El Gobierno Federal comenzó este domingo el cierre de la prisión y el traslado de reos a penales en otros estados; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana determinará el destino final del edificio en el que operó el penal en Ciudad Juárez desde 2011, se informó
Blanca Elizabeth Carmona/La Verdad
El único penal federal en el Estado de Chihuahua que funcionaba en Ciudad Juárez, el Cefereso 9 Norte, fue cerrado este domingo por el Gobierno de México, quien inició el desmantelamiento de la cárcel donde se recluyó a decenas de criminales de alta peligrosidad, entre ellos Joaquín, ‘El Chapo’, Guzmán Loera.
Entre las consideraciones con las que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana justifica el cierre de la prisión federal se menciona la necesidad de que las instalaciones penitenciarias cuenten con la infraestructura, recursos humanos y materiales suficientes para atender a la población carcelaria.
También, la necesidad de generar acciones para la modernización y reingeniería en materia penitenciaria, así se señala en el Acuerdo por el que se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal al Cefereso 9 Norte, publicado este domingo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se establece el cierre del penal.
Abogados de la localidad consideraron que el cierre del Cefereso 9 Norte obedece más a un recorte de recursos por parte del Gobierno Federal, en materia de reinserción social, más que a una verdadera falta de infraestructura, y lamentaron que no se haya privilegiado una inversión.
En el acuerdo, firmado por Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, se indica que con el cierre del penal se da cumplimiento a una decisión tomada el pasado 20 de noviembre por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta determinación se estableció para entrar en vigor al publicarse el documento, lo que ocurrió este domingo.
“El Plan Nacional de Desarrollo alude a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y en su objetivo número 7, señala la recuperación y dignificación de las cárceles, por lo que es necesario que las instalaciones penitenciarias cuenten con la infraestructura, recursos humanos y materiales suficientes para atender a la población penitenciaria que se alberga en los centros penitenciarios federales”, se lee en el documento publicado en el DOF.
Tras la difusión del cierre del penal federal, las personas que estaban recluidas en lugar comenzaron a ser trasferidas a otras prisiones federales ubicadas en otras entidades federativas de México.
Situación que generó el encono de los familiares de los internos, quienes este domingo se amontonaron al exterior de ese reclusorio –ubicado en el kilómetro 32 de la carretera Panamericana en lo que está identificado como reserva “El Cantón”– para exigir que se les informara a dónde estaban siendo trasferidos sus seres queridos.
La autoridad respondió con el despliegue de un grupo de antimotines. No se dio información oficial del destino final de los reos.
En el Acuerdo solo se da a conocer que “las personas privadas de la libertad que alberga el Centro Federal de Readaptación Social número 9 “Norte” serán trasladadas a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social”.
También se indica que los derechos de los trabajadores del penal serán respetados conforme a la ley y por tanto serán reubicados en otros centros penitenciarios federales.
“El comisionado de Prevención y Readaptación Social, a través de la Dirección General de Administración de Prevención y Readaptación Social, realizará las acciones conducentes para el destino final de los bienes muebles pertenecientes al Centro Federal de Readaptación Social número 9 Norte, haciendo uso de los recursos materiales, financieros y humanos que sean necesarios para tal fin”, se indica.
‘Traslado y cierre afecta procesos penales’
El vicepresidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez, José Antonio Navarro Castañeda, dijo que al trasladar a las personas que estaban internadas del Cefereso 9 Norte se violó el Artículo 18 constitucional en el que se establecer que todos los detenidos tienen derecho a permanecer en un centro cercano a donde se encuentre la familia, para privilegiar la reinserción, y a ser procesado donde presuntamente se cometió el delito.
Navarro también expresó que jurídicamente no observa ninguna justificación para la clausura del penal federal.
“Creo yo que están justificando una decisión política con el hecho de que no reúne las condiciones para albergar internos de alta peligrosidad, pero se trajeron al Chapo”, recordó el litigante quien también enfatizó “antes de que se pasara a la federación en ningún momento hubo un análisis de que no cumplía con las normas para ser un Cefereso, tan es así que lo adoptaron como tal y trajeron reos muy peligrosos a este Cefereso 9 Norte”.
José Armando Alonso González, presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, consideró que en lugar de cerrar ese reclusorio, el Gobierno Federal debería haber invertido para certificarlo y que reuniera las características necesarias para seguir funcionando.
“Va afectar mucho (el cierre) porque las personas internas tienen un arraigo familiar y sobre todo en los procesos, pues ellos deben ser enjuiciados donde se cometió el delito y esto de que los cambien de ciudad les va afectar grandemente para su familia. Trasladarlos en una gran violación a los derechos humanos… es una inversión que en todo caso debería hacer el gobierno federal porque es el competente para tomar cartas en el asunto y que los Ceferesos estén debidamente certificados para el buen funcionamiento en cuanto a la seguridad”.
Una cárcel para capos
El Cefereso número 9 cerró a poco más de 9 años de que entró en funcionamiento, en un inmueble que antes operó como prisión estatal.
