Las acusaciones en contra de los excongresistas, quienes se desempeñaron como diputados en la segunda mitad del gobierno de César Duarte, son por recibir dinero a cambio de su voto para la designación de magistrados “a modo” y aprobar paquetes económicos y cuentas públicas
Jaime Armendáriz / Raíchali
No solo Maru Campos, alcaldesa de Chihuahua con licencia y electa por el PAN como su candidata a la gubernatura, se encuentra en la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntamente haber recibido dinero del exgobernador César Duarte entre 2013 y 2016; también se agrega a esa lista su principal operador político, César Jáuregui, el priista Rodrigo de la Rosa y María Ávila Serna, del Partido Verde.
Todos ellos tienen en común haber sido diputados locales en la segunda mitad del gobierno de Duarte, y tendrán que presentarse el martes de la próxima semana ante un juzgado local a una audiencia inicial para que la Fiscalía les formule imputación, es decir, que les informe de que los acusa e iniciarles proceso penal.
Esa audiencia estaba programada originalmente para este martes 26 de enero, sin embargo la defensa de los excongresistas pidieron diferirla con el argumento de no tener completos ni ordenados los documentos de la carpeta de investigación.
Rodrigo de la Rosa al micrófono. César Jáuregui a su derecha
María Ávila
Aún así, tanto Maru como María Ávila, y un abogado de Rodrigo de la Rosa, asistieron ayer al Tribunal Superior de Justicia y se presentaron ante la juez Delia Valentina Jiménez Olivas, justo para acusar a la Fiscalía de no proporcionarles la información para llevar a cabo una debida defensa.
La juez les dio la razón y ordenó al Ministerio Público proporcionar copia certificada de la indagatoria, integrada en 15 tomos distintos, que tendrán una semana para revisar.
La funcionaria judicial recibió a los políticos y sus abogados en una audiencia preliminar para atender las inquietudes. Ahí el abogado de Maru, Francisco Molina Ruíz, criticó que el Ministerio Público había entregado unos documentos sin folios, con hojas en desorden y sin formalidad alguna, e incluso calificó la investigación como “falaz” y sin profesionalismo.
“La petición que hicimos, fue que se revisaran los documentos por lo cual nos estaban citando, ayer se entregaron 15 carpetas, sin registros, folios, certificación ni orden, un ejemplo de las 14 cajas que recibieron mis abogados, en la carpeta número 12 se empezaba hablar de una servidora, las primeras 12 pertenecían a otro caso distinto al de una servidora”, dijo Maru Campos ante la prensa al finalizar la audiencia.
“Pareciera que nos invitan a la audiencia para tener una fotografía y justamente para decir que fuimos citados a una audiencia, confió en el Poder Judicial, en las instancias legales pero por supuesto no confió en la Fiscalía General del Estado”, añadió.
Recibieron pago por aprobar cuentas públicas y nombrar magistrados “a modo”
César Duarte llegó al Gobierno del Estado de Chihuahua en el 2010. Tres años después ya había acusaciones formales desde varios sectores por presuntos actos de corrupción. Hoy en día ha sido expulsado de las filas del PRI y se encuentra recluido en Miami, Florida, desde mediados del año pasado para atender una orden de extradición, trámite que tuvo un avance sustancial esta semana.
Y mientras esas denuncias no prosperaban, desde el Congreso local se aprobaban iniciativas, designación de magistrados “a modo”, paquetes económicos y demás, supuestamente por orden del entonces gobernador.
Esos señalamientos los han hecho abogados y políticos en varios años anteriores, pero el más reciente que habló de eso fue Jaime Herrera, el exsecretario de Hacienda de Duarte y actualmente uno de los principales testigos en los procesos penales que lleva el gobierno del panista Javier Corral contra personas vinculadas al exmandatario.
En una rueda de prensa la semana pasada, Herrera aseguró que tanto a Maru como a César Jáuregui se les entregaron recursos de forma ilegal desde el Gobierno para ser aliados de Duarte en el Poder Legislativo.
Jáuregui era coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, y Maru la segunda al mando, con presencia en comisiones como Fiscalización y Presupuesto.
Pero aparte de ellos, el ingrediente público reciente vincula también en esos pagos a Rodrigo de la Rosa, quien encabezaba la bancada del PRI, un partido con mayoría absoluta durante esos años, que luego del 2016 perdió sustancialmente varias curules.
Mientras que María Ávila ha controlado por muchos años al Partido Verde en el estado de Chihuahua, lo que ha llevado a que ella misma sea diputada federal y local en distintas ocasiones. Su pareja, Alejandro Gloria, fue impuesto como legislador local desde 2016, cargo que ocupa hasta la fecha. Ambos estuvieron ayer también en los juzgados para pedir la carpeta de investigación.
Exdiputado de MC, ya sentenciado
Ellos no son los únicos exdiputados que están en la mira de Fiscalía de Chihuahua. El primero en ser detenido y ya sentenciado fue Fernando Reyes en 2017. Él también formó parte de la legislatura 2013-2016 y en su declaración ante el Ministerio Público reconoció haber recibido dinero de César Duarte para votar a favor de la bursatilización de la deuda pública antes de finalizar su administración.
Él fue condenado a tres años de prisión al acreditarse su responsabilidad por el delito de peculado agravado, pero salió bajo fianza luego de someterse a un procedimiento abreviado y aceptar su culpabilidad en el desvío de 2 millones 420 mil pesos.
Para obtener ese recurso simuló un contrato de prestación de servicios profesionales a favor de la empresa Bildung Consultoría Organizacional S&S S.A. de C.V.
En las indagatorias ministeriales se estableció que en los meses de julio a septiembre de 2016, Fernando Reyes Ramírez contactó al representante legal de la empresa para hacer el movimiento económico en su favor.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
