Volver a empezar no fue fácil para Rogelio Amaya Martínez, un sobreviviente de la tortura de agentes federales, quienes lo hicieron autoincriminarse, junto a otros tres hombres, de la explosión del coche bomba hace más de una década en Ciudad Juárez
Blanca Elizabeth Carmona / La Verdad
Reconstruir su vida no ha sido fácil para Rogelio Amaya Martínez. Pasó tres años y siete meses recluido en el penal federal de Tepic, Nayarit acusado como uno de los responsables de haber detonado el coche bomba que estalló en Ciudad Juárez el 15 de julio del 2010, donde cuatro personas murieron.
Tenía 27 años cuando fue detenido por agentes de la Policía Federal junto a cuatro de sus amigos –Noé Fuentes Chavira, Ricardo Fernández Lomelí y los hermanos Víctor Manuel y Gustavo Martínez Rentería–, el 10 de agosto del 2010. Todos fueron torturados.
No fueron los únicos. Datos oficiales revelan que mil 629 personas denunciaron que fueron víctimas de actos crueles e inhumanos de manera sistemática en el estado de Chihuahua, entre el 2010 y agosto del 2020.
Aunque en este caso los agresores fueron agentes federales.
“Fueron aproximadamente dos o tres días de estarnos torturando”, recuerda Rogelio al referirse a lo que vivió durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, cuando policías federales los arrestaron en calles de Infonavit Solidaridad para luego llevarlos al puesto de mando de esa corporación y después trasladarlos a la Ciudad de México.
Con las declaraciones que les fueron arrancadas con base a tortura, el proceso penal en su contra se sostuvo hasta el 7 de marzo de 2014, cuando los jóvenes fueron liberados, sin poder probar las acusaciones.
Ahora Rogelio puede identificar el daño emocional, físico, económico y familiar que causó su detención, su traslado a la Ciudad de México, donde fueron presentados ante los medios de comunicación en el hangar de la Federal, y su encarcelamiento.
Con voz pausada y desde la sala de su casa cuenta la serie de vejaciones que sufrió.
“Fueron muchas personas, desde los aprehensores, incluso fue tortura de medios. Tortura psicológica al momento de presentarnos y decir que éramos delincuentes. Todo mundo, en los hangares, que nos veía nos golpeaba, cambiaban de turno y nos golpeaban, llegamos a la Ciudad de México y nos golpeaban; los (periodistas de los) medios cuando nos presentaron en el hangar nos insultaban, había reporteros que nos estaban insultando”, narra.
Él sufrió golpes en todo el cuerpo. Lo envolvieron en cobijas, después de ordenarle que se desnudara, para golpearlo brutalmente. Con un picahielos le lesionaron las piernas, lo obligaron a permanecer de rodillas con las manos hacia arriba, simularon que lo iban a asfixiar al ponerle una bolsa en el rostro; además, en otros momentos, le pusieron un trapo en el rostro y le echaron agua; también le dieron descargas eléctricas en los genitales, dice.
Los mismos métodos se aplicaron contra los cuatro hombres y aunque fue necesario internarlos debido a las lesiones que les ocasionaron, incluso uno de ellos fue víctima de un abuso sexual con un arma, ninguna autoridad alzó la voz al respecto y es que Ciudad Juárez es uno de los territorios en los que ejercer tortura es una práctica policiaca normal.
El hombre dice que el primer año en libertad fue muy difícil.
En ese tiempo él se levantaba antes del amanecer, al filo de las 4 de la mañana, y les ordenaba a sus hijos que se pusieran en pie para hacer ejercicio e iniciar con las labores de limpieza. La relación con Mayra, su esposa, era complicada, no podía aceptar que ella le hiciera preguntas, cuenta.
A casi siete años de haber sobrevivido a la tortura, Rogelio se ha convertido en un defensor de víctimas de este delito. Esa actividad y la terapia psicológica que tomó durante varios meses le han permitido superar la crisis y recuperar a su familia, dice.
“No hubo sentencia, no hubo vinculación. Casi cuatro años y no hubo algún cierre de juicio, nomás (dijeron) sabe que salieron libres, están absueltos”, expuso Rogelio.
Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en la administración de Enrique Peña Nieto, ordenó la libertad de Rogelio y de las otras cuatro personas luego de que el protocolo de Estambul salió positivo por quinta ocasión a uno de los acusados.
Anteriormente, el mismo análisis había resultado positivo para los otros cuatro hombres, sin embargo, esos resultados no habían sido tomados en cuenta al igual que se desecharon los registros de que el día y a la hora que detonó el coche Rogelio estaba trabajando en una sucursal de Soriana.
En su caso no hay un solo detenido por las agresiones que vivió.
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