No hay Estado de Derecho en esta materia ni voluntad política de actuar en contra de la corrupción en un caso notorio como el de César Duarte. La denuncia se interpuso el 23 de septiembre del 2014… y nada hay en favor de la justicia, ni antes ni ahora
Jaime García Chávez
Un 23 de septiembre de 2014, en pleno Gobierno de Peña Nieto y reinado de Jesús Murillo Karam en la extinta PGR, presenté una denuncia penal contra el entonces Gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez. Eran tiempos en los que el tirano tenía adormecida a la sociedad chihuahuense y muy escasas las voces propias de la disidencia y la crítica.
Los partidos políticos, incluidos el PAN y el PRD, actuaban de corifeos y no perdían oportunidad de “estar bien con palacio” como acostumbraban decirlo. En el Congreso del estado todo era obsequiosidad y la “oposición” autorizaba cuanto se le pedía. A la Auditoría Superior del Estado, en manos de su compadre y paisano, Jesús Esparza Flores, hoy preso por delitos de corrupción, sólo le faltó publicar desplegados laudatorios al Gobernador, porque jamás encontró un solo elemento que abriera la posibilidad de un modestísimo procedimiento administrativo aclaratorio.
Los rectores estaban en la misma línea: el de la Universidad Autónoma de Chihuahua, absolutamente entregado al poder gubernamental; y qué decir de el de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ricardo Duarte Jáquez, sobra decir, hermano del Gobernador denunciado, “consagrado” faraónicamente con el respaldo de la jerarquía católica, personificada en el obispo Constancio Miranda Weckman.
Son muestras de cómo se significó un Gobierno tiránico, unipersonal y enfermo de la desmesura llamada “hybris”. La inconformidad era cívica, enorme pero pasiva, podemos decir que casi nadie se atrevía a levantarle la mano al Gobierno corrupto y corruptor. Así, sumariamente descrito, la sola presentación de la denuncia ante la PGR, la propia Fiscalía estatal (refrendada en la actual que encabeza César Augusto Peniche) y el proceso para enterar debidamente a la Secretaría de Hacienda, de Gobernación y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por violaciones a las importantes leyes que rigen a los bancos y a todas las instituciones auxiliares de crédito, desencadenó tal inconformidad de la que ya no se recuperó el priista.
De la denuncia, toda la burocracia involucrable a efectos del conocimiento de los hechos se enteró, y ahí está el matasellos acusando de recibida la información oficial que describe los hechos. En realidad la obligada constitucionalmente a conocer del asunto era la PGR (hoy FGR) y han pasado seis años y no hay a la fecha una resolución definitoria. Obviamente que no se ha girado una solicitud de orden de aprehensión contra Duarte, pero tampoco se ha declarado en firme que se deba complementar la denuncia, o de plano decretar en firme el no ejercicio de la acción penal, procedimiento que coloquialmente es conocido como “carpetazo”.
No es que se encuentre en el limbo, es que al Gobierno federal, y ahora a su Fiscalía autónoma, no le interesa el delicado tema.
Se trata de un caso que por razones obvias trascendió de un sexenio –el de Peña Nieto– al actual. El expresidente priista intentó de último momento que se decretara el carpetazo, apoyándose en la servidumbre de Alberto Elías Beltrán, que recurrió a burdas chicanas propias de la peor práctica judicial. Nos levantamos con un juicio de amparo que a la postre echó para abajo el archivo para que se reemprendiera el trámite. Ahí nos enteramos, ya en plena inauguración del Gobierno de la Cuatroté, que el señor Gertz Manero había dado la orden de no perder ningún amparo y estuvo litigando en contra de nuestra causa en una tortuosa revisión tramitada ante un Tribunal Colegiado en la ciudad de Chihuahua. En los hechos, tuvo que reconocer que estaba mal, y alguno de sus agentes desistió de sus empeños procedimentales.
Contra los argumentos que había esgrimido Elías Beltrán, expusimos los propios cuando nos dieron la vista correspondiente y, otra vez, estamos en el limbo: no sabemos nada de nada porque la propia oficina de la FGR se maneja con un hermetismo extremo, que lejos estoy de tomar como una ofensa personal para trasladarla a un agravio a la sociedad chihuahuense.
Estos hechos me podrían convencer fácilmente de que no hay Estado de Derecho en esta materia ni voluntad política de actuar en contra de la corrupción en un caso notorio como el de César Duarte. No es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador desprecia la lucha anticorrupción que se ha generado en Chihuahua. Cuando luchamos contra Patricio Martínez García (Gobernador de 1998 a 2004), en una visita que AMLO hizo a la ciudad, este la descalificó. Dijo: “Es una lucha de ese perredista”, refiriéndose a mi persona. Y vaya que en aquel entonces militábamos en el mismo partido.
Ahora, ya Presidente, se muestra el mismo interés, pretextando la autonomía de la Fiscalía. Pero mientras sean peras o manzanas, nada hay en favor de la justicia en el caso de la denuncia cívica presentada desde hace seis años contra César Duarte; quiero decir ni antes, ni ahora.
Por eso, algunas sociedades van acumulando tal cantidad de agravios que un día estallan, y López Obrador lo sabe por los resúmenes que ha hecho de la obra de don Daniel Cosío Villegas.
Sin embargo, continuamos adelante. Es bueno el encaje, pero no tan ancho.
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
