Cada vez más empresas requieren seguridad para mantener sus operaciones, no solo ante las extorsiones de las que son sujetas, también por los riesgos de perder sus productos por robos. Nada es seguro, por lo que cada vez cuesta más hacer negocios en el país
Javier Cruz Aguirre
Concluyó 2020 y las dependencias de gobierno inician la recopilación de los últimos datos estadísticos referentes a los temas de seguridad púbica en nuestro país, los cuales, de acuerdo con el discurso previo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), van a registrar un descenso en algunos de sus índices con relación a los números del 2019, considerado por muchas organizaciones nacionales e internacionales que monitorean los niveles de violencia en el mundo como el más desastroso para México en materia de inseguridad, criminalidad y violencia.
Para efectos del tema de este artículo, los datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) del 2019, dados a finales del 2020, son válidos para demostrar cómo la inseguridad ha socavado la esperanza de disfrutar una mejor vida para millones de mexicanos que a la desgracia de quedarse sin empleo o negocio por los efectos de la pandemia de Covid-19 en este año, suman el acumulado que para ellos ha significado el resultado social y económico que propicia la inseguridad que despunta en el país.
Por ejemplo, de acuerdo con esa fuente de información oficial, durante 2019 se reportaron 1.5 millones de negocios establecidos que fueron víctimas de algún tipo de delito, los cuales denunciaron un total de 3.9 millones de delitos –robo, asalto y extorsión, principalmente- para un promedio de 2.6 crímenes cometidos en cada uno de esos negocios.
Asimismo, la media en pérdidas de cada empresa fue de 85 mil 329 pesos, en donde se incluye el costo de los dispositivos preventivos y la reposición de lo sustraído ilícitamente, por lo que la misma encuesta determinó que el precio total de esta inseguridad equivale a 1.2 por del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Pero existen otras visiones y cifras en el mismo tema.
Por ejemplo el estudio “ Estimaciones de Costos del Delito y la Violencia para el Sector Privado en México y la Importancia de su Participación en la Prevención de la Violencia como Estrategia de su Modelo de Negocios a Largo Plazo”, que se publicó en junio del 2019 por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en Inglés), afirma que el costo directo de la delincuencia y la violencia a las empresas en México se estima en 147 mil 301 millones de pesos al año –un valor anual de 298 mil 834 pesos por cada negocio –, lo que representa alrededor de 0.7 por ciento del PIB nacional.
Esto es más grave si se suma conjuntamente al costo directo a las empresas, el daño directo a las personas que dependen del negocio criminalizado así como los gastos directos e indirectos del gobierno en materia de prevención, investigación y judicialización de los delitos, lo que aumenta el golpe económico que provocan la violencia y los delitos a 1.52 billones de pesos; es decir 6.8 por ciento del PIB nacional.
En lo que sí coinciden los estudios es que si bien es cierto que la proporción de empresas de todo tipo que sufrieron al menos un delito descendió de 33.7 en 2017 a 30.5 por ciento en 2019, la percepción de inseguridad entre los propietarios de estos negocios no varió dado que, para efectos prácticos, aún 3 de cada 10 establecimientos enfrentaron esta realidad en 2019.
A ello se suman dos hechos de alto impacto emocional para quienes son víctimas de la violencia y el despojo patrimonial de sus empresas:
1.- Que el comercio a mediana escala –es decir, el de la sensible clase media mexicana– es el más afectado por la inseguridad y,
2.- Que si bien el ‘robo hormiga’ y la extorsión se redujeron de manera significativa en 2019, los delitos de asalto y robo de mercancía o bienes que regularme incluye algún tipo de violencia o uso de armas, aumentó en dos años: en el 2017 se registró una tasa de incidencia de esta infracción de 921 por cada 10 mil establecimientos, pero al terminar 2019 la tasa remontó a mil 69 por cada 10 mil.
La encuesta del INEGI asienta en que en el 41 por ciento de los delitos declarados contra empresas y negocios estuvieron presentes los propietarios o algún colaborador, y que en el 31 por ciento de los casos el delincuente sí portaba un arma al momento de cometer el robo, lo que dejó huellas psicológicas –de leves a severas– en las víctimas.
Por su parte, la consultora internacional Moody’s Investors Service destacó en otro informe de septiembre del 2019 que el aumento de la inseguridad, los robos y las advertencias de viaje a México también impactan en la rentabilidad de las empresas mexicanas.
Esto es, la percepción real o subjetiva de “la intensificación de la violencia y la delincuencia en México” presuntamente aumenta la preocupación empresarial internacional por los riesgos crediticios relacionados con la seguridad para las compañías, así como los riesgos económicos para los estados y los municipios mexicanos.
Así, aun cuando existen grandes consorcios mercantiles que se adaptan y asimilan sin mayor riesgo financiero y crediticio el problema de la inseguridad y la violencia, para la inmensa mayoría de los negocios de tamaño medio, pequeño y micro sus líneas de crédito se evaporan con increíble rapidez, lo que las hace altamente vulnerables al cierre temporal o definitivo de sus establecimientos.
