En la audiencia celebrada para determinar si el exgobernador César Duarte es enviado a México, la jueza Lauren Fleischer Louis, del distrito sur de Florida, dijo que tomaba el caso en reserva para analizarlo y posteriormente emitir su decisión por escrito.
Itzel Ramírez / La Verdad
La solicitud de extradición de César Duarte cumple con la causa probable de la comisión de delitos, concluyó la jueza Lauren Fleischer Louis, del distrito sur de Florida, en la audiencia celebrada para determinar si el exgobernador es enviado a México.
En su participación final, Louis dijo que tomaría el caso en reserva para analizarlo y posteriormente emitir su decisión por escrito, aunque resaltó la existencia de causa probable, requisito fundamental en los procesos de extradición en Estados Unidos.
Jorge Espinoza Cortés, consejero jurídico del Gobierno de Chihuahua, consideró el indicio declarado por la jueza como una muestra del avance del proceso de extradición, que esperan sea dictada en los próximos días.
“De manera anticipada la jueza consideró que existía la causa probable… eso nos confirma que nuestro caso es sólido, nuestro caso es fuerte porque es evidente que la causa probable existe y tendrá que ser extraditado el gobernador aquí a Chihuahua. Debemos de esperar primeramente que resuelva la jueza ya en definitiva y estaremos esperando los tiempos que pudiera generarse ya el proceso de extradición física del exgobernador”, declaró Espinoza tras el fin de la audiencia.
Duarte Jáquez fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020, debido a la solicitud de extradición hecha por el gobierno mexicano ante Estados Unidos por la presunta comisión de peculado, asociación delictuosa y delitos electorales en su etapa como gobernador de Chihuahua (de 2010 a 2016).
Durante la audiencia se conoció que la investigación señala que algunos de los recursos públicos desviados fueron usados para beneficio personal del exgobernador a través de la simulación de contratos para pagar tarjetas, comprar ganado e incluso pagar impuestos.
El fiscal Jason Wu, en representación del gobierno estadounidense, dijo que la solicitud de extradición contenía todos los elementos para determinar la “asombrosa” corrupción que hubo en el gobierno de César Duarte.
Además de las declaraciones de diversos testigos, precisó Wu, los documentos disponibles en la solicitud de extradición acreditan el desfalco de más de 90 millones de pesos en operaciones presuntamente dictadas directamente por Duarte a subalternos.
El fiscal aseguró que las investigaciones que sustentan las órdenes de aprehensión en contra de Duarte prueban la capacidad del exgobernador de controlar y decidir sobre el uso de recursos públicos y que el desvío de dinero le favoreció de manera directa.
En el esquema delictuoso destaca el papel de Carlos Hermosillo (funcionario en la administración de Duarte y exdiputado federal fallecido en 2017), quien fungió como protegido y mano derecha del exgobernador, mencionó Wu.
Agregó que las evidencias disponibles muestran cómo Duarte participó directamente en el desvío de millones de pesos mediante un esquema en el que meses e incluso años después de recibidos los recursos se simulaban contratos para justificar el gasto del erario.
En la investigación, agregó el fiscal, se evidencia también cómo Duarte giró instrucciones a sus subordinados para cubrir pagos irregulares y borrar todo rastro de actividades ilícitas, como una manera de blindar posibles investigaciones en su contra.
Intentó defensa desestimar pruebas
La defensa encabezada por Juan Pablo Morillo y Henry Bell buscó que las declaraciones de los testigos fueran desestimadas, con el argumento de que el gobierno de Javier Corral ejercía amenazas en contra de exfuncionarios de Duarte para obtener declaraciones falsas.
Morillo puso como ejemplo las grabaciones difundidas en días anteriores en las que
Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda de Duarte, declara ser objeto de presiones para inculpar a varios personajes, entre ellos el exgobernador.
Ante un cuestionamiento de la jueza Louis, Morillo dijo que podía concluirse que el Gobierno de Chihuahua tenía una metodología consistente en amenazaba a testigos y a sus familiares y posteriormente ofrecer protección judicial a cambio de testimonios falsos.
A pesar de la argumentación, la jueza restó credibilidad a la grabación como elemento de prueba, debido a que no se trata de una declaración jurada y a que se desconoce si Herrera sabía que estaba siendo grabado en las llamadas realizadas a César Jáuregui, funcionario municipal de Chihuahua también involucrado en el caso Duarte. En tanto, Wu insistió en que el testimonio de Herrera no sostenía por completo el caso, como sí lo hacían otros testimonios, documentos y periciales presentadas en la investigación.
Para sustentar la petición de extradición, el fiscal Wu indicó que otro testigo protegido (secretario de Hacienda de Duarte hasta 2012), declaró haber recibido instrucciones del propio Duarte para el desvío de recursos a favor de Unión Ganadera y de Financiera, dos entidades de las que el exgobernador se habría beneficiado.
Wu pidió además no iniciar en Estados Unidos un “mini juicio” para la descalificación de los testigos, ya que esa materia escapa al ámbito del juicio de extradición.
Estuvo su familia en la audiencia
Debido a problemas de conexión, la audiencia comenzó cerca de 30 minutos tarde con la presentación de Duarte, quien dijo su nombre completo a la jueza.
Entre las personas conectadas estaban cuatro identificados como Olga Sofía Duarte, Isabel Duarte y César A Duarte (A correspondería a Adrián) y Bertha Gómez también, que corresponderían a los tres hijos y a la esposa del exmandatario.
César A incluso se presentó como el hijo del acusado en el chat de la plataforma a través de la que se transmitió la audiencia.
En caso de concederse la extradición, a Duarte le esperan 20 órdenes de aprehensión libradas en Chihuahua y una de carácter federal.
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