Lo único que procede, jurídica y políticamente, es denunciar a López Obrador por incumplir su obligación de denunciar ante la Fiscalía General de la República, los supuestos hechos delictivos cometidos por los expresidentes
Gerardo Cortinas Murra
La sed de venganza política nubla la mente de AMLO. Ante el rotundo fracaso de su pretensión de lograr el porcentaje constitucional (2 por ciento de la Lista Nominal de electores) para que fuera procedente la consulta nacional para enjuiciar a los expresidentes, López Obrador optó –en su carácter de presidente de la República– por ser él mismo, quien promoviera una consulta presidencial.
Los argumentos más sobresalientes de este nuevo capricho presidencial son los siguientes:
- Entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional. Esa etapa trágica en la vida del país se denomina periodo neoliberal o neoporfirista.
- Los males señalados en el párrafo anterior no ocurrieron de manera fortuita, sino que fueron consecuencia de la aplicación, durante cinco sexenios, de un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular… En suma, los desastres humanos, sociales y nacionales sufridos por el país durante esos treinta años fueron resultado de una suma de actos voluntarios y racionales por parte de quienes lo gobernaron en ese lapso.
- El neoliberalismo gobernante se tradujo en la pérdida de centenares de miles de vidas, en decenas de miles de desapariciones, en la conculcación de derechos políticos y sociales, en el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la marginación, la informalidad y la descomposición social, en el deterioro sostenido de los sistemas públicos de salud y educación, en la desprotección de millones de jóvenes y adultos mayores, en un pronunciado deterioro de las instituciones, en la pérdida de soberanía y en la devastación de las industrias petrolera y eléctrica, entre otras consecuencias graves.
- La desigualdad en México se profundizó precisamente durante el periodo neoliberal o neoporfirista.
- Independientemente del curso que tomen las acciones legales en los procesos en contra de diversos exfuncionarios, tanto en México como en el extranjero, la decisión de si debe esclarecerse en términos legales la actuación de los cinco expresidentes referidos ha de considerarse un tema de trascendencia nacional y que por su proyección histórica y sus implicaciones políticas amerita ser puesto a la consideración de la ciudadanía en un espíritu de democracia participativa.
- El ejercicio de la consulta popular sobre la viabilidad de iniciar procesos legales en contra de los ex presidentes es en sí mismo un precedente necesario para prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder y un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizó a los gobiernos neoliberales, una forma de despejar la ambigüedad legal que ha imperado sobre las responsabilidades de la figura presidencial y una reafirmación del principio de soberanía popular.
En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción III del artículo 21 de la Ley Federal de Consulta Popular, López Obrador propone la siguiente pregunta:
¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
Para fortuna de todos los mexicanos, esta consulta presidencial será otro fracaso político para AMLO, en virtud de que la legislación penal no contempla la figura de la ‘adherencia ciudadana’ para efecto de iniciar un procedimiento administrativo y/o penal. Sin duda alguna, esta es otra de las tantas ocurrencias del Mugreno Mayor.
En efecto, el Art. 109 del Pacto Federal precisa que “la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público que incurran en hechos de corrupción será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable”.
Al respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece el deber de denunciar, tanto de los particulares como de los servidores públicos, en los términos siguientes:
Artículo 222. Deber de denunciar
Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía.
Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes.
Luego, es totalmente falsa la aseveración de AMLO de que “la consulta solicitada tiene el propósito central de llevar a un cauce legal claro un asunto de interés general y trascendencia nacional y posibilitar, en su caso, juicios apegados a derecho y respetuosos del debido proceso”.
Así las cosas, lo único que procede, jurídica y políticamente, es denunciar a López Obrador por incumplir su obligación de denunciar ante la Fiscalía General de la República, los supuestos hechos delictivos cometidos por los expresidentes y que son de su pleno conocimiento.
P.D. Los lectores de LA VERDAD de Juárez pueden leer aquí el texto íntegro de la consulta presidencial de AMLO.