Es así como el ciclo de crisis recurrentes del sistema neoliberal y la propagación de la violencia por negligencia, omisión, complicidad o corrupción gubernamental, también genera riesgos económicos no sólo al mayor número de negocios en México como lo son las micro, pequeñas y medianas empresas, sino también a los gobiernos que participan en este modelo económico y financiero que, en su incongruencia y desigualdad crónica, frena no sólo al sano desarrollo de las sociedades mercantiles, sino también al crecimiento de los ingresos fiscales de las autoridades en todos sus niveles.
Y el daño no se limita a eso. Las pérdidas relacionadas con la inseguridad igualmente representan un riesgo para otras industrias como la ferroviaria, portuaria, industrial, automotriz, minera, boutiques, centros comerciales, corporativos, centros educativos, hospitales, hoteles, laboratorios, residenciales y un largo etcétera.
Esta certeza descubre un nuevo rostro de la inseguridad y la violencia en México: el florecimiento y crecimiento desmedido de las empresas de “seguridad privada”.
Es la Dirección de Seguridad Privada, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien paradójicamente destacó el enorme desarrollo de este género de establecimientos que de alguna forma suplen o complementan un servicio público elemental que debería estar proporcionando el Estado.
De acuerdo con esa fuente de información, al terminar el tercer semestre del 2019 se tenía en registro a casi tres mil 900 empresas de seguridad privada en el país, pero el dato se completó con una cifra de miedo: hay más de ocho mil 200 establecimientos “patito”, es decir no tienen un control oficial en sus sistemas de operación y técnicas profesionales de servicio, por lo que la dependencia federal de plano recomendó:
“Hay que ser muy cauteloso con ellas al momento de seleccionar una compañía profesional de seguridad privada que garantice un buen retorno de inversión”.
A este conflicto agravado de inseguridad las empresas suman la proliferación de los llamados “ciberdelitos” que se potencializaron en 2020 por el avance tecnológico y la masificación del uso de la internet y las redes sociales por efectos de la pandemia de Covid-19.
En un reportaje del portal periodístico Contralínea del pasado 22 de noviembre, Oliver González Barrales, director General del área Científica de la Guardia Nacional, aceptó que el confinamiento potencializó los daños a infraestructura crítica, los fraudes cibernéticos, la suplantación de identidad, los ataques de “ransonware” (robo de datos) y otros delitos “en línea” en contra de compañías y ciudadanos.
“Tan sólo entre el 18 de septiembre y el 20 de octubre (del 2020) se reportaron 2 mil 218 ciberataques contra ciudadanos, y 7 mil 964 contra instituciones privadas y públicas”, reveló el funcionario federal.
Y el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Javier Juárez Mojica, informó que en los primeros nueve meses de 2020, México fue el país más atacado en Latinoamérica, al recibir el 22.57 por ciento de 1 millón 319 mil 260 ataques de ransonware (secuestro de datos para pedir rescate), en agravio de 297 mil empresas, algunas de las cuales han tenido que hacer nuevas inversiones –se calcula en un monto promedio que representa el 8% de su inversión- para proteger sus herramientas digitales de trabajo y a sus empleados a nivel directivo y financiero.
Especialistas como Mario Salomón, gerente del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, han dicho que las herramientas de vigilancia para mitigar situaciones de inseguridad en los comercios dependen de las condiciones, necesidades individuales y recursos económicos de las empresas, pero no pasan de ser acciones disuasivas o pequeños obstáculos para detener la delincuencia.
“Debe ser un traje a la medida puesto que se deben estudiar los recursos humanos, tecnológicos y los protocolos que se requieren para proteger al negocio, en donde es importante tomar en cuenta que esa inversión debe ser justificable y tener un retorno para la empresa”, recomienda el perito.
Pero la pregunta de fondo es ¿cuántos empresarios mexicanos están ahora en condiciones de hacer esas inversiones básicas de seguridad sin poner en riesgo su propia subsistencia financiera? ¿Y para qué sirven entonces los fondos, los programas y los funcionarios públicos que elegimos para contener –ya no pidamos reducir drásticamente- los índices de inseguridad en el país?
Sergio Javier Jasso Villazul, especialista de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), abona una relevante propuesta para salir de la actual incertidumbre social y económica que representa la inseguridad.
Propone redefinir las acciones de las empresas y de las políticas públicas para disminuir el ambiente de inseguridad prevaleciente en México y con ello evitar la destrucción de capacidades productivas y el deterioro moral de la comunidad.
“La responsabilidad es no sólo del gobierno, sino también de los agentes participantes en las actividades productivas”, recuerda.
Y concluye que los problemas de seguridad en el ambiente productivo representan oportunidades y desincentivos no sólo para las empresas, sino también para repensar el rumbo que los mexicanos estamos dando a nuestra vida como seres humanos, seamos empresarios, familias, funcionarios o académicos, “lo que implica un compromiso ético para mantener y preservar una comunidad”.
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Javier Cruz Aguirre. Es Periodista y director general del portal periodístico www.4vientos.net en Baja California. Pasante de la Licenciatura en Periodismo de la Escuela Carlos Septién García. Desde 1978 ha trabajado en medios como Noroeste, La Voz de la Frontera, Semanario Zeta, Excélsior, La Jornada BC, Semanario Unión Hispana (Los Ángeles, California), Radio Cadena Enciso, el portal Sin Embargo y la Agencia Apro. Desde 1990 ejerce de manera independiente. Fue fundador y director de la Escuela Técnica en Periodismo Flores Magón.