Durante su operación, el penal tuvo como huéspedes a ‘El Chapo’, líder del Cártel de Sinaloa y a su compadre Dámaso López ‘El Licenciado’; al cabecilla de Los Zetas, Miguel Treviño el “Z-40” y hasta José Antonio Romo López “El Hamburguesa”, líder del Cártel del Golfo. También a Julio César Escárcega Murillo, alias ‘El Tigre’, líder del “Nuevo Cártel de El Tigre”, que opera en la zona occidente del estado.
Aunque el traslado de reos de alta peligrosidad se dio prácticamente desde sus inicios. El 27 de mayo del 2011 el Gobierno del Estado de Chihuahua donó el inmueble del entonces Cereso Estatal al Gobierno Federal. Este inmueble cuenta con una superficie de 265 mil 402 metros cuadrados, más un área de amortiguamiento de 200 metros lineales circundantes al polígono.
Antes de su funcionamiento, el Gobierno Federal abrió unas tres mil plazas laborales para diferentes áreas como oficiales en prevención, cocineros, ingenieros, doctores, abogados, psicólogos y carreras técnicas, comenzando con un sueldo de 11 mil 900 pesos más prestaciones.
Después inició el traslado de reos desde otros reclusorios, en el estado y otras regiones del país. En junio del 2012, 25 personas a quienes se les señalaba como integrantes del Cártel de los Zetas fueron enviados al Cefereso 9 Norte. De estas, 12 venían del Cereso de Apodaca y la mayoría de ellos habían sido recapturados después de una fuga de 37 internos y del asesinato de 44 personas en ese centro penitenciario; otros 13 provenían del penal de Cadereyta, Nuevo León.
Para finales de ese mes, al Cefereso 9 Norte habían sido trasferidas un total de 42 personas ligadas al grupo “Los Zetas”.
El 9 de octubre del mismo año, seis personas acusadas de integrar una banda dedicada al secuestro y conocida como “Los Chiapanecos” presuntamente con presencia en los estados de Veracruz, Morelos, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero y Tabasco también fueron enviados al Centro Federal 9 de Juárez desde el poblado de Rinconada, municipio de Emiliano Zapata, en Veracruz. Tres horas después de su llegada, uno de los acusados falleció. Esta persona fue identificada oficialmente como Benjamín Gavito Rosas, de 40 años.
A finales del 2012 fueron traídos al penal 9 Norte, siete policías federales señalados por la autoridad como presuntos responsables del intento de asesinato de dos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en México y a un elemento de la Secretaría de Marina Armada de México, en el poblado de Tres Marías, Estado de Morelos.
El 14 de marzo del 2014, cinco personas recluidas en el Cefereso 9 Norte y acusadas de los delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se fugaron del Cefereso 9, tres de ellos fueron recapturados inmediatamente; el siguiente 6 de abril fue reaprehendido otro de ellos, Víctor Alejandro Sánchez García, y en junio del mismo año, Álvaro Moisés Eguiarte Silva.
En noviembre del 2015 se envió a Víctor Hugo Delgado Rentería o Iván Cazarín Molina (a) “El Tanque”, segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación, y tres de sus presuntos cómplices, quienes fueron detenidos en la colonia Hacienda La Candelaria, municipio de Tlajomulco Jalisco.
El 10 enero del 2016 cuatro cómplices del capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera y quienes habían sido detenidos por la Armada de México en Los Mochis, Sinaloa, fueron enviados el Cefereso 9 Norte de Ciudad Juárez.
Cuatro meses después, el 7 de mayo fue trasladado ‘El Chapo’, proveniente del penal del Altiplano en el Estado de México, de donde se había escapado el 11 de julio del 2015.
En la madrugada de mayo del 2016, un jet de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) aterrizó en el aeropuerto de Ciudad Juárez y de este bajó Guzmán Loera –considerado desde su primera fuga en enero de 2001, como el segundo hombre más buscado por el FBI y la Interpol solo después de Osama Bin Laden– para luego abordar un helicóptero que lo llevó hasta el Cefereso 9.
Horas antes tres aviones de la misma Comisión habían movilizado a más de 100 custodios hacía esta frontera, para que se encargaran del resguardo y custodia del narcotraficante Guzmán Loera, al interior del centro federal. Además de la participación de decenas de soldados del Noveno Regimiento de Caballería Motorizada y elementos de la Armada de México, quienes realizaron múltiples operativos en la carretera, así como sobrevuelos.
El 19 de enero del 2017, luego de ocho meses de permanecer en el Centro Federal 9, “El Chapo” fue extraditado a Estados Unidos. Vía aérea, fue llevado al Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.
Posteriormente el 17 de julio de 2019, Joaquín Guzmán Loera fue condenado a cadena perpetua por delitos de narcotráfico.
También en febrero del 2016, 41 hombres que estaban recluidos en el penal de Topo Chico en Monterrey, Nuevo León fueron trasferidos al Cefereso 9 Norte, luego de que ocurrió un motín considerado como la mayor tragedia carcelaria del país, pues dejó un saldo de 49 internos muertos y 12 más lesionados.
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