de la Policía Michoacán en contra de normalistas ocurrió el 21 de junio de 2017, cuando los oficiales dispararon a los manifestantes, y dejaron un estudiante herido en la cabeza con un disparo de arma de fuego y otro con un disparo de goma en el pecho.
Tras el disparo en la cabeza, el joven Gael Solorio Cruz permaneció varios días en coma inducido debido a la gravedad de sus heridas por lo que de inmediato sus compañeros exigieron la renuncia de Silvano Aureoles Conejo, del entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y la del entonces subsecretario, Carlos Gómez Arrieta, pero sus denuncias fueron en vano.
En su lugar fueron dados de baja el subdirector de Seguridad Pública, Antonio Paniagua Arce y el director de Seguridad Pública, Fidel Ortiz Barragán, sin embargo, esto no ha detenido las agresiones de la Policía Michoacán en contra de manifestaciones que se llevan a cabo por parte de normalistas del estado.
Tan sólo el 27 de mayo de 2020, nueve estudiantes de la Escuela Normal ‘Vasco de Quiroga’, ubicada en Tiripetío, fueron detenidos por elementos de la Policía Michoacán al intentar tomar un autobús; tras las detenciones 8 de ellos fueron vinculados a proceso y se encuentran en prisión preventiva. Sin importar la fecha, las y los aspirantes a conformar el magisterio indígena viven en una situación de precariedad y constante temor, ya que ser normalista en el México de hoy puede significar, también, lo peor.
Herencia magisterial
Manuel Zambrano Santos, uno de los chicos de recién ingreso que fueron detenidos, una semana antes de estos sucesos, nos mandó algunos mensajes por Whatsapp, donde decía que estaba batallando para agarrarle la onda a «esto de ser normalista», entre sus miedos estaba el que pudieran hacerle algo o acabar como los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos. «Recomiéndame algo para leer sobre las vidas de esos chavos, quiero conocer sus vidas» dijo en un mensaje de audio.
Originario de la costa michoacana, de la comunidad indígena de Santa María Ostula, acaba de cumplir 18 años, es bueno para cantar y le gusta la música, es muy tranquilo y en las hermosas tardes de playa a veces se va con sus amigos a jugar fútbol. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, sin haberlo planeado, hemos compartido la lucha que su comunidad ha sostenido desde hace muchas décadas en defensa del territorio.
La mamá de Manuel, Yolanda, tiene un restaurante en la Ticla, una localidad de Ostula, ahí es el lugar en donde los surfers desayunan, donde se comen ceviches y pescados fritos, donde se puede tomar una cerveza al caer la tarde. La familia es tranquila, en total son 4 hijos y todos ellos atienden en el restaurante, El Amparo del Surf, y ahí ha pasado gente tan diversa como Marichuy, la vocera del Consejo Indígena de Gobierno (CIG), o fotógrafos y periodistas de todo el mundo, incluso el profesor y filósofo Alberto Híjar ha parado en este bello espacio.
Manuel también es sobrino de uno de los luchadores más importantes de Ostula, un maestro indígena llamado Teódulo Santos, quien fue asesinado el 15 de mayo de 2012 por jóvenes integrantes de los Caballeros Templarios. El dolor que esta pérdida ha ocasionado a la familia y a la comunidad sólo ha sido mitigado por el ejemplo de compromiso y lucha por una mejor educación.
Santa María Ostula, además de ser una comunidad campesina, también es una fuente de maestros y maestras, como si la vocación educativa abrevara de los ríos y del mar. Haciendo una revisión de las autoridades agrarias, de los líderes sociales que fueron desaparecidos o asesinados durante el periodo de asedio de la violencia organizada (2008-2015) todos son o fueron maestros, incluyendo al actual comandante de la Guardia Comunal, Germán Ramírez, quien trató de seguir dando clases y patrullar todos los días hasta que la carga de trabajo en seguridad lo absorbió.
Este joven, heredero del magisterio michoacano, fue detenido junto a Juan Felipe Serrano Buelvas, Aldo de Jesús Nazario y Sergio Arceo Guzmán, paisanos de Ostula, y junto con ellos, otros 19 normalistas más, que al cierre de este texto, fueron liberados gracias al trabajo jurídico y a la protesta de su comunidad.
Hicieron sus exámenes de admisión entre el 29 y el 31 de julio de este año, con gusto recibieron la noticia de que fueron aceptados y, en poco tiempo, tuvieron la mala fortuna de seguir las directrices clásicas de entrenamiento, que marca un primer paso en la preparación obligatoria de las diversas formas de protesta y movilización de los estudiantes normalistas en México.
Un camión de policía sobre los estudiantes
Luego de las detenciones del 10 de septiembre, al día siguiente, un contingente de la Escuela Normal de Tiripetío se manifestó en la carretera Morelia-Pátzcuaro para exigir la liberación de sus compañeros y, como en otras ocasiones, la presencia de la Policía Michoacán no se hizo esperar.
La presencia policiaca provocó que los manifestantes se replegaran hasta las puertas de la tenencia de Tiripetío, donde se encuentra el crucero de la antigua carretera a Acuitzio del Canje, en donde se mantuvieron los estudiantes hasta pasado el mediodía, sin embargo, el enfrentamiento con la policía siguió hasta que escaló con el uso de palos, piedras y cohetones para obligar a los policías antimotines a retirarse del lugar.
Luego de una confrontación los oficiales en retirada se movieron del lugar, sin embargo, el remate que cerró este episodio fue el momento en que un autobús de policía se abalanzaba sobre el contingente estudiantil, atropellando a nueve jóvenes, que afortunadamente no sufrieron lesiones graves.
La respuesta del gobierno de Michoacán fue inmediata al suceso, minutos después de lo ocurrido el actual secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, publicó un video explicando que estas imágenes que muestran a un autobús de la policía atropellando normalistas eran en realidad el resultado del forcejeo entre el chofer y un par de estudiantes que, aparentemente, se subieron a tratar de tomar el autobús.
Patrón asegura que todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse pero que los estudiantes recurrieron a la “violencia, caos y destrucción” por lo que dijo que esa conducta era reprobable y fue lo que desató el operativo de la Policía Michoacán. El secretario finaliza el video pidiendo que no se difunda información falsa.
En respuesta a ello, algunos miembros de la Normal de Tiripetío comentan en el programa Noventa Grados (un programa televisivo de Michoacán) que, en realidad, nadie de los estudiantes se subió al autobús de la policía porque las puertas estaban cerradas y al analizar detenidamente el video de la manifestación, argumentan los normalistas, se puede apreciar que el autobús es deliberadamente lanzado contra la manifestación.
«Lo que queremos es que se nos escuche, que el gobierno nos reciba y escuche nuestras problemáticas, que podamos encontrar una solución, pero cada vez que nos manifestamos nos reciben con represión», dice uno de los tres normalistas del panel. Quieren diálogo, para liberar a sus compañeros presos, pero también para discutir otras problemáticas de la educación que sólo siguen agravándose, como la falta de presupuesto y la mejora en la calidad de la formación magisterial.
Primera y última audiencia
Desde que la comunidad nahua de Santa María Ostula tuvo noticia de estas detenciones comenzaron a organizarse para exigir la liberación de todos los normalistas presos, así lo declararon en un comunicado emitido a través de su página de Facebook Comunicación Ostula: «En caso de no dejar en inmediata libertad a los estudiantes detenidos, la comunidad indígena de Santa María Ostula tomará las acciones necesarias para conseguir este objetivo, en apoyo a la educación crítica y popular de Michoacán».
Desde temprana hora, este 12 de septiembre, miles de mujeres y hombres se congregaron en la entrada Xayacalan, y cerraron totalmente la carretera federal 200 a manera de protesta. El cierre tuvo como primer límite el resultado de la primera audiencia de los 23 normalistas, prevista para este mismo día a las 16:30.
Un gran mosaico de cartulinas de colores expresaron su apoyo a los normalistas y dieron mensajes exigiendo su liberación. El responsable de comunicación de la comunidad declaró en llamada telefónica que «este es un primer acto para protestar por esta detención y para exigir la liberación de todos los normalistas, no sólo los muchachos de nuestra comunidad, pero si esto se alarga vamos a apoyar hasta donde sea necesario, estamos listos».
Gracias a la labor de los abogados asignados por la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las familias de los normalistas detenidos supieron en dónde sería la audiencia para determinar la situación jurídica y el posible procedimiento de defensa.
A llegar a la sección de juzgados del Cereso, Yolanda pudo observar a cerca de 100 normalistas, mujeres y hombres, que estaban ya lanzando consignas. Sin embargo, a pesar de que las audiencias son públicas, las rejas de esta sección estaban cerradas y resguardadas por la Policía Michoacán. Sin mayor información, 5 horas después, llegó la noticia de que los normalistas serían absueltos y tardarían otras dos horas en ser liberados. En ningún momento hubo condiciones para esperar dentro de las instalaciones, tomar un café o ir al baño.
Alrededor de las 11 de la noche de este 12 de septiembre, entre consignas y exigencias de “¡Presos políticos, libertad!”, los 23 normalistas comenzaron a salir para reunirse con sus familias.
En un breve comunicado final, Santa María Ostula expresó su agradecimiento: «La comunidad quiere agradecer todo el apoyo recibido de parte de amistades solidarias, de organizaciones y colectivos, de los abogados de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), gracias a las demás Escuelas Normales de todo el país, que luchan y resisten firmes y dignos, a los abogados solidarios que nos dieron consejo y sobre todo queremos agradecer a las y los comuneros que se organizaron para realizar la protesta del día de hoy en la carretera federal 200: la comunidad somos todas y todos los que nos organizamos. Un agradecimiento especial para las familias de Manuel, Felipe, Aldo y Sergio, que estuvieron al pendiente en todo momento, viendo por la libertad de sus hijos».
***
Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
